La jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivanna Hernández, hizo lugar a la imputación presentada por el fiscal federal Marcos Romero contra un hombre y dos mujeres por los delitos de contrabando de granos agravado, asociación ilícita y lavado de activos, disponiendo su prisión preventiva.

La decisión se tomó en la audiencia de formalización de la investigación penal del caso, realizada el viernes último, tras la detención de estas personas involucradas, el martes 13 de diciembre.

Al presentar la acusación, la fiscalía explicó que las personas acusadas conformaban una organización que desde febrero de 2021 se dedicaba al contrabando de granos. La actividad era dirigida por el hombre que a través de una red de choferes de camiones, trasladaba miles de toneladas de granos desde provincias productoras.

Se usaba para ello un sistema de postas: la mercadería llegaba primero a un depósito en la provincia de Tucumán donde los granos eran quebrados y ocultados. Para su traslado usaban cartas de porte adulteradas que eran tramitadas a nombre de una empresa que desconocía esta modalidad, aseguró la fiscalía.

Luego la carga seguía viaje a hasta otros depósitos ubicados en la localidad de Salvador Mazza, ya en la provincia de Salta, próximos a la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí los granos eran cargados en camiones de menor porte que los trasladaban hacia el vecino país, a través de pasos ilegales, la mayoría de ellos abiertos en fincas privadas.

De acuerdo con la fiscalía, esta causa es un desprendimiento de otra investigación en la que se detectaron tres camiones con 30 toneladas de granos, en el cruce de las rutas nacionales 34 y 81, a la altura del paraje Senda Hachada. En ese procedimiento se secuestraron las cartas de porte que utilizaba el hombre acusado, y los teléfonos celulares de los choferes, lo que dio origen a una investigación que fue supervisada por el auxiliar fiscal Rafael Lamas.

En ese marco, el martes último se allanaron ocho inmuebles en Salvador Mazza y en Tucumán, en los cuales se detuvo a las tres personas, ahora acusadas, y se secuestraron 1.080 toneladas de granos, entre soja, maíz y trigo.

Seis procedimientos se realizaron en Salvador Mazza, cinco de ellos en inmuebles que funcionaban como depósitos, mientras que el restante fue en una finca que se usaba para el paso de los camiones a Bolivia. En ese contexto también se secuestraron cuatro camiones cargados con más de mil toneladas de granos y otros elementos de interés para la investigación. En Tucumán, en tanto, se allanaron dos domicilios, en uno de los cuales se incautó una máquina quebradora de granos.

Además en los operativos también se incautaron 57 mil dólares, 1.600.000 pesos argentinos y 4.280 bolivianos, teléfonos celulares, máquinas contadoras de billetes, una camioneta y documentación relacionada con las maniobras delictivas.

La fiscalía puso el acento en la envergadura de la empresa delictiva que el hombre y las dos mujeres acusadas desarrollaban. Para eso destacó que la mercadería secuestrada fue valuada en 83 millones de pesos, y añadió que no se descarta que hayan participado otras personas. 

A modo ilustrativo, la fiscalía indicó que el monto de la carga impositiva correspondiente a las 1.080 toneladas de granos secuestradas asciende a 18 millones de pesos, lo que evidencia, dijo, el grave perjuicio causado al Estado nacional. Además, sostuvo que todo el despliegue refleja la comisión de otros delitos, como la asociación ilícita y el lavado de activos.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva de las tres personas acusadas, por entender que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal.