El exjefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra cuestionó el último fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso este miércoles que el Gobierno nacional le pague al de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables y consideró que se trata de un "fallo político". "Hay que confrontar para no entregarle el Gobierno a la Corte", enfatizó.
Ibarra consideró que este fallo, que se da en el marco de la disputa en torno a la reasignación de fondos por el traspaso indebido de la Policía Federal a la Ciudad durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, "es político". Por eso, el exjefe de Gobierno intimó al Gobierno a avanzar también con una respuesta política. “Discutir esto jurídicamente es jugar a la ajedrez cuando el otro está jugando al boxeo”, expresó.
En diálogo con La García, por AM750, agregó: “La respuesta también tiene que ser política. Hay que confrontar para no entregarle el Gobierno a la Corte. Una Corte que está alidada con el PRO”.
“La Corte está diciendo que el Estado es él. No saca fallos jurídicos. O por lo menos algunos. Los disfraza de algo jurídico, pero son fallos políticos. Lo de la coparticipación es un fallo donde dicen ‘acá mando yo’”, dijo.
Qué dice el fallo de la Corte
El fallo fue firmado por los cuatro miembros del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno nacional que se le entregue a la Ciudad el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables de forma automática a través del Banco Nación, y dispone la suspensión de la Ley 27.606 que habría reducido la participación de esa jurisdicción.
La respuesta del Gobierno
Desde el Gobierno nacional y provinciales apuntaron contra el fallo y aseguraron que es “un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento”.
Agregaron que con esa medida "la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA en un año electoral".
La postura definida en la reunión del Presidente y los mandatarios provinciales es que el fallo no podrá cumplirse porque "el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad".
Por último, se resolvió recusar a los miembros de la Corte y presentar un pedido de revocatoria "in extremis" de la resolución cautelar dictada. Los Estados provinciales solicitarán ser incorporados como parte querellante en el expediente, acompañando la recusación.
