En el marco de la investigación por la privación ilegítima de la libertad de dos monjas en el Convento San Bernardo, de las Orden de las Carmelitas Descalzas, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que recibió la declaración de ambas mujeres y continúa con medidas dispuestas para esclarecer los hechos.
La causa de las monjas en el convento de San Bernardo
El abogado Eduardo Romani, representante legal del arzobispo Mario Cargnello, anunció que se presentará como querellante en esta causa para solicitar que se investigue la situación de las religiosas dentro del monasterio y también "a terceras personas".
Se refirió a la vidente de la Virgen del Cerro, María Livia Galeano, y a su marido, Carlos Obeid, que se desempeña como síndico del Convento. La pareja quedó registrada en una fotografía ingresando al Convento por la puerta de atrás el pasado martes 20 de diciembre cuando las autoridades religiosas del claustro no permitían el ingreso de una comisión judicial y a raíz de eso tuvo que realizarse un allanamiento con intervención policial y de bomberos. Recién en esa instancia las carmelitas abrieron las puertas.
El Ministerio Público Fiscal no aportó mayor información respecto a las declaraciones de las monjas que eran retenidas. Hasta el momento no se han producido imputaciones en la causa.
La investigación, a cargo del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, se inició con la denuncia de la hermana de una religiosa que transita una enfermedad y no se le permitía abandonar el claustro. Antes la carmelita ya había manifestado a sus familiares de Mendoza que quería irse del Convento. Asimismo, en la demanda también se dio cuenta de otra monja que tenía problemas de salud, había pedido retirarse pero no la dejaban, aunque pudo irse cuando obtuvo un permiso para atenderse en una clínica y no regresó a la clausura.
El Ministerio Público Fiscal indicó que las dos monjas "experimentaron conflictos con las autoridades del lugar al momento de querer retirarse". Romani aseguró que "no existe ninguna relación" entre la causa de privación de la libertad de las dos monjas con la que iniciaron las carmelitas descalzas contra su representado, el arzobispo Cargnello, por violencia de género.
El abogado dijo que se presentará como querellante en la causa por privación ilegítima de la libertad de las dos monjas. "Entendemos que monseñor está legitimado por ser máxima autoridad de la Iglesia", indicó.
Ante la consulta de si Cargnello estaba enterado del pedido de las monjas para retirarse del Convento, dijo: "Sabíamos que había unas monjas que iban a pedir salir del Convento pero nunca le llegó el pedido (al arzobispo)".
Romani indicó que las autoridades del Convento debieron haber informado de manera inmediata sobre los pedidos para retirarse de las dos monjas. "Esa situación hace que se confirme el delito", se adelantó.
El letrado aseguró que ante el pedido de retirarse de las hermanas debe regir el "principio de libertad absoluta" porque una monja ingresa por voluntad al Convento, se puede retirar de la misma manera. En cuanto al procedimiento señaló que se debe comunicar al arzobispo, quien debe emitir un decreto "y se acaba la historia". "Una de las hermanas había hecho varios pedidos y no llegó al obispado", aseguró.
"Queremos investigar lo que está pasando puertas para dentro", manifestó el abogado en insistió en el rol de Maria Livia y el marido. "El hecho de esta monja no es nuevo" dijo Romani. Se refirió al antecedente en Nogoyá, donde Luisa Toledo, conocida como la hermana “María Isabel”, fue sentenciada a tres años de cárcel por privación ilegítima de la libertad, uso de violencia y amenazas.
"Queremos que se investigue. Claramente había dos monjas que estaban sufriendo hechos de violencia que los pudo comprobar la justicia. No sabemos si las otras también", dijo Romani en referencia al Convento San Bernardo.
El abogado que envió el papa Francisco
En paralelo también hay una investigación iniciada en la fiscalía de delitos económicos a la administración de los bienes del Convento.
En este caso la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio se apartó tras una audiencia en el Convento con representantes legales de las hermanas, aseguró el letrado, e indicó que la funcionaria esgrimió haber sido maltratada.
La causa por violencia de género contra el arzobispo Cargnello y otros tres religiosos sigue abierta. El papa Francisco envió al abogado canónico español Javier Belda Iniesta para mediar entre las carmelitas descalzas del Convento San Bernardo de Salta y el arzobispo. La partes firmaron un acuerdo el 27 de agosto, hicieron presentaciones ante la justicia, y aunque en ese momento se informó que esperaban que se encamine al archivo de la causa, Romani dijo que luego las carmelitas desconocieron tal acuerdo.
Belda Iniesta dijo a Salta/12 que ante la denuncia por la privación ilegítima de la libertad de dos monjas, están siguiendo la situación "y a la espera de contactar con las partes". El letrado dijo que solicitaron información a los abogados que representan al monasterio y a las religiosas y "cuando tengamos datos suficientes podremos pronunciarnos, respetando siempre, como no puede ser de otro modo, el actuar de la justicia y las medidas adoptadas por las partes para defender sus legítimos intereses".
