Chile y la Unión Europea (UE) renovaron un acuerdo comercial, mejorándole a la UE el acceso al litio y al cobre, a cambio de la eliminación de trabas arancelarias para la exportación desde el país andino.
Siendo el litio uno de los minerales más críticos y solicitados en el mundo, esencial para la transición energética, el gobierno chileno accedió frente a la Unión Europa a la venta del litio a precio local, es decir más bajo. El presidente Gabriel Boric tenía diferenciado el precio del litio para chilenos, basado en la moneda nacional. Mientras que para los importadores desde el extranjero, el precio era a valor dólar.
Ambos países consensuaron modernizar el acuerdo que mantienen desde hace veinte años. En 2002, bajo el gobierno de Patricio Aylwin, hicieron un Acuerdo de Asociación, que incluye un pacto global de libre comercio, en vigor desde febrero del 2003. Desde 2002 a 2021, las exportaciones de bienes de la Unión Europea a Chile crecieron un 284 por ciento, mientras que los bienes exportados desde Chile a la UE aumentaron un 163 por ciento. La modernización del pacto comercial agrega un capítulo dedicado al sector energético que antes no existía.
El beneficio que obtiene Chile a partir de esto, es la posibilidad de eliminar trabas de comercio sobre los productos que exporta a la Unión Europea. Según la página oficial de la Unión Europea, el 31,2 por ciento de lo que les exporta Chile, son productos agroalimentarios, el 26,7 por ciento son minerales y el 21,1 por ciento cobre. El resto corresponde a productos químicos, pescado y madera.
Según la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, la actualización de este Acuerdo Marco Avanzado, favorecerá a pequeñas y medianas empresas, mediante la reducción de la burocracia. Y remarcó que, una vez que el acuerdo empiece a funcionar, casi la totalidad de los productos chilenos podrán entrar en la Unión Europea con carga impositiva preferencial. Esto le permitiría a Chile, en teoría, un aumento de exportaciones por $4500 millones de euros. También se dará mayor facilidad a la UE para que preste en Chile servicios de transporte, financieros, telecomunicaciones y transporte marítimo.
Según Josep Borrell, el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el acuerdo "abre para Europa y Chile nuevas oportunidades, como expandir nuestra cooperación en nuevas áreas, todas ellas relacionadas con la sostenibilidad y el cambio climático como telón de fondo" .
Colonización energética encubierta
El eurodiputado español Miguel Urbán Crespo -integrante de la comisión de Desarrollo y de Derechos Humanos- calificó al pacto como una “colonización energética encubierta”. "Con este acuerdo, Chile no podrá dar litio más barato a sus empresas estatales, en comparación a las multinacionales europeas. Por otro lado, si bien no queremos las minas de litio en Europa, las queremos en Chile, aunque ellas signifiquen duros impactos en el medio ambiente y las poblaciones. En Bruselas nos subimos en un coche con baterías de litio y no nos damos cuenta del impacto que tiene la industria extractivista en los territorios chilenos", explicó al diario alemán DW.
Chile es uno de los mayores proveedores de este mineral que se utiliza para fabricar baterías de computadora portátiles, teléfonos, cámaras digitales, vehículos eléctricos, marcapasos, relojes y juguetes. “Chile es uno de los mayores proveedores de litio del mundo, casi el 40% del suministro mundial, el 80% de las importaciones europeas”, destacó Valdis Dombrovskis, vicepresidente económico y comisario de Comercio de la UE.
La guerra entre Rusia y Ucrania fue determinante a la hora de la actualización del acuerdo, debido a la inseguridad tanto alimentaria como energética que está provocando el conflicto. “Esto es muy importante para la movilidad eléctrica y para los objetivos europeos [medioambientales], y está claro que lo necesitamos para el Pacto Verde [...] y reducir dependencias. Por ejemplo, dependemos del gas ruso”, expresó Dombrovskis.
Dentro del pacto firmado, también hay capítulos sobre igualdad de género, medioambiente y la posibilidad de ruptura del acuerdo si se violan los principios de la democracia. El acuerdo, que se viene negociando durante cinco años, entrará en vigor una vez que haya sido ratificado por las instituciones comunitarias de la UE, el Parlamento y el Consejo, y también por Chile. Una vez ratificado, necesitará de la aprobación de todos los Parlamentos de los estados miembros de la Unión Europea. Pero primero necesita un periodo de seis a nueve meses donde comienza el proceso burocrático de verificaciones legales del texto.
