Desde Santa Fe

El peronismo santafesino ratificó ayer su apoyo al plan de Miguel Lifschitz para exigirle a Mauricio Macri que cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordenó devolverle a Santa Fe casi 50 mil millones de pesos por coparticipación de impuestos. El aval político se explica en la defensa de los intereses de la provincia: si hubo un juicio y Santa Fe lo ganó fue porque el ex gobernador Jorge Obeid denunció el bloqueo de los fondos y evitó la prescripción de la causa, en 2005, y luego acompañó en 2009 a Hermes Binner en la demanda ante la Corte que terminó con la sentencia favorable en noviembre de 2015. "La deuda no es con un gobierno sino con los santafesinos y todos debemos ser custodios de estos recursos", sintetizó el senador nacional Omar Perotti.

El respaldo peronista a la propuesta que el gobernador anunció el martes en el Centro Cultural Paco Urondo volvió a marcar el contraste con los operadores de Cambiemos: el diputado Luciano Laspina era el único del PRO que respondió a la convocatoria, el intendente de Santa Fe y jefe de la UCR José Corral optó por el faltazo y los diputados de su partido Mario Barletta y Hugo Marcucci acompañaron a medias.

En cambio, el acto de Lifschitz tuvo gran presencia peronista, desde Perotti, la senadora María de los Angeles Sacnun y los diputados Silvina Frana y Eduardo Seminara en primera fila, hasta una cantidad de legisladores provinciales, intendentes, presidentes de comunas y concejales. Más los diputados Marcos Cléri y Josefina González que sumaron su adhesión.

Frana asoció el plan de pagos que Lifschitz ofreció a Macri (15 mil millones en 24 cuotas a pagar en 2018 y 2019 y el resto, 34 mil 840 millones en títulos públicos a 40 años) con el planteo de Obeid de 2005 para que "la Nación pague la deuda con Santa Fe". "Hoy reafirmamos ese reclamo", dijo. Su compañero y ex diputado Mario Lacava coincidió: "Defenderemos los intereses de la provincia con la misma convicción y fuerza con que los defendió Obeid cada vez que le tocó gobernar". Y recordó que aquella denuncia del ex gobernador en 2005, que "se negó a prorrogar por ley el descuento del 15 por ciento de coparticipación fue la base jurídica del fallo de la Corte que generó la actual deuda", desde 2006 a 2015, por casi 50 mil millones de pesos

Otro diputado del PJ, Roberto Mirabella, reivindicó aquel planteo de Obeid de 2005 que no convalidó el despojo. "El ex gobernador denunció administrativamente esta situación, no prestó conformidad para que la Nación descontara a la provincia esos fondos, interrumpió la prescripción de la causa y permitió que Santa Fe reclamara la totalidad de los períodos adeudados".

"En 2009, también acompañamos al ex gobernador Binner en la demanda ante la Corte Suprema de la Nación, como lo hacemos ahora con el gobernador Lifschitz en su reclamo", planteó Mirabella. Aunque a su criterio, Lifschitz tendría que haber hecho lo que hizo el martes, a mediados del año pasado. "En ese entonces se presentaba un escenario mucho más propicio para alcanzar un acuerdo con el gobierno nacional".

"En el medio, Lifschitz se endeudó en 500 millones de dólares innecesariamente, sin haber agotado todas las instancias de negociación. El sentido común indicaba que la convocatoria de esta semana se tendría que haber realizado hace tiempo y antes de decidir" la emisión de bonos de la deuda. "Ese endeudamiento es en dólares y con una tasa de interés elevada, eso aumenta la vulnerabilidad de las finanzas provinciales ante la eventualidad de vaivenes en el tipo de cambio. En ningún momento se analizó la posibilidad de tomar deuda en pesos en el mercado doméstico, teniendo en cuenta que los ingresos de la provincia son en nuestra moneda", agregó Mirabella.

"Queremos que este espíritu y énfasis por el federalismo también prevalezca en la provincia, el gobernador no puede hacer un planteo en Buenos Aires y después no tener el mismo espíritu federal con los 363 municipios y comunas de Santa Fe", planteó.

Acerca del destino de los 50 mil millones, Perotti sugirió un "acuerdo de todas las fuerzas políticas". Y una vez "retraído lo que le corresponde a los municipios, se debe constituir un fondo que permita eliminar las asimetrías de las regiones postergadas, donde aún falta infraestructura para mejorar la calidad de vida, de producción y trabajo".