Militares y policías de Perú desalojaron a la fuerza una planta de bombeo de Gas en la región de Cusco que estaba tomada por manifestantes desde hacía 12 días, en el contexto de la reciente ola de protestas en el país por la destitución de Pedro Castillo y en contra de la nueva presidenta Dina Boluarte. Como resultado del operativo, dos personas resultaron heridas.
El desalojo comenzó a las 5 de la mañana del domingo, según un comunicado de las Fuerzas Armadas, que tuvo que aclarar que esta vez no hubo heridos de bala. "Queda absolutamente descartado que existan heridos por armas de fuego", agregó el comando militar, en respuesta a versiones difundidas en las redes sociales.
El operativo se produjo en las inmediaciones de las instalaciones de Camisea, en Kepashiato, en la provincia cusqueña La Convención. Según aclararon las autoridades, los dos manifestantes heridos fueron "fueron atendidos en el centro de salud de Kepashiato" y "ya fueron dados de alta", informó
La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) había denunciado el 13 que la planta había sido tomada por más de un centenar de manifestantes. “Han ingresado a las instalaciones de la Planta Compresora Kámani tras forzar los accesos, poniendo en riesgo la seguridad e integridad del personal y solicitando parar las operaciones de la planta”, dijo TGP aquel día, según consignó la prensa local.
El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, advirtió que la toma de esa clase de instalaciones podría paralizar el sistema de distribución de gas y dejar al país sin su principal fuente de energía.
La ocupación de la planta de Camisea se produjo en medio de la ola de protestas desencadenadas el 7 de este mes, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo después de que este anunciara la disolución del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con suspensión de garantías constitucionales.
Castillo fue arrestado inmediatamente y la Justicia le impuso 18 meses de prisión preventiva por rebelión y conspiración, por entender que intentó dar un golpe de estado.
Desde entonces, buena parte del país fue escenario de protestas -que dejaron cerca de 30 muertos- contra la sucesora de Castillo, Dina Boluarte, y en reclamo del adelantamiento de las elecciones generales previstas para 2026.