Comodoro Py tomó nota de la decisión del Presidente Alberto Fernández de pagar los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires ordenados por la Corte Suprema a través de un bono. Aún así la decisión no tendrá como consecuencia inmediata el cierre de la investigación penal, producto de una batería de denuncias que presentó la oposición. El juzgado federal de Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González, que tiene delegada la investigación, estuvieron durante todo el día de ayer reuniendo las distintas denuncias y certificando las presentaciones para acumularlas en una sola causa para un final que aparentemente todavía no se verá: el Poder Judicial entra en receso a partir del 1° de enero y vuelve a trabajar recién en febrero.

“Como esta causa no es un trámite de feria, el asunto quedará seguramente para ser resuelto en el mes de febrero”, dijeron a este diario fuentes del juzgado desde donde aún no saben si el caso podrá cerrarse porque la decisión dependerá del fiscal en quién Rafecas depositó la conducción de la investigación. “La decisión está en manos del fiscal federal, por ahora estamos recolectando todas las denuncias posteriores a estos hechos”, señalaron. “Es posible que recién entonces el fiscal pida mínimamente la documentación necesaria”.

La causa ingresó al juzgado de Rafecas después del sorteo de la primera denuncia que presentó un conocido denunciador serial, Fernando Míguez, titular de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, bajo la figura de "desobediencia a una orden judicial". A continuación, el edificio de Retiro recibió otras denuncias bajo todo tipo de figuras penales: sedición, prevaricato y motín. Hubo denuncias de Graciela Ocaña, de Elisa Carrió, de Roberto García Moritán y de la titular del PRO, Patricia Bullrich. Por tratarse de la primera presentación, la denuncia de Míguez fijó radicación de modo tal que las posteriores tramitan unificadas en el mismo juzgado.

La fiscalía comenzó a hacer la acumulación de las causas y la certificación de las denuncias. “La decisión del gobierno nacional de cumplir con la decisión de la Corte puede llegar a alterar el devenir del expediente pero de ahí a cerrarse de inmediato, habría que ver”, señalaron fuentes de la investigación. “Habrá que ver qué ordenó la Corte, qué se está cumpliendo y los pasos a cumplir y hacer el análisis. Todo aún es muy incipiente”, agregaron.

El caso se inició como consecuencia del fallo de la Corte Suprema a favor del gobierno porteño, quien había hecho una presentación tras la decisión del gobierno nacional de descontar parte de la coparticipación que Mauricio Macri otorgó por decreto para financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad. Nación cuestionó el fallo con respaldado por al menos 16 gobernadores y puso en suspenso el cumplimiento hasta ayer por la mañana cuando el Presidente dijo que lo cumpliría hasta que se resuelva la cuestión de fondo.