El diputado nacional por Salta Lucas Godoy (FdT) sostuvo que debe darse un debate profundo sobre la distribución de la coparticipación federal. El legislador opinó de esta manera al referirse al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena la reposición de una porción de la coparticipación que el Gobierno Nacional le había quitado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Creo que (este fallo) es evidentemente político, que beneficia lamentablemente a la ciudad más rica del país y que agrava todavía más la concentración de recursos y el centralismo, donde queda claro que hay ciudades o ciudadanos de primera y el interior con ciudadanos de segunda”, aseguró Godoy. 

Añadió que más allá de su parecer de que es un fallo "injusto", de que “debe avanzarse en la búsqueda de su cumplimiento", con "una discusión que será más profunda, seguramente a través de un proyecto de ley que mandará el Presidente y deberá determinarse de dónde salen los recursos para que no perjudique a otras provincias, hay algo central en esta discusión respecto de los fondos para la ciudad de Buenos Aires", es "central" tener presente "que esos fondos fueron otorgados de manera ilegítima por el ex presidente Macri". 

El legislador recordó que Mauricio Macri otorgó esos fondos a la CABA "A través de un convenio, de un acuerdo, un decreto" por el que le "transfiere las competencias de seguridad y a su vez transfiere y duplica el porcentaje de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego se determina claramente que la cantidad que le transfería superaba con creces lo que se gastaba en la Ciudad por las fuerzas de seguridad", señaló. El problema radica, explicó, en que es que "el otorgamiento, la concesión de los recursos para esa competencia debe hacerse sí o sí por ley, esto es lo que dice la Constitución en el artículo 75, inciso 2”.

“Básicamente lo que dice la Constitución es no habrá transferencia de competencias sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Congreso, y esto nunca sucedió y ahí viene lo ilegítimo de la transferencia de estos recursos que además fueron, insisto, muchos más amplios de lo que cuesta la fuerza de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto no lo tuvo en cuenta la Corte y aquí vendría para mí uno de los grandes problemas y lo injusto de este otorgamiento de la medida cautelar hasta que se resuelva la situación de fondo", afirmó Godoy.

Reparto sin criterios objetivos 

En este marco, sostuvo que “El otro tema que hay que discutir profundamente es la distribución de la coparticipación". Recordó en este sentido que la ley de coparticipación es de 1988; "ahí se había fijado un régimen transitorio de distribución de esa coparticipación que no tuvo en cuenta ningún criterio objetivo, ni cantidad de población, ni índices de NBI (necesidades básicas insatisfechas), ni desarrollo, se distribuyó de manera política" y nunca fue cambiada, a pesar de que "la Constitución del año 94 le da jerarquía a la coparticipación federal de impuestos y determina que debe dictarse una nueva ley en los próximos dos años, da un plazo hasta 1996, pero esa ley nunca se dictó".

Sin embargo, Godoy considero que es “difícil que se dicte una nueva ley", porque aquella ley de coparticipación "es una ley convenio que precisa de la participación de todas las provincias", pero destacó que la Constitución nacional dice también en el inciso 2 que "la distribución en la coparticipación debe hacerse contemplando criterios objetivos de reparto, que debe ser equitativa, solidaria, y que debe dar prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Y eso no está sucediendo". Agregó que i bien en el mundo hay diversos mecanismos para distribuir la coparticipación pero "todos en general toman la población, la cantidad de gente que hay en cada lugar como una variable importante".

Para dar una mejor idea citó un trabajo que mostraba que en España y en Italia, "la variable de población implica aproximadamente el 60% del índice de distribución; en México, el 50%; en Brasil y en Estados Unidos, el 33%". En cambio, "en Argentina no se toma en cuenta". Y "Salta, por aquella ley del 88, recibe 3,98% de coparticipación", menos que el Chaco y menos que Santiago del Estero, aun cuando Salta tiene más población que el Chaco y Santiago del Estero. “Recibimos también un punto menos que Entre Ríos y tenemos la misma población. Recibimos más o menos la misma cantidad que San Juan, que Corrientes y Formosa, y tenemos muchísima más población, en algunos casos el doble, entonces ese es el gran problema, no hay criterios objetivos de distribución", ratificó. 

De tal manera que por con esta forma de distribuir "Salta hoy es la segunda provincia más perjudicada, si se tiene en cuenta la población, en cuanto a la coparticipación. Es la segunda provincia que menos recibe per cápita recursos coparticipables. Y si tenemos en cuenta otros criterios objetivos, como el índice de NBI, también estamos perjudicados porque las necesidades básicas insatisfechas, no solo en Salta sino también en todo el Norte Grande, son mucho más altas, ese índice es mucho más alto que en el centro y en el sur del país".

Cómo resoverlo

Godoy insistió en que este problema "no se va a poder resolver por una nueva ley de coparticipación" porque la que se encuentra vigente "es una ley convenio", pero entendió que la situación actual debe servir "para avanzar, y me parece que en eso se debe trabajar desde el Norte Grande, en una ley determine criterios objetivos de distribución de aquellos recursos que no son coparticipables", como las "transferencias no automáticas, aportes del tesoro, lo que tiene que ver con planificación para la inversión en infraestructura, en redes viales, por supuesto en agua, en redes de tendido eléctrico, etcétera. Entiendo que debe haber criterios objetivos de distribución".

Y tras ratificar que Salta, detrás de la provincia de Buenos Aires, que está en primer lugar, "en segundo lugar es la más perjudicada" hoy en día en la distribución de los recursos coparticipables, volvió sobre el fallo de la Corte Suprema: “el problema es que va a perjudicar sí a las otras provincias porque en definitiva de algún lugar tienen que salir esos recursos para cumplir con ese fallo" aseguró. 

Esto seguramente se debatirá en el Congreso cuando el gobierno envíe las distintas opciones, "Pero lo central en todo esto es que aquella vez (cuando Macri aumentó la coparticipación a la CABA) la remisión de los recursos fue verdaderamente ilegítima porque no se hizo por ley". Puso como ejemplo que "si el día de mañana gobierna un presidente o una presidenta de una provincia, digamos de Córdoba, y determina que le va a transferir algunas competencias" y "que le va a duplicar la coparticipación a Córdoba por esas competencias, eso sería verdaderamente injusto. Bueno, esta injusticia es la que se ha cometido con todos los argentinos al remitirse de manera impropia, ilegítima e injusta aquellos recursos a la ciudad más rica del país”, sostuvo.