El presidente Mauricio Macri reivindicó la creación de una nueva empresa controlada por la firma estadounidense Hughes para construir y operar el satélite Arsat 3. “Estamos buscando un socio estratégico que potencie la capacidad de Invap y Arsat”, consideró ayer el mandatario al desestimar que el convenio con la empresa norteamericana represente una violación de la ley 27.208 de Soberanía Satelital ya que no cuenta con el visto bueno del Congreso.

La carta de intención firmada a finales del mes pasado con la compañía norteamericana supone la creación de una nueva empresa que se encargará de gestionar el nuevo satélite y estará controlada en un 51 por ciento por Hughes y en un 49 por ciento por la propia Arsat. “No queremos repetir esta experiencia de que lanzamos un satélite y está vacío. 

Eso cuesta miles de millones de pesos a todos los argentinos”, consideró Macri durante una entrevista con Radio Seis de Bariloche. En esa conversación el presidente deslizó que el acuerdo tendría como objetivo evitar la repetición de “serios problemas de comercialización” registrados tras el lanzamiento de los dos satélites anteriores. 

Sin embargo, desde la oposición advierten que la medida va más allá de un simple acuerdo comercial. 

“Les digo a los muchachos de Invap que no se preocupen, van a seguir trabajando, y estamos buscando cómo potenciar mejor su trabajo”, sostuvo Macri al enfatizar que la construcción del satélite se realizará en sus instalaciones. “Cuando llegamos al gobierno, teníamos un satélite en órbita vacío. Se deben lanzar cuando primero se ha comercializado una gran parte. Pero en los últimos años hemos hecho cosas raras, como por ejemplo, centrales que se inauguran y después no funcionan, como en Santa Cruz”, expresó el presidente. 

El convenio defendido por la Casa Rosada, sin embargo, representa la terminación del plan satelital geoestacionario argentino y resigna el desarrollo de la banda Ka, que permite brindar Internet de banda ancha a usuarios finales, a manos de la nueva compañía denominada en la carta de intención como Newco que será controlada por Hughes. El objetivo de la legislación era construir nuevos satélites con flujos propios para garantizar la sustentabilidad del negocio, tomando financiamiento pero que se iba a repagar con los recursos generados por Arsat 1 y 2.

Por su parte, el artículo décimo de la ley 27.208 de Soberanía Satelital exige la autorización del Congreso para avanzar con “cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados (…) que pertenezcan o sean asignados a Arsat”. Cuando fue consultado sobre la presunta violación de la legislación el presidente respondió: “No lo tengo tan claro. 

Esto es un acuerdo sobre un satélite que tiene un carácter comercial y no tecnológico. Recién comienza. Es una carta de intención”. 

Desde la oposición advierten, sin embargo, que el acuerdo entre la estatal y la empresa norteamericana sea debatido entre los legisladores. 

El precandidato a senador por 1País, Sergio Massa, consideró que el gobierno tiene “una mirada muy laxa sobre el Estado” y reclamó que la discusión “debe pasar por el Congreso y desde nuestro bloque no vamos a apoyarlo”.  Por su parte, los precandidatos por Unidad Ciudadana, Jorge Taiana y Daniel Scioli, habían cuestionado anteayer la medida. 

“Sería una aberración que el Estado cediera su soberanía en materia satelital por el carácter estratégico y el innegable desarrollo que alcanzó el sector en nuestro país durante los últimos años”, expresó ayer el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Glen Postolski, al cuestionar la decisión del gobierno de asociarse con Hughes para la construcción del Arsat 3. “Este tipo de decisiones confirman que no hay gradualismo en los planes del Gobierno sino pura y brutal transferencia y concentración hacia los sectores más poderosos”, sostuvo al considerar que “el Gobierno está sometiendo al país a una espiral de sucesivas concesiones y complacencias con multinacionales en desmedro del derecho a la comunicación de nuestro pueblo”. 

El sitio El Disenso precisó ayer que Hughes es la encargada de proveer al “Departamento de Estado de los Estados Unidos con soluciones satelitales a medida para comunicaciones, contrato otorgado por la U.S. General Services Administration, una agencia independiente del Gobierno de los Estados Unidos, creada en 1949 que controla y apoya el funcionamiento de las agencias federales. 

El contrato con Hughes incluye la provisión de comunicaciones satelitales comerciales, comunicaciones gubernamentales incluyendo comunicaciones federales, civiles, de defensa y agencias de inteligencia”.