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A pesar de los cuestionamientos públicos, las instrucciones para apelar y recusar a los supremos, el presidente Alberto Fernández dio un giro en su postura y decidió acatar el amparo de la Corte Suprema que lo obliga a devolver a la Ciudad de Buenos Aires parte de la coparticipación que le había quitado y que el expresidente Mauricio Macri le concedió por decreto. Fernández ofreció pagar en bonos –cuestión que rechazó el Gobierno porteño-- y propuso convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar un proyecto de ley que fije cómo se devolverán los recursos.
A pesar de la confrontación política que llevó adelante y que terminó por paralizar el Congreso, en Juntos por el Cambio opinan que “va a ser difícil esquivar una convocatoria a extraordinarias para tratar una ley que le devuelva recursos económicos a la Ciudad” insignia del macrismo. En tanto, en el Frente de Todos se preguntan: “¿De dónde saldrá la plata?” para pagar y poder alinear la tropa en la que conviven kirchneristas decepcionados y legisladores que responden a los gobernadores peronistas que cuestionaron la decisión de la Corte que le otorga más recursos a CABA en desmedro de las 23 provincias. En el mismo sentido, en el oficialismo se preguntan que pasará con proyectos como el blanqueo de bienes y divisas no declaradas en el exterior para engrosar las arcas estatales que propone Sergio Massa tras la firma del acuerdo con Estados Unidos para intercambiar información fiscal; con la moratoria previsional que crea un plan de pagos para acceder a la jubilación y la creación de ocho nuevas Universidades Nacionales. Cuestiones que deberá resolver una negociación política incierta para ver si el Parlamento vuelve a sesionar durante febrero.
A través de un extenso hilo de tuits, el Presidente explicó su postura y las decisiones que adoptará. Entre ellas, que encomendó al Ministerio de Economía, a cargo de Massa, “para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22”.
“Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, completó Fernández.
Aunque para que se cumplan sus propuestas habrá que abrir una ardua negociación política para destrabar la parálisis parlamentaria. En un Congreso donde todos los puentes de diálogo parecen estar dinamitados.
Especialmente en la Cámara de Diputados, donde a pesar que el oficialismo buscó bajar las tensiones y logró tejer precarios acuerdos con parte de JxC (Evolución Radical) para la última sesión del año, aunque el intento terminó frustrado porque el grueso de la oposición no bajó al recinto, ni aún aquellos con los que se había acordado. Allí, el jefe de la bancada del FdT, Germán Martínez, denunció que la sesión se cayó a pesar de existir un acuerdo político previo, por “presión mediática” y de poderes concentrados.
La propuesta de Fernández podría revertir esa parálisis en una nueva convocatoria a extraordinarias, aunque persiste la paridad de fuerzas legislativas entre oficialismo y oposición, sumado a las exigencias de JxC que hasta ahora le han dado la espalda a las intenciones presidenciales.
“Será difícil negarse si lo que se va a tratar es una ley para conseguir partidas para CABA”, admitieron por lo bajo a PáginaI12 desde el bloque radical. La bancada oficial de la UCR, que conduce Mario Negri, tenía preparado un pedido de juicio político contra el Presidente por “no acatar el fallo de la Corte”, que dejó stand by ante el anuncio de Fernández, a la espera de cómo se desarrollen los hechos.
En el oficialismo son menos optimistas aún. Aseguraron a este diario que una convocatoria a extraordinarias sería inútil sin acuerdo con la oposición. Sobre el proyecto que prometió enviar al Presidente, en tanto, predomina otra incógnita: “¿Y de donde saldrá la plata?”, preguntaron como respuesta a la consulta de PáginaI12.
Un tema esencial para poder alinear las opiniones dentro del bloque del FdT. Gran parte de sus legisladores responden a los gobernadores peronistas, que rápidamente salieron a cuestionar el fallo de la Corte por “unitario”, que va en contra del federalismo y de los recursos económicos de las 23 provincias. Una preocupación que incluye a otros oficialismos provinciales que no integra el FdT e incluso a las tres provincias que gobierna la UCR, aliada a la coalición política de la que forma parte el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Otros consideran que un buen texto del Gobierno en la iniciativa que enviaría al Congreso podría ser prenda de cambio para incluir el tratamiento de otros proyectos que consideran urgente y que JxC logró paralizar hasta ahora. Entre ellos, algunos que impulsa el propio Gobierno, como el blanqueo de activos en el exterior que Massa prevé también para febrero. Además de la moratoria previsional que favorecería el acceso a la jubilación a un universo estimado de 800 mil personas. El otro, es la creación de ocho nuevas universidades en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.
Un reducido abanico de posibilidades para abrir una negociación, pero con un panorama aun incierto para volver a poner en funcionamiento el Congreso.
