El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta declaró penalmente responsables a los hermanos Mario y Franco Campos y a Ezequiel Toledo por el delito de secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes y por la edad de la víctima. En cambio, el cuarto acusado, Héctor Joaquín Rodríguez, fue absuelto. Ahora resta determinar el monto de la pena que se les aplicará a los declarados responsables. 

Asimismo, se hizo lugar a la demanda civil planteada contra los acusados por 4 millones de pesos y, en el caso de Mario Campos, los jueces también lo declararon culpable de atentado a la autoridad, porque junto a Toledo protagonizó una huida por barrios de la zona este de la ciudad de Salta.

El 30 de noviembre del año pasado los hombres ahora declarados responsables secuestraron al empresario Víctor Gímenez y lo mantuvieron encerrado reclamando una rescate millonario. Los secuestradores fueron detenidos la noche de ese mismo día y la víctima, liberada. 

La decisión del tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule y Abel Fleming, y la jueza Gabriela Catalano, se dio a conocer pasadas las 22.30 de ayer, como epílogo de una audiencia maratónica que comenzó a las 8.30, con las réplicas y dúplicas de los alegatos, luego las palabras finales de los acusados y por fin la deliberación, que demandó cuatro horas.

En su veredicto, los jueces mencionaron varios aspectos ventilados a lo largo de todo el juicio, entre ellos el rechazo de los argumentos defensivos dirigidos contra la víctima, a quien se intentó presentar como la persona que manejó el secuestro y mintió deliberadamente. En tal sentido, el juez Batule afirmó que “en modo alguno la capacidad y el éxito profesional alcanzado por Giménez pueden indicar que manejó su secuestro o que controló todo, cuando está claro que fue privado de su libertad y sometido a todo un periplo, del cual sólo pensó en salvar su vida”.

La jueza Catalano, quien también rechazó las posturas defensivas que buscaron poner a Giménez en una posición de embustero, se refirió al rol de Franco Campos, al que consideró una pieza clave dentro del plan que su hermano elaboró meses antes, en junio del 2021, cuando contactaron a la dueña de la casa en el barrio Los Paraísos, donde el empresario fue mantenido cautivo luego de ser reducido, cuando se dirigía a su empresa, en la avenida Ragone, a pocos metros de la ruta provincial 26.

Roles

El juez Fleming reforzó los fundamentos contra Franco Campos, de quien dijo que lo defendieron las cuatro defensas, en busca de poner en crisis el agravante del número de intervinientes, lo que les habría permitido una mejor situación procesal a todos los acusados. Sin embargo, el tribunal dejó en claro que Mario Campos fue el líder del secuestro, que comenzó a proyectar el hecho con cuatro meses de antelación, concurrió a la empresa, hizo tareas de inteligencia al verificar la ruta que Giménez tomaba para llegar a su empresa, El Cóndor SA.

El tribunal sostuvo que Franco Campos tuvo una injerencia clave en la logística, ya que el día del secuestro trasladó en el auto de la familia a su hermano y a Toledo, para luego avisarle a su hermano cuando Giménez ya estaba próximo a girar hacia la avenida Ragone, donde finalmente fue reducido. Su presencia también fue corroborada por el tribunal al momento de presentarse en la casa de cautiverio, donde retiró las llaves, trasladó a la dueña y, cuando su hermano llegó con la víctima, salió a recibirlo y ayudar en el ingreso del empresario a la vivienda.

Respecto a Toledo, los jueces entendieron que fue contactado por Franco Campos y se unió al plan delictivo. Y rechazaron la excusa, tanto de éste acusado como de Mario Campos, de que el objetivo era robar la camioneta para venderla, cuando las pruebas indican que, desde las 11, ya se pidió un rescate, mientras el intento de venta del rodado fue en horas de la tarde. Toledo sabía que iban por un botín mayor, como prueba de ello, la jueza Catalano recordó un mensaje enviado a un amigo un día después del secuestro, en el que le manifestó que “estuvieron a un paso de conseguir cinco palos”, con lo cual es falso el argumento de que la venta del vehículo era el único móvil.

En cuanto a Rodríguez, el juez Fleming sostuvo que su presencia en la casa donde la víctima estuvo cautivo, a entender de los jueces, no quedó probada, apreciación que arribaron en función del relato de la víctima. 

En cuanto a la acusación de atentado a la autoridad, los jueces le dieron la derecha al fiscal federal Ricardo Toranzos por encima de la querella, la que había sostenido que al embestir a un policía al escapar tras el pago de rescate fallido, Mario Campos incurrió en resistencia, acusación que el tribunal desechó. Pero hizo lugar a la demanda de una indemnización de 4 millones de pesos por los daños causados a la víctima.