En 2010 quedó embarazada, un embarazo que no había planificado. Ya tenía dos hijxs y no tenía otros planes de maternidad. Si bien dudó, decidió no continuar con esa gestación. El camino que tuvo que atravesar para poder abortar en la clandestinidad fue su puerta de entrada al feminismo. Hoy la abogada tucumana Soledad Deza es una de las voces potentes en el país en la lucha por una justicia feminista. Defendió y consiguió la absolución de Belén, la joven condenada tras un aborto espontáneo en Tucumán, entre otros casos emblemáticos. Y como presidenta de la fundación Mujeres x Mujeres es parte del consejo asesor de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de Ministerio de Salud, desde donde se tejen estrategias entre la gestión pública y el activismo feminista para enfrentar los obstáculos y las desigualdades que persisten para garantizar el acceso a la IVE y la ILE en el país. En una entrevista con Página/12, Deza analiza las estrategias que han desarrollado en estos dos años los sectores conservadores y la derecha religiosa para intentar voltear la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y amedrentar y disciplinar a equipos médicos que garantizan los abortos legales: las 36 demandas para buscar que se declare inconstitucional el derecho a aborto, la persecución penal a médicas que garantizan el procedimiento, a socorristas y a mujeres que tienen emergencias obstétricas, y los casos de niñas abusadas sexualmente que demandan un aborto legal y que resultan medicadas en el sistema público de salud para desarrollar artificialmente la vida intrauterina y así provocar nacimientos con vida, y la reciente entre otras maniobras.

Desde que se conquistó el derecho al aborto en la Argentina el 30 de diciembre de 2020, la derecha conservadora y religiosa presentó 36 demandas en distintas provincias y fueros a modo de laboratorio federal buscando que se declare inconstitucional la Ley de IVE. Solo tres llegaron a la Corte Suprema de la Nación, donde están actualmente. Pero el máximo tribunal del país no resolverá el fondo ---esto es si es constitucional o no el derecho a abortar—sino cuestiones previas de legitimación que tienen que ver con la capacidad procesal de cuestionar la Ley 27.610 de quienes acuden a la justicia, explica Deza en tono bien didáctico.

Entre quienes presentaron esos recursos –detalla—están “los sospechosos de siempre” como la ONG antiderechos de Córdoba Portal de Belén, la exsenadora nacional por la provincia de Salta María Cristina del Valle Fiore Viñuales y junto a ella, el ex ministro de la Corte –de la mayoría automática menemista-- Rodolfo Barra “o sea, son quienes ya se mostraron detractores en la discusión legislativa”. También hay una demanda de un grupo random de ciudadanos de Buenos Aires. “El denominador común es que ahora usan el Poder Judicial para intentar dar vuelta la ley arrogándose la defensa de la vida intrauterina, en este caso con una novedad, invocan la Ley 26.061 que es para protección de las infancias y adolescencias”, revela Deza. Además de su desempeño como activista, Deza es profesora adjunta de Feminismos Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, donde también fue designada presidenta de la Comisión de Salud y Ambiente del Consejo Social de la casa de altos estudios.

De la clandestinidad a la militancia feminista

Cuenta la abogada tucumana que cuando se enteró de aquel embarazo no planificado que la sorprendió en 2010, y decidió interrumpirlo fue a ver a su ginecólogo de toda la vida. El médico en un primer momento le dijo que le haría el aborto pero luego se negó y la derivó a un colega suyo muy viejito de Tucumán, conocido por hacer interrupciones de embarazo. Pero al ingresar a su consultorio, la escena le dio mucho miedo: “Todo era muy clandestino, con una contraseña, en un consultorio con un lavatorio y una camilla. En ese momento pensé… si yo que tengo un montón de privilegios siento esto, no quiero saber lo que puede sentir las mujeres que están en peores situaciones que yo en relación a recursos o a vínculos para acceder a esa práctica”. Finalmente terminó realizándose el aborto en la clandestinidad pero con una médica que la trató amorosamente y terminó siendo una de sus amigas más entrañables, parte del tejido militante que fue armando a partir de ese momento. Aquella experiencia de aborto fue su puerta de ingreso al feminismo, reflexiona Deza, a la distancia. Por entonces ya estaba realizando una maestría en Género, que había empezado en 2008. “Eso es lo que tienen de ricos los feminismos que son a partir de la propia experiencia que uno encarna las interseccionalidad”, dice.

El primer caso vinculado a la criminalización por aborto que acompañó le llegó en 2012 y fue el de “María Magdalena”, una joven que fue a la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, la principal maternidad de Tucumán, con un aborto en curso y fue maltratada por las médicas que la atendieron y denunciada penalmente. María Magdalena las denunció a ellas, con la representación legal de Deza y contó en la justicia que mientras la atendían hicieron pasar a policías a la sala de parturientas para que le tomaran declaración, le practicaron un legrado sin anestesia y le mostraron el feto a su pareja. Durante nueve años, todas las instancias judiciales provinciales se negaron a tomar el caso hasta que en 2021, en un fallo histórico, Deza consiguió que la Corte ordene por primera vez investigar esas violencias obstétricas en la atención del aborto espontáneo de María Magdalena.

