Con más de 50 casos ya tratados en debate, hoy se realizará la última audiencia del año en el marco del juicio Guerrieri IV, que tiene a 17 acusados sentados en el banquillo, entre quienes fueron integrantes de la patota de inteligencia del Batallón 121 del Ejército y expolicías federales, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Tanto la Fiscalía como las querellas esperan que a mediados de 2023 se conozca la sentencia por los delitos contra 116 víctimas. En este tramo de la megacausa, se analizará por primera vez lo ocurrido en el predio Ceferino Namuncurá, de Funes, perteneciente a la Iglesia Católica, que fue identificado por tres víctimas como un centro clandestino de detención, y que será recorrido en las jornadas de juicio del año que viene. Se mantiene el pedido de que se revierta la domiciliaria otorgada al ex teniente coronel del Ejército Juan Daniel Amelong. 

Desde agosto pasado, en los Tribunales Federales de Oroño al 900, se lleva adelante el cuarto tramo de la causa denominada “Guerrieri”, en el que se juzgan tormentos, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, homicidios y asociación ilícita (crímenes establecidos en el Código Penal de la Nación, comprensivos del delito internacional de genocidio), en perjuicio de más de un centenar de víctimas de las ciudades de Rosario, Funes y Granadero Baigorria, durante el terrorismo de estado. De los más de 60 nuevos casos, 54 son por desapariciones forzadas u homicidios.

De acuerdo con la acusación del fiscal Adolfo Villatte, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, el plan represivo implementado por el Destacamento de Inteligencia 121 tuvo como epicentro los centros clandestinos de detención La Calamita -que será inspeccionado en febrero como parte del juicio-, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y la casa quinta La Intermedia, así como también la Fábrica Militar, donde -como expresa la acusación- se mantuvo a las víctimas en cautiverio de modo ilegítimo, “sometidos a un régimen de vida incompatible con la dignidad humana y al padecimiento de tormentos tanto físicos como psíquicos, de los cuales algunos pocos recuperaron la libertad y otros fueron asesinados durante sus cautiverios, ocultándose, por parte de sus perpetradores, tanto tales acontecimientos como el destino de sus restos mortales”, reza la acusación.

Para el fiscal Villatte, lo que tiene de particular este juicio es que "son casos que nunca habían sido tratados con anterioridad. Varios (relatos) se están tomando por primera vez. La mayoría tienen que ver con desapariciones y homicidios, hay muy pocos sobrevivientes. La otra particularidad es que una gran cantidad de casos son de personas que no eran de la militancia de Rosario, sino de otras ciudades como Santa Fe, Paraná, Reconquista", señaló. 

Otra cuestión a destacar de este tramo es que abordará la existencia de un centro clandestino de detención en el predio de una iglesia católica, la Casa Salesiana Ceferino Namuncurá de la localidad de Funes, donde al menos tres víctimas de la causa estuvieron detenidas ilegalmente. Esa utilización clandestina de los bienes eclesiásticos por la dictadura fue mencionada por una de las víctimas, el ex cura tercermundista Santiago Mac Guire (ya fallecido), ante la Conadep, pero entonces no había sido investigada. "Esto será objeto del juicio y está pensado un reconocimiento del lugar para el año que viene. Todavía no llegó a ventilarse en las audiencias", indicó el fiscal. 

Para Villatte, la importancia de los juicios cobra vigencia en cada audiencia. "Es importante que sigan adelante, que se siga investigando, que los casos en los que corresponda, que el cumplimiento de las penas sea en cárcel común. Además, que estos casos de militantes que venían siendo perseguidos desde sus ciudades de origen también encuentren una respuesta concreta en este juicio", planteó sobre lo que al final del debate deberá resolver el tribunal integrado por Carlos Julio Lascano -de Córdoba-, María Noel Costa –Córdoba- y Mariela Emilce Rojas –Concepción del Uruguay-. 

Por su parte, la abogada querellante de Hijos, Nadia Schujman, planteó que "es un juicio en el que declararon muchos familiares y vecinos en causas de masacres. Es hasta ahora el juicio que más hechos de este tipo tiene, donde se asesinó a matrimonios, cuyos hijos dan testimonios, algunos que fueron secuestrados también, en determinados casos llevados a Santa Fe y dejados con cartas, que es una modalidad que usaba el Batallón 121. Es un juicio en el que los testigos hablaron del silencio, no solo por el terror, sino también por el dolor. Faltan casos y este juicio llega hasta (hechos de) abril de 1978. Esperamos llegar a las condenas y que sean ejemplares", agregó. También destacó que en el debate hay cuatro casos de embarazadas (Graciela Busaniche, Graciela Capoccetti, Olga Vacarini y Isabel Cian), "o sea que hay cuatro jóvenes que se están buscando", dijo a pocos días de la identificación del nieto 131 por parte de Abuelas. 

Julia Giordano, abogada querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), destacó que por tratarse de casos de desapariciones y homicidios, los testigos "han hecho esfuerzos durante muchos años de tratar de conectar información, de conectar un rastro, de dar con un vecino, un testigo, que hoy pueden dar cuenta de ese camino para reconstruir la historia. Y eso da cuenta de la ausencia del estado durante tantos años. Todo el tiempo resurge esto de que no es pasado y es presente". La abogada también valoró que este debate tratará "el rol que tuvo la iglesia durante la dictadura". 

Sobre la situación de los imputados, las querellas sostienen el planteo contra la prisión domiciliaria otorgada a Amelong por cuestiones de salud, a poco de iniciado este juicio, pero en el marco de otra causa que tiene en trámite y pese a las anteriores condenas que tiene firmes. "No vemos fundamento para que esté en domiciliaria porque se lo ve en las audiencias en impecables condiciones", dijo Giordano. "Lo vemos en cada audiencia, en perfecto estado de salud. Esperamos revertir esto", sumó Schujman; y saludó que días atrás "se revocó ese beneficio en el caso del imputado Marino González".