El teniente coronel (r) Carlos Ignacio Cialceta, acusado por el secuestro y el homicidio del sindicalista y militante peronista Jorge René Santillán, fue beneficiado ayer con la prisión domiciliaria, que la jueza federal de Garantías Mariela Giménez le otorgó a pesar de que estuvo prófugo durante siete meses y de que especialistas médicos dieran cuenta de que es un manipulador que trató de obstaculizar la realización de los exámenes. 

El represor, que tenía orden de captura nacional e internacional desde principios de 2021, fue detenido el 12 de noviembre de ese año, por miembros de Gendarmería Nacional que lo encontraron escondido en la parte superior del placard de una vivienda de la calle Vicente López al 147 de la ciudad de Salta. Está acusado en calidad de autor mediato, pero una hija de Santillán lo ha reconocido como uno de los integrantes del grupo de tareas que el 10 de agosto de 1976 secuestró a su padre de la casa familiar en General Mosconi. Los restos de Santillán fueron encontrados al día siguiente en un camino vecinal, donde había sido sometido a una explosión. 

Cuando ya no pudo evadir a la justicia a través de la fuga, Cialceta puso en práctica una estratagema tendiente a asegurarse ese mismo resultado mostrándose como una persona con psicopatologías. En ese marco, en mayo de este año, obtuvo un diagnóstico de psicosis de parte de médicos del Poder Judicial salteño. Poco después se entabló una discusión entre la jueza y fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que siempre se opusieron al otorgamiento de la domiciliaria por entender que es posible que Cialceta intente huir nuevamente o entorpezca la investigación.

Además, tanto la fiscalía como la querella venían cuestionando que la jueza hubiera negado la participación de los peritos de parte en el segundo examen o peritaje (porque eso también se discutió) al que fue sometido Cialceta. Ayer el abogado Gastón Casabella, representante de la Secretaría de DDHH de la Nación, adelantó que apelarán el otorgamiento de la domiciliaria. 

Desde mayo pasado la fiscalía y la querella venían cuestionando que la jueza no haya permitido la participación de los peritos y peritas de la parte acusadora. Estos especialistas han advertido que Cialceta simula la enfermedad. Ya entonces advertían que el diagnóstico de psicosis podía justificar un sobreseimiento por incapacidad sobreviniente, o el otorgamiento de la prisión domiciliaria, como finalmente ocurrió.

La fiscalía y la querella también cuestionan ahora que la jueza haya tomado la decisión de enviar a su casa a Cialceta de manera muy rápida. A la fiscalía apenas le dio tiempo a contestar la vista (o aviso) sobre el pedido de domiciliaria, y en el caso de la querella, ni siquiera fue notificada del pedido de prisión domiciliaria, contó Casabella.

Al oponerse al pedido de prisión domiciliaria la fiscalía recordó que los riesgos procesales aumentaron, porque ya se encuentra firme el procesamiento de Cialceta, por privación de la libertad y homicidio agravado, y la causa está en condiciones de ir a un juicio oral. Dado que de ser condenado recibirá una pena de cumplimiento efectivo, y con sus antecedentes de prófugo, es posible que intente huir nuevamente. 

Por otra parte, memoró que Cialceta estuvo prófugo desde el 7 de abril de 2021, al día siguiente de que fuera procesado por el secuestro y asesinato de Santillán, cometido la madrugada del 10 de agosto de 1976 en General Mosconi, cuando el represor tenía el grado de subteniente y cumplía funciones en el Regimiento de Infantería de Monte 28 (RIMTE 28) de la ciudad de Tartagal, donde era oficial de Personal (S-1) y ayudante del jefe del Regimiento, por lo que integraba la plana mayor.

Asimismo, la fiscalía citó un informe de las médicas que realizaron el examen mental a Cialceta el 13 de diciembre. Las profesionales afirman que el represor intentó obstaculizar el examen, que trató de dilatarlo e incluso mostró una "manifiesta actitud oposicionista" que aplazaba las preguntas y hasta llegó a negarse a responder. Todos rasgos que "impresionan estar puestos al servicio de la manipulación e interferencia de la entrevista", afirmaron las médicas. Y concluyeron que estos rasgos "no se condicen con un síndrome psicopatológico existente" que el represor asegura padecer. 

Es más, ya antes estas médicas habían detectado en Cialceta un comportamiento obstruccionista y afirmaron que los síntomas que decía experimentar "no constituyen ningún síndrome y sin un correlato clínico que los sustente". También médicos del Servicio Penitenciario detectaron que intentó manipular la entrevista, 

"Advierto que las numerosas situaciones de manipulación o simulación detectadas han determinado una prolongación obstaculizadora del proceso", sostuvo la fiscalía, representada en este caso por los fiscales Carlos Amad y Juan Manuel Sivila. "Estamos ante un imputado que utiliza indebidamente todos los recursos a su alcance para obstruir el avance del proceso", advirtió. 

También aseguró que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas, incluso con la intervención de la Defensoría de Víctimas, y le pidió a la jueza que antes de resolver se informe a los familiares de Santillán con el fin de que sean escuchados. Pero la jueza resolvió sin atender estos pedidos.