El Ministerio de Finanzas entregará a la petrolera francesa Total bonos por 210 millones de dólares para finalizar el juicio que la compañía mantenía contra el país en el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial. La cartera que encabeza Luis Caputo aprobó ayer el acuerdo de pago alcanzado con la compañía que recibirá títulos Bonar 2024. En 2001 la empresa demandó al estado en el Ciadi. Reclamaba 1171 millones de dólares. En 2013 el laudo del tribunal estableció la deuda en 296 millones de dólares. Como no existe un mecanismo directo para forzar el cumplimiento de las decisiones el país no estaba obligado a pagar. A mediados de junio la petrolera acercó una propuesta y las autoridades argentinas accedieron para cerrar la disputa. “Consiste en la cancelación de la acreencia reconocida en el referido laudo con títulos de deuda pública, por un monto que supone una quita importante sobre la suma reclamada y un plazo razonable de repago”, dice resolución 112-E publicada ayer en el Boletín Oficial. La pretensión oficial es alcanzar acuerdos con el resto de las empresas con las que mantiene diferencias.
El Ciadi es el tribunal del Banco Mundial donde se dirimen controversias entre países y empresas. Argentina aceptó su competencia durante el gobierno de Carlos Menem como parte de una estrategia de inserción internacional del país donde, además, se firmaron 55 Tratados Bilaterales de Inversión. Ese recorrido implicó la cesión de soberanía jurídica ante tribunales internacionales y restringió la capacidad de regulación del Estado. Argentina acumuló un número significativo de sentencias en contra pero Néstor Kirchner y Cristina Fernández rechazaron pagarlos. Reclamaban a las empresas concesionarias de servicios públicos que demandaron al país luego de la crisis 2001-2002 el reconocimiento de la jurisdicción local pero eso nunca sucedió. El gobierno argentino mantuvo esa postura hasta agosto de 2013 cuando, para intentar destrabar el flujo de financiamiento de los organismos multilaterales, alcanzó un acuerdo con cinco accionistas de concesionarias de servicios públicos privatizados –Azurix, CMS Gas, Continental Casualty, National Grid y Vivendi– que tenían laudos con sentencia firme. En esa ocasión también se entregaron bonos. En cambio el año pasado el gobierno accedió a pagarles 1350 millones de dólares en efectivo a los bonistas italianos con títulos en default para que desistan sus reclamos judiciales.
