El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sobre la “profundización del hostigamiento” contra Milagro Sala y destacó que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que confirmó una condena en su contra “no modifica la obligación del Estado de proteger la salud física y psíquica de la dirigente social, tal como exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. El organismo que junto con Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (ANDHES) denunció ante el sistema interamericano la sistemática persecución del gobernador Gerardo Morales contra Sala y la organización barrial Tupac Amaru se pronunció ayer ante los pedidos de los operadores judiciales del caudillo radical para que la líder de la Tupac sea enviada nuevamente a una cárcel común.

La nueva embestida contra Sala, que el 16 de enero cumplirá siete años privada de la libertad, se produce luego del fallo de la Corte que dos semanas atrás rechazó el recurso de queja de sus abogados defensores y de ese modo dejó firme una condena a 13 años de prisión en la causa “Pibes Villeros”. El CELS presentó este año un amicus curiae alertando sobre las irregularidades de ese proceso, pero no logró que el máximo tribunal se dignara a analizarlo. Entre otros puntos señaló los obstáculos para poder ejercer una defensa adecuada, los problemas constitucionales derivados de una acusación imprecisa en base a la figura de “asociación ilícita”, destacó las limitaciones que sufrió Sala para poder producir pruebas de descargo y hasta para estar presente en el debate, del que fue excluida durante más de dos meses, lapso en que hubo 19 audiencias y declararon 70 testigos. La confirmación implica que ahora la Corte Interamericana podrá estudiar los hechos y pruebas que la Corte argentina prefirió no analizar.

Después del fallo de la Corte, el fiscal de Estado de Jujuy y el fiscal de Ejecución declararon en medios provinciales que correspondía un “inminente traslado” de Sala a una cárcel común, decisión que “vulnera las exigencias que hizo la Corte Interamericana”, recordó el CELS, que enmarcó las amenazas en “una sucesión de hechos de hostigamiento y criminalización contra Sala y la Tupac Amaru, que buscaron desde sus inicios desactivar protestas que la organización llevaba adelante en Jujuy”.

“Las autoridades de Jujuy incumplieron en diferentes oportunidades las decisiones del sistema interamericano al ordenar el traslado de Milagro de su detención domiciliaria al sistema de encierro penitenciario. Esto ya ocurrió en 2017 y 2018, y vuelve a suceder ahora, con las amenazas de estos fiscales”, recuerda Diego Morales, director del área Litigio y Defensa Legal del CELS. El primer antecedente tuvo lugar tras una cautelar de la Comisión Interamericana (CIDH) ordenando medidas alternativas a la prisión porque estaba en riesgo la integridad de Sala, cuando el juez Pablo Pullen Llermanos la reenvió a la cárcel luego de intentar forzarla a realizarse estudios médicos en un hospital distinto a la clínica donde se atendía. Ese incumplimiento, previa intervención del CELS, ANDHES y Amnistía Internacional, derivó en la orden de la Corte Interamericana al Estado argentino para que garantizara “medidas de protección” reales en el feudo jujeño e implicó la vuelta al arresto domiciliario. En 2018 la historia se repitió: tras una discusión con penitenciarios que no la dejaban cambiarse de ropa para trasladarla a una audiencia judicial, Pullen Llermanos volvió a revocarle el beneficio y ordenó apresarla en la cárcel federal de Salta, decisión revocada por la propia Corte Suprema, que ordenó cumplir lo ordenado por el sistema interamericano.

Sala está detenida en la causa “Pibes Villeros” desde el 29 de enero de 2016, el primer mes del primer mandato de Morales, que impulsó un entramado de acusaciones que derivaron en el inicio de 12 causas judiciales con el objetivo de eternizar el encarcelamiento de la líder de la Tupac. En paralelo nombró nuevos jueces del Superior Tribunal, que profundizaron la escasa independencia judicial en la provincia norteña.

El CELS apuntó que Milagro ya cumplió más de la mitad de su condena en prisión preventiva, ya sea en cárceles provinciales o en domiciliaria, y destacó que “las autoridades judiciales de Jujuy no pueden desconocer la decisión de la Corte IDH que en noviembre de 2017 le exigió al Estado argentino adoptar ‘las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud’ de Milagro”. En ese momento, el tribunal internacional consideró que su estado revelaba “una situación de extrema gravedad y urgencia y la posibilidad razonable de que se materialice un daño de carácter irreparable”, y Sala volvió al arresto domiciliario. “Cualquier regresión en este sentido, en contra de los parámetros de la Corte IDH, significará una profundización del hostigamiento”, concluyó.