El conflicto entre la concesionaria Terminal Puerto Rosario y los trabajadores nucleados en el sindicato Supa tiene hoy su enésimo capítulo, y como la semana pasada, de nuevo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, ante la titular del área, Kelly Olmos. El diferendo cedió en parte porque al menos la empresa arrimó una oferta de mejora salarial muy cercana a la pretensión gremial y porque reconvino en retroceder con la mayoría de los despidos. Pero se mantiene firme en no reincorporar a 5 operarios, y allí se encuentra detenida la compulsa. Sin embargo, después de la audiencia de la semana pasada, los trabajadores lograron otro avance, que no es tan solo lograr que TPR desista de avanzar sobre acuerdos preexistentes del régimen laboral: en concreto, la empresa retiró de la negociación su pretensión de extender la jornada laboral de 6 a 8 horas.

"Tenemos cita a las 11 con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Vamos con la mejor expectativa, como siempre, pero veamos con qué nos salen ahora. Porque siempre hubo algo más. Nosotros buscamos reincorporar a todos los muchachos, ninguno afuera", dijo el titular del sindicato portuario, César Aybar, ayer por la tarde.

El conflicto campeó desde abril, en un tire y afloje permanente. Y recrudeció en el último trimestre, cuando la concesionaria (integrada por Vicentin y la chilena Ultramar SA) dobló la apuesta: llegó a suspender a medio centenar de operarios, exigió extender la jornada laboral y dejó de pagar el sueldo. Ante la reacción gremial previsible, TPR fue por más y descontó del salario los días de huelga. 

En el Supa deducen que la posición beligerante que demostró la empresa hasta aquí obedece a una suerte de "extorsión empresaria" hacia el Enapro, el ente de control en el que está presente el Estado, que le había venido marcando incumplimientos contractuales en el muelle, en lo referente a la falta de inversión y mantenimiento. "Lo que hicieron fue provocar a los trabajadores y tirarle el problema en la calle a la Provincia y a la Nación", resumió entonces Aybar.

A TPR le quedan 9 años de concesión de los muelles estatales en Rosario, y la hipótesis que baraja el gremio y el Gobierno mismo es que la empresa pretende forzar una prórroga del derecho a explotación de la terminal y en condiciones de menor exigencia.

Desde la audiencia en la cartera laboral la semana pasada, y el cambio de interlocutor por parte de la concesionaria –salió de la mesa Gustavo Nardelli, de Vicentin, y asumió un ejecutivo de Ultramar– el panorama parece despejarse, aunque el sindicato mantiene bloqueado el acceso a los muelles I y II de la terminal rosarina. 

Desde entonces, TPR aceptó reincorporar a casi todos los despedidos, menos a 5 a quienes acusa de causar desmanes durante las protestas. "La empresa mantiene la postura de sostener esos despidos. No hay forma de avanzar en acuerdo si hay despidos", reafirmó Aybar.

La concesionaria, entonces, ofreció una recomposición salarial del 95% anual, normalizar el pago de salarios y bono, y ahora, también accedió a dejar de exigir que la jornada laboral sea de 8 horas, y no de 6, como dicta el convenio portuario. Pero esos 5, siguen afuera.

"No justificamos la violencia, pero el contexto es de gente en la calle, Navidad con incertidumbre, y una desesperación muy grande", terció Aybar acerca de la posición que reiterará esta mañana en el Ministerio de Trabajo.

"Al menos ahora la empresa dejó la pretensión de aumentar la jornada laboral. Seguiremos entonces con el régimen de siempre, 6 horas de trabajo diarias", dijo.

Al ser consultado sobre el receso de verano que ostenta la actividad portuaria, Aybar reconoció que es un factor que no les favorece en la puja. Pero observó: "Sí, es un momento en que el trabajo merma, pero con todo este parate que hay mucho trabajo atrasado como para cumplir con los clientes, así que puede ser un enero movido. Esperemos también que la empresa demuestre voluntad de hacer las inversiones de infraestructura que corresponde", advirtió.