Familiares de detenidos durante el régimen de excepción en El Salvador, vigente desde finales de marzo, pidieron al Gobierno de Nayib Bukele que habilite un régimen de visitas ya que la mayoría de los detenidos todavía no pudo tener contacto con sus afectos.
"Hay miles de salvadoreños que están añorando ese momento pero no ha sido posible por el régimen de Nayib Bukele" y "lo queremos es que se permitan las visitas familiares", dijo en una concentración en San Salvador Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).
Ramírez contó que hay algunos detenidos que llevan varios meses presos y los familiares "no saben si están muertos" o enfermos, sin que "nadie les de respuesta" en las prisiones. "Ojala no los entreguen en una caja, en un ataúd", dijo Ramírez.
El Congreso de El Salvador aprobó a finales de marzo el régimen de excepción, que además fue ampliado en nueve ocasiones, tras una escalada de homicidios atribuidos a las llamadas pandillas.
Persecución en los barrios pobres
Evelyn García, cuyo hermano fue detenido a inicios de agosto pasado, llamó a las autoridades a liberar sus familiares ya que "no son pandilleros". Dijo que viven una persecución por "el hecho de vivir en una zona conflictiva y ser pobres".
Afirmó que su hermano "es un ingeniero en sistemas y trabajaba con una empresa canadiense en línea" y que se graduó de una universidad privada y es padre de dos hijas.
"Es injusto lo que está haciendo el Gobierno, no sabemos nada de él", señaló García y denunció que en la Procuraduría General de la República no les aceptan los documentos para demostrar arraigo.
Sin derecho a la defensa
El régimen de excepción suspende derechos constitucionales, como el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones, además la detención administrativa pasa de 3 días a un máximo de 15 días.
Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal le pidieron al Gobierno de Bukele terminar con la medida.
Un informe de estas organizaciones señala que durante el régimen de excepción se violaron los derechos humanos, más de 90 personas murieron mientras estaban en custodia de fuerzas de seguridad del Estado y también hubo casos de "torturas y malos tratos".