Persecución penal y antiderechos

Sobre la avalancha de recursos presentados contra la Ley de IVE en estos dos años, Deza advierte que “la judicialización de la soberanía sexual ha sido una vieja estrategia de los conservadurismos”. Y recuerda que lo han intentado con la anticoncepción hormonal de emergencia conocida como “pastilla del día después” en 1998, con la vigencia del Programa de Salud Sexual en 2003 y 2006, con los protocolos de ILE después del fallo F.A.L en varias provincias, cuando intentaron retirar de circulación comercial el misoprostol en 2019. “Es decir, intentar revertir en el campo judicial las ampliaciones de derechos obtenidas democráticamente por los carriles legislativos no es nada nuevo sino la continuidad de un activismo clerical judicial de larga data. No es ocioso pensar que el Poder Judicial es el reducto más conservador del Estado y por nuestros diseños constitucionales son las Cortes las que deciden los casos donde está cuestionada la constitucionalidad de las leyes. Entonces pasa que 4, 5 o 6 personas según cómo se integren estos Tribunales en cada provincia toma decisiones sobre la vida de toda una población como pasó en Chaco que durante enero y febrero de 2021 estuvo suspendida la Ley de IVE por orden de una jueza local. Y en última instancia, como son leyes nacionales los conservadores tienen siempre la posibilidad de llegar a la Corte de la Nación para revisar la constitucionalidad, entonces el derecho a decidir qué fue de distintas formas reconocido legislativamente con la representación federal que asegura la base de legitimidad territorial terminaría hoy en manos de la Corte; un absurdo. Y los conservadores saben perfectamente que así como las calles nos pertenecen a las feministas, los pasillos judiciales en general son de ellos y por eso esa gimnasia de inconstitucionalidades antidemocráticas”, alerta.

Hace una semana se conocieron allanamientos y detenciones de socorristas en Córdoba acusadas de ejercicio ilegal de la Medicina y encubrimiento. Lo que buscan es “amedrentar al socorrismo que brinda información para abortos autogestionados”, subrayó.

--¿De qué otras formas actúan los sectores conservadores en la justicia y en el ámbito de la salud pública para obstaculizar el derecho al aborto?

--Echando mano al derecho penal, esa es otra estrategia potente porque si bien no les permite acceder a las cortes y revertir las leyes, les facilita una escena política potable para construir sentidos sociales de ilegalidad sobre el derecho a decidir. Denuncian personal de salud que garantiza abortos permitidos por la ley, se articulan con Colegios Profesionales de las disciplinas comprometidas con el tema para pervertir la política pública, y con Universidades y Sociedades Científicas para capacitar a operadores del derecho a la salud y operadores de justicia con contenidos al margen de las leyes y los Tratados o con estándares mentirosos que en realidad son nichos más o menos académicos para contrabandear herramientas para la violación de derechos de las mujeres. En 2013 me tocó defender al personal de salud que, luego de garantizar una ILE de 20 semanas a una niñita de 11 años violada por su padre biológico, fue denunciado por incumplimiento de deberes de funcionario público por el entonces apoderado del Partido PRO de Tucumán, Arturo Forenza, y eso se terminó archivando, pero la amenaza de cárcel pesa fuerte en cada profesional. Lo que pasó con la médica de Salta Miranda Ruiz fue una clara reacción conservadora judicial a la Ley 27.610. El Colegio de Abogados de Tucumán se pronunció públicamente en contra de los Protocolos ILES, en contra de la Ley 27-610 y hasta entronizó una Virgen en el hall después de la sanción. La Facultad de Medicina de Tucumán se declaró “pro vida” en distintos momentos.

En el último año se conocieron además, los casos de varias mujeres que han llegado a juicio o están criminalizadas e incluso presas luego de enfrentar pérdidas de embarazos ocurrida en el marco de emergencias obstétricas, sin que se pruebe intencionalidad en la terminación de esas gestaciones, pero se las acusa de homicidio agravado por el vínculo como ocurre en países centroamericanos como El Salvador, donde el aborto está criminalizado sin excepciones. Sobre este tema, Deza precisa que le tocó defender a niñas con abortos domiciliarios que estaban siendo acusadas de homicidio y también a jóvenes y adultas en esa misma situación. Una cosa, explica, es que te acusen de aborto y otra muy distinta de homicidio. “Ambas son graves, obviamente, pero develan distintas estrategias de política criminal y entramado conservador. Para convertir un aborto en homicidio se precisa construir 'una persona', entonces allí se alían la medicina forense y los operadores del derecho para certificar nacimientos cuando en realidad corresponde certificar defunciones fetales, o para forzar certificación de nacimientos con vidas con estudios científicos incompletos o insuficientes”, indica. Le ha tocado llegar a la Corte de Tucumán para lograr la absolución en uno de esos casos donde además de la joven de 14 años habían sido acusados sus padres. “Entonces ahí hay un juego perverso en el abuso de la calificación penal, porque cuando se acusa de homicidio lo que hay en el horizonte es la posibilidad de cadena perpetua. Eso no es ingenuo, ni accidental. Hay ahí maleficencia judicial porque en definitiva lo más probable es que la absolución termine por resolverse, pero en el interín el estigma es terrible y el desgaste de años que le lleva a una justicia perezosa, a veces es con cárcel. Como le pasó a Belén en Tucumán que estuvo casi 900 días presa”, apunta.