La audiencia de conciliación entre el sindicato portuario y la concesionaria Terminal Puerto Rosario terminó ayer sin acuerdo: es que la empresa planteó que sigue dejando afuera a cinco de los veinticinco despidos, por lo cual hasta la ministra de Trabajo Kelly Olmos les dijo que no podía pasar por alto eso. "Así demuestran que no tienen voluntad de acordar", dijo a Rosario/12 anoche al cierre de una larga jornada César Aybar, secretario de la delegación rosarina del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa).
"En realidad, lo que ocurre es que desde hace meses, entre presiones para despedir y suspender compañeros y ahora directamente no abonando los aumentos acordados, lo que TPR buscó es que nosotros saltemos y generemos un conflicto laboral y social para así culparnos de la crisis, pero su objetivo de fondo es presionar al gobierno provincial para que invierta el dinero que ellos no quieren invertir en los muelles o que, a cambio de hacer las inversiones que ellos están obligados por contrato a hacer, les extiendan varias décadas la concesión. Al Enapro (el organismo público/privado que administra el puerto) la empresa ya le debe 140 millones de pesos porque dejó de pagar el canon”. Aybar recordó ante este diario que "la concesión de TPR culmina en nueve años, pero que están pretendiendo quedarse cincuenta años más".
Desde el Foro por la recuperación del Paraná y Soberanía Popular San Lorenzo, Germán Mangione recordó que "Vicentin controla el puerto de Rosario desde 2010 y 2 años después se asoció con la chilena Ultramar. En los últimos años la empresa dejó de invertir en el puerto - lo que conlleva que la mitad de los muelles que tiene TPR no pueden ser usados por riesgo de derrumbe ante la falta de obras de fondo y de mantenimiento- por lo cual comenzó a presionar al estado provincial mejores condiciones, extensión del contrato y aportes del Estado como condición para hacerlas. Con el default de Vicentin las inversiones se alejaron aún más. Y en 2020 con el cambio de autoridades en el Enapro se cayeron los planes que la empresa había acordado con funcionarios anteriores como Angel Elías de que el Estado se hiciese cargo de las mismas, en lo que hubiese sido una estafa mayor a la arcas de todos".
Desde el Foro recordaron que "en Santa Fe mediante la Ley provincial N° 11.011 son los Entes administradores Puerto Santa Fe y Puerto Rosario los que se encargan de la administración, funcionamiento y explotación de los mismos, con participación público privada, pero que en la práctica ceden esa administración a los privados". Y que "en medio del conflicto por ejemplo ingresó a la mesa directiva del Enapro un representante de la Bolsa de Comercio de Rosario".
Por eso creen que "es fundamental modificar dicha ley para aumentar el poder de decisión y participación a favor de la representación estatal. Y sobre todo en este momento es fundamental que el gobierno provincial deje de estar ajeno a lo que sucede en uno de los puertos más importantes de la Cuenca del Plata, que en 2021 facturó 3745 millones y está en el puesto 778 entre las mil empresas que más facturan en Argentina, siendo la quinta terminal portuaria que más facturó en el país".
Para el Foro "es urgente que el gobierno de Santa Fe intervenga directamente para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y la recuperación de la soberanía, rescindiendo el contrato a estas empresas y recuperando el puerto para los santafesinos y santafesinas en el marco de un proyecto productivo e industrial para la región".
Los portuarios ganaron la tapa de los diarios la ultima semana cuando ingresaron por la fuerza a la Municipalidad y al Concejo. Así ganaron el repudio de algunos sectores pero pusieron más en evidencia la propia crisis: despidos, falta de pago de salarios, jornada de 8 horas en vez de la de 6 horas que rige en el convenio del sector, son algunas de las causas por las que los trabajadores del puerto luchan y protestan en busca de respuestas. “No hay nada más reaccionario que el hambre. La situación no da para más”, había definido entonces el propio Aybar. Por su parte, el secretario gremial, Rubén Loza, explicaba entonces que la fuerte manifestación había logrado forzar una reunión: pero ayer toda esperanza se desmoronó.