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Carlos Rodríguez, viceministro de Economía de Carlos Menem, acaba de afirmar que los palos en Pepsico fueron escasos. “Hacía falta un poquito más de palos”, se lamentó. Y agregó en diálogo de tele con La Nación: “Yo creo que debían haber aplicado muchos más”. Según Rodríguez el problema es la grieta en la Justicia y en los medios. Entiéndase bien el matiz del economista: para él la grieta impide que haya más garrote, porque cuando un policía le pegue un palo a un manifestante la Justicia o los medios se le tirarán encima.
Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas de Néstor Kirchner hasta 2005, tuiteó contra un fallo de dos camaristas del fuero laboral. “Las reincorporaciones dictaminadas por la Cámara del Trabajo confirman que los tribunales laborales son un cáncer que atenta contra el país”, escribió. Evidentemente estaba muy convencido de su postura, porque colgó el tuit en su cuenta después de haber dicho lo mismo en una entrevista con Marcelo Zlotogwiazda.
“Y yo que pensaba que el cáncer eran los despidos. @NielsenEcon se quedó en el 45. El 45 antes de Cristo”, fue la respuesta de un tal @granovskymartin.
“Nadie invierte cuando el costo laboral es indeterminado por fallos laborales q van más allá de lo previsto por la ley. ¿Quién quedó en el 45?”, replicó Nielsen.
“Los supuestos fallos laborales arbitrarios son un mito sin cuantificación. Nadie invierte si puede fugar o timbear en una economía freezada”, respondió el tal @granovskymartin.
“En cualquier momento piden la vuelta de la encomienda, la mita y el yanaconazgo”, ironizó el abogado @MarianoLovelli, conocido por sus demandas contra la suba delirante de tarifas.
Al leer el intercambio un juez nacional de La Matanza, Alejandro Segura, comentó que “la justicia nacional del trabajo solo se dedica a reparar el daño, no a causarlo o a agravarlo”. Segura se declaró preocupado por “la utilización recurrente de la imagen del cáncer” para “la culpabilización de quien intenta reparar un daño”. Su recomendación fue “parar esta violencia verbal porque los más grandecitos sabemos cómo termina”.
El fallo en discusión fue el que firmaron los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Luis Raffagheli y Néstor Rodríguez Brunengo confirmando una medida cautelar por la que debían volver a sus empleos diez de los despedidos. Los jueces se basaron en el derecho al trabajo protegido por la Constitución en los artículos 14 y 14 bis y en los pactos internacionales firmados por la Argentina.
La ministra nacional de Seguridad Patricia Bullrich y su colega bonaerense Cristian Ritondo ordenaron la represión y luego se mostraron orgullosos del resultado. En la línea típica de los funcionarios que quieren castigar para estampar la imagen de que reina el orden, Bullrich dijo que las fuerzas a su cargo solo habían cumplido con las instrucciones de desalojo emanadas de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty.
La jueza lleva menos de un año en el cargo. Tras haber concursado en 2014, logró dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos del Senado bonaerense y voto afirmativo del pleno en solo dos meses, de septiembre a noviembre de 2016.
Diputados de la oposición la cuestionaron por PepsiCo y recordaron sus vínculos estrechos con el Pro. Pero el año pasado los senadores peronistas se sumaron a los de Cambiemos en la firma del dictamen unánime para consagrar jueza a Rodríguez Mentasty.
La historia argentina muestra que no siempre los jueces legitimaron la represión o exhortaron a dar palos. El 20 de junio de 1996 los habitantes de Cutral Co, en Neuquén, protagonizaron una pueblada cuando el gobernador Felipe Sapag anunció que no firmaría el contrato para levantar una planta de fertilizantes. Cutral Co venía golpeada porque la privatización de YPF había dejado cuatro mil cesantes. Las indemnizaciones fueron buenas, como algunas de las pagadas por Pepsico, pero en 1996 las remiserías creadas por los despedidos ya estaban fundidas. Poco futuro tenía el dinero en un país con una desocupación del 17.3 por ciento. Emprendedores forzados sucumbieron ante consumidores encogidos.
La pueblada se hizo famosa por dos cosas. Una, que de los senderos del sur, las picadas, salió un nombre destinado a durar: “piqueteros”. La otra, que la jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles se acercó a las rutas cortadas, vio 30 mil personas reunidas y dijo: “Esto me excede, así que yo me declaro incompetente y me retiro de aquí con la Gendarmería”. Algunos se rieron de ella. Incluso en la Justicia. Recién un año después entendieron mejor qué podría haber sucedido. El 12 de abril de 1997 el intento policial de desalojar a balazos un corte de rutas remató en la muerte de Teresa Rodríguez, una madre de 24 años que, según relataron sus padres a este diario, “era muy alegre, solidaria, y escuchaba a Gilda y a Soledad”.
