Académicos que integran la Red Bosques, Políticas y Territorios, analizaron los avances tras la aplicación de la Ley 26.331, más conocida como Ley de Bosques, y reconocieron a esta norma como un “hito fundacional” en la política ambiental argentina.
Sin embargo, entendieron que urge, ante la complejidad que se vive en la actualidad por el daño ambiental, un “Ordenamiento Integral del Ambiente” (OIA).
La iniciativa propuesta tendría como fin regular “de manera integral las actividades que se desarrollan en distintos ambientes: Bosques, glaciares, humedales”, dijo a Salta/12 Mariana Schmidt, integrante del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA e investigadora del CONICET.
En el documento titulado “A 15 años de la Ley de Bosques. Balances y reflexiones desde la Red Bosques, Políticas y Territorios”, los especialistas hacen un análisis de lo acontecido desde que se aprobó la ley en 2007 hasta el presente. La Ley de Bosques junto a la de Glaciares “constituyen antecedentes clave para la discusión actual (aunque postergada en el Congreso) sobre el proyecto de Ley de Humedales”, afirman. Esta última iniciativa, que se discute a nivel legislativo, ha mostrado una notoria resistencia en Salta del sector empresarial acompañado por el gobierno salteño.
El eje argumental de las administraciones provinciales al momento de resistir las normativas tiene que ver con la “soberanía” de cada provincia sobre sus recursos. “Hay ciertos pisos mínimos a garantizar para que los recursos comunes tengan perpetuidad para las generaciones futuras. No es que cada provincia puede hacer lo que quiere”, refutó Schmidt.
La especialista recordó que las leyes de presupuestos mínimos (como la de Bosques), se enmarcan en el artículo 41 de la Constitución Nacional que dispone: “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
La falta de articulación entre las políticas que toman las provincias cuando deben zonificar, por ejemplo, cuáles áreas se pueden desmontar y cuáles no, terminan discontinuando la preservación de los ambientes al depender de cada jurisdicción y no del ecosistema involucrado.
Otra de las dificultades que asoma es el hecho de que “muchos de los conflictos y desafíos actuales se refieren a la expansión urbana en zonas con bosques”.
Dificultades y obstáculos
Entre las dificultades y obstáculos que presentó la Ley de Bosques según el análisis realizado, los especialistas señalaron: la insuficiencia de los recursos presupuestarios asignados a su implementación; la falta de articulación entre jurisdicciones que resta coherencia a la política; las dificultades para la participación efectiva de las poblaciones vinculadas vitalmente al bosque en el diseño, y la implementación de la política y la poca legitimación de sus saberes y valoraciones.
También refirieron a la reaparición de conflictos y controversias al momento de la actualización de los OTBN (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos), con intentos de revisión “francamente regresivos; la falta de control efectivo de la deforestación por parte de las provincias, sea por falta de capacidad técnica o de voluntad política, o aún por connivencia con sectores empresariales inescrupulosos”.
Apuntaron la necesidad de aprobar sanciones penales cuando se cometan delitos contra el ambiente, dado que las multas demostraron su inutilidad para evitar los daños a través de distintas acciones.
