El Ministerio de Economía formalizó la incorporación de los insumos de uso difundido al programa Precios Justos. Allí se explicita que las empresas que suscriban el acuerdo deberán presentar listados de precios promedio a la Secretaría de Comercio, los cuales no podrán ser modificados hasta febrero de 2023 y deberán ser los precios efectivos de venta a las industrias que lo demanden. En ese plazo, además, deberán garantizar la oferta. Como informó PáginaI12, esa misma resolución extiende el programa Precios Justos para productos escenciales hasta diciembre de 2023.

El gobierno busca regular los precios de unos 32.000 insumos básicos, especialmente para la industria de alimentos y bienes de consumo masivo, los cuales subirán en torno al 4 por ciento durante los próximos cuatro meses. Ese sector clave se suma a la incorporación, en noviembre pasado, de los combustibles, cuyos precios subirán 4 por ciento entre diciembre y febrero y 3,8 por ciento en marzo. Así se prevé regular la mayor parte de la cadena de valor industrial y garantizar el cumplimiento del programa en supermercados.

En suma, al menos siete grandes sectores productivos alcanzaron acuerdos de precios con el ministro Sergio Massa. La “zanahoria” de esos compromisos es la garantía de acceder a los dólares oficiales para importar dentro un plazo que permita mejorar la planificación de las empresas.

¿Importar cuándo?

La administración del comercio y los acuerdos de precios fueron analizados por especialistas para PáginaI12. Al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) pueden acceder las empresas que suscriban los acuerdos, pero aun dentro de ese marco “se está dando un juego que luce peligroso, en donde cada sector o empresa elige si le conviene importar con dólares propios y aumentar los precios o no subir los precios y acceder al dólar oficial”, destaca Martín Burgos, director del departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Son caminos excluyentes porque si quiere acceder al mercado oficial no pudo haber hecho MEP o CCL durante los últimos 90 días, ni podrá hacerlo en los próximos 90.

Algunos empresarios se quejan porque se habían ilusionado con el acceso inmediato a los dólares para importar, pero esto no fue así, dado que las operaciones se cursan por medio del SIRA cuyo plazo para la liquidación varía entre 90 y 180 días. En ese plazo los dólares están garantizados, pero “son tiempos que exceden a los usuales del comercio exterior”, reclaman desde las distintas usinas empresarias.

Para el caso de importadores que no requieran acceso a dólares oficiales porque importan con billetes propios, el sistema es automático pero les impide acceder al MULC si quisieran. Así, varios analistas temen porque este otro mecanismo también conlleve un alza mayor de precios, toda vez que las empresas se hacen de esas divisas vía MEP o CCL a un precio más alto, en torno a 333 y 340 pesos respectivamente.


Faltantes

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) es una entidad que nuclea a varias empresas que participaron del acuerdo de precios con insumos difundidos, por ejemplo, las dedicadas a fabricar productos de metal, como envases y alambres. Yanina Busquet, miembro del Departamento de Estudios Económicos de la cámara metalúrgica, destacó la importancia de “instaurar precios de referencia para insumos críticos para la actividad industrial, que resultan fundamentales para la planificación y para mantener los actuales niveles de actividad”.

Además observó que “el Índice de Costos Metalúrgicos que elaboran desde Adimra acumuló un incremento de 78,9 por ciento en los primeros diez meses del año, superando a la inflación general, y que los valores de los distintos tipos de aceros que usan de insumo bajaron a nivel internacional, pero eso no se reflejó en menores costos para nuestra industria”, de modo que ponderó la importancia de ampliar este tipo de acuerdos por ejemplo en la rama del acero, altamente concentrada en Argentina.

Otros insumos de uso difundido incorporados en los acuerdos son el plástico, el cartón, el vidrio y distintas sustancias químicas. Según señaló Massa al anunciar los acuerdos, “la negociación fue difícil”, dadas las particularidades que rigen los convenios de cada sector.

La macro

Sergio Chouza, director de la consultora Sarandí,  viene discutiendo acerca de la conveniencia o no de que el gobierno exhiba un Plan de Estabilización macroeconómico para poder regular los precios y, en caso afirmativo, si debe tratarse de uno de shock o gradual. Al respecto advierte que “el inicio de 2023 será tanto o más desafiante que el último cuatrimestre de este año, y Massa va por la épica de romper la inercia inflacionaria con un programa de corte gradualista”. Su apuesta es mostrar un dato inflacionario por debajo del 4 por ciento en abril, lo cual supone un recorte de medio punto mensual.

Chouza destaca algunos desafíos de la macro de 2023 como “los abultados vencimientos en pesos que, de mantenerse tensas las condiciones para el refinanciamiento, puede generar rigideces a la baja de la tasa de interés aunque la inflación ceda”. También señala que “la cuestión tarifaria es una intriga si se aspira a cumplir el parámetro fiscal establecido con el FMI en un año electoral”. Para Martín Burgos merece especial atención el efecto de la sequía sobre las previsiones de la cosecha de soja, “que pueden perjudicar la acumulación de dólares en un año electoral, incluso antes de las PASO”. Ambos coinciden en señalar que, ante ese escenario, cobrarán especial relevancia los acuerdos sobre combustibles y e insumos difundidos.