Militantes de la organización barrial Tupac Amaru y agrupaciones hermanas concluyeron este viernes tres días de acampe en Plaza de Mayo para pedir por la liberación de Milagro Sala. Alejandro “Coco” Garfagnini, referente de la Tupac, destacó su “esperanza” a partir del “compromiso” del presidente Alberto Fernández para trabajar en favor de la dirigente social, expresado ante una mesa de organismos de derechos humanos. Garfagnini advirtió que retomarán el plan de lucha si la situación no varía para el 16 de enero, cuando Sala cumpliría siete años presa por orden del gobernador radical Gerardo Morales. En ese contexto, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia difundió un documento donde sostiene que el Poder Ejecutivo “cuenta con distintas herramientas” para poner fin a los atropellos contra Sala, entre las que incluyó “el instituto del indulto o la conmutación de penas”.
“Arrancamos el acampe el miércoles en una situación muy difícil: el Presidente esa mañana nos cerró una puerta, que era la posibilidad de un indulto para Milagro, la única posibilidad para resolver la persecución injusta desde hace siete años”, recordó Garfagnini durante la conferencia de prensa que se realizó como conclusión del acampe. “Pero, como decía (Juan) Gelman, al amor no se entra por la puerta, se entra por la ventana, y ayer aparecieron nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo, nuestros queridos Familiares, nuestros queridos organismos de derechos humanos, tuvieron una reunión muy dura con el Presidente y cuando salieron nos transmitieron que se revé la situación que se había plasmado el miércoles”, dijo. En concreto, “empezamos a trabajar con un equipo conjunto de abogados de los organismos, las organizaciones y del Gobierno, en la redacción de un marco institucional que permita que Milagro Sala, antes del 16 de enero, quede en libertad”, anunció y le respondieron con aplausos.
“Esto no significa que vamos a abandonar la lucha, todo lo contrario. Tenemos una ventana abierta por la mesa de organismos de derechos humanos y el compromiso del Presidente con esa mesa. Esa ventana va a durar hasta el 16 de enero. Si para el 16 esto no se concreta, volveremos redobladamente y llevaremos adelante el plan de lucha hasta que se resuelva la situación. Seguimos en guardia, movilizados y organizados”, destacó Garfagnini, que agradeció el apoyo al acampe y resaltó que concluía “con mucha esperanza de que Milagro esté en libertad en poco tiempo”.
En el cierre del acampe, el diputado Hugo Yasky, del Frente de Todos, expresó que “nos aflige la situación de todos los compañeros y compañeras que hoy sufren cárcel en condición de presos políticos pero particularmente la de Milagro, porque ha sido sometida a situaciones de violencia, han tratado de destruirla moralmente, psíquicamente, con saña”. “Imaginen lo que es vivir sintiendo que cada vez que uno llega al límite sobreviene otra condena, y que tienen condenas guardadas como en un freezer para sacarlas, calentarlas y ponerlas a funcionar”, reflexionó. El titular de la CTA de los Trabajadpores consideró que el compromiso de un trabajo conjunto con el Gobierno es “una noticia maravillosa, que permite cerrar el año volviendo a recuperar la autoestima y el orgullo de ser argentinos”. “Si nos salvamos va a ser todos juntos”, destacó antes de agradecer a los espacios que participaron del acampe y elogiar “su compromiso con la construcción de un país donde tengamos una Corte que sea garantía de respeto a los derechos humanos, a la igualdad ante la ley y a la Constitución, lo que hoy no existe”. “Esto no se va a lograr con una autodepuración, se va a lograr si el pueblo genera estos escenarios de lucha y de resistencia”, concluyó.
Sí se puede
La directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, dirigió una nota al ministro de Justicia, Martín Soria, solicitando que se alerte al Presidente sobre la “responsabilidad institucional e internacional para el Estado argentino” que se deriva de “la criminalización de la señora Milagro Sala”. El escrito advierte sobre “la delicada situación” de Jujuy en materia de violaciones a los derechos humanos, en particular de “criminalización persecutoria” contra dirigentes sociales, que en el caso de Sala afectó “su salud física, mental y emocional” y a esta altura pone “en riesgo su vida”.
Alberto Fernández viene planteando que la Constitución no le permite indultar a Sala porque no fue juzgada en una jurisdicción federal, que sería la que habilitaría la intervención del Presidente de la Nación. Al haber sido condenada por tribunales jujeños, el indulto sólo podría resolverlo el gobernador provincial, quien es justamente el principal impulsor de la detención de la dirigente social.
Frente a esa postura, el documento de Carpineti aboga por la viabilidad de una conmutación de pena o indulto para Sala, una de cuyas sentencias fue ratificada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia. En base a “los tormentos que tienen por víctima a Milagro Sala por motivos políticos” y el “agravamiento de las condiciones de salud”, observa que “es menester la urgente decisión presidencial" sobre el caso.
“La magnitud del castigo que ha sufrido Milagro Sala no puede medirse exclusivamente en términos cuantitativos (...) sino también en su intensidad; en la cantidad y calidad de bienes jurídicos distintos de la libertad que ha afectado; en las personas distintas del ámbito cercano y personal del imputado sobre las que ha recaído”, explica Carpineti. “Desde el Poder Ejecutivo, la herramienta de la conmutación de la pena abre un camino de posibilidad para restablecer el artículo 18 de la Constitución Nacional”, señala.
"El Congreso puede disponer, a pedido del Ejecutivo en determinadas situaciones, pero centralmente por iniciativa propia, la intervención de la provincia en los términos que señalan los párrafos anteriores”, afirma. “El Poder Ejecutivo cuenta con distintas herramientas: desde las que emergen de la gestión y el necesario cabildeo que garantiza la gobernabilidad de un país, hasta las que se vinculan con una mecánica institucional de articulación entre los gobernadores y el Congreso… Incluso las más directas y personales, como la aplicación del instituto del indulto o de la conmutación de penas”.
La funcionaria admite reparos posibles a la medida pero contrapone que “cada titular del Ejecutivo puede indultar en el ámbito de su nivel de Estado”. “Vemos entonces que el Código Penal de la Nación prevé el indulto en su artículo 68 y que lo hace para todo el país. Vemos que la Constitución de Jujuy legisla el indulto de un modo prácticamente inaplicable: su artículo 19 refiere a condenas a pena de muerte –prohibida en la Argentina–, y la reglamentación local fue pensada por un gobierno militar, para delitos militares”, indicó.
