El director del Banco Central Pedro Biscay quedó en la mira del oficialismo tras sus posiciones críticas a la política económica del gobierno de Mauricio Macri y puntualmente al accionar del presidente de la entidad, Federico Sturzenegger. Según trascendió, el Ejecutivo buscará removerlo del Directorio a pesar de que tiene acuerdo del Senado hasta el año 2019.
En defensa de Biscay salió el gremio de trabajadores bancarios, que afirmó que la embestida es en represalia a los cuestionamientos que el director explicitó a “la política desregulatoria del sistema que ejecuta Sturzzeneger con complicidad del resto del Directorio”. La Bancaria reclamó a través de un comunicado que el Congreso revise la gestión del Central ante la profundización de las desregulaciones y que el Senado exija la continuidad de Biscay.
Los bancarios señalaron que una serie de decisiones recientes del Banco Central aumentaron el riesgo en el sistema financiero argentino. Puntualmente, se refirieron a una resolución conocida ayer que elimina la subgerencia General de Cumplimiento y Control de la Actividad Financiera y las gerencias de Control de Comercio Exterior, Fiscalización Cambiaria e Intermediación No Autorizada. “Esta decisión de las autoridades se da en un marco de la desregulación del sistema financiero y cambiario que viene llevando adelante el BCRA, incumpliendo las disposiciones de la Carta Orgánica de la entidad”, puntualizó el gremio conducido por Sergio Palazzo.
En paralelo, nueve organizaciones encabezadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) denunciaron que el intento de remoción de Biscay del BCRA es “por haber expresado de manera pública opiniones diferentes a las principales decisiones de política económica y monetaria adoptadas por el Directorio del Banco Central y el Gobierno Nacional”.
Consideraron “ilegítima” la intención de desplazar a Biscay porque “restringe el ejercicio del derecho a la libertad de su expresión, así como el derecho de todas las personas de acceder a información vinculada con asuntos de interés público, como lo son las referidas al sistema financiero argentino”. “El intento de un Gobierno de remover a un Director del Banco Central forzando las causales previstas en la ley, afecta también la pluralidad de criterios que deben garantizarse y guiar el funcionamiento del Banco Central”, agregaron en un comunicado.
Recordaron que los directores del Central son designados con acuerdo del Senado y “solo pueden ser removidos antes del fin de su mandato por estrictas causales previstas en la ley”. “Manifestar una posición diferente fundada en criterios técnicos y objetivos no constituye la causal de remoción de 'mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público'”, remarcaron.
El director del CIPCE, Agustín Carrara, le envió una carta al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, en la que le adjuntó el comunicado firmado por las organizaciones. También le remarcó a Pinedo que el intento de remover a Biscay es “un avasallamiento a la independencia del Banco Central como entidad autárquica y genera una grave limitación a la libertad de expresión”.