Desde Rosario
Tres balaceras en simultáneo en la misma noche, y sobre objetivos ya repetidos, parecen un alarde de impunidad temeraria, y de ese tenor es la tormenta política con la que el crimen organizado y la violencia urbana no sueltan ni por un día la agenda pública de Rosario. Para colmo, uno de los blancos de antenoche fue la sede de la empresa Televisión Litoral SA, y los autores abrieron fuego delante de una patrulla policial que estaba como custodia, luego de un atentado similar ocurrido 18 días antes. Los otros blancos --siempre contando impactos de bala pero no heridos, hasta ahora-- fueron la Unidad Penitenciaria N° 5, de 27 de Febrero al 7800, y la oficina del Servicio Penitenciario situada en Pellegrini y Alsina. Edificios que ya habían registrado ataques similares y con mensajes que referían a intereses cruzados del hampa y con alusiones a jefes del narco, como Esteban Alvarado, Claudio Mansilla y los hermanos Alan y Lautaro Funes.
La situación hizo hablar a todo el arco político, y el gobernador no pudo esquivarlo esta vez. Algunos de los tiros mafiosos dieron en el multimedios de barrio Godoy y se armó menudo escándalo. Omar Perotti, entonces, eligió referir lo menos negativo del asunto: la captura de dos adolescentes poco después de la balacera, como posibles involucrados. Es que cayeron en Vía Honda, cerca de donde apareció a medio quemar un Fiat Palio rojo como el utilizado para cometer el atentado.
"Que haya detenidos para ver quién ordena los ataques es señal de que no hay impunidad", se atajó el jefe de la Casa Gris. Pero asumió que el problema es más difícil que en la campaña donde pregonaba un tiempo de "paz y orden": "Estas bandas han crecido en recursos, tecnología y armamentos. Y desafían, sin dudas. Hay que tomar dimensión de que lo que se va a enfrentar es lo más duro, pero no hay que ocultarlo". Muy atrás había quedado su promesa 24 horas antes de una multimillonaria inversión en obra pública para Rosario en 2023.
Perotti elevó un pedido al Ejecutivo nacional, 500 agentes federales más y la ampliación de la Justicia federal en Santa Fe. Por eso, reprochó al Congreso que no haya sancionado la ley que los legisladores nacionales de esta provincia impulsaron este año en esa dirección. Y se despidió con un palo que sonó dirigido a la precandidata del PRO, Patricia Bullrich. "Esos que visitan el territorio con propuestas nacionales y no ordenan a sus bancadas que apoyen este proyecto. Nos cansamos de que vengan y nos digan que así no se pueda vivir, pero después no actúan en consecuencia", reprochó.
El intendente por su parte, divulgó una carta abierta a modo de ultimátum: "La verdad de lo que pasa en Rosario", tituló Pablo Javkin. Y encadenó una serie de hechos violentos, desde el lunes 12, cuando un pistolero realizó la primera balacera contra la sede de Televisión Litoral, y más tarde hubo un doble crimen en la villa Vía Honda. Allanamientos múltiples, la detención de hampones a las órdenes del narco Julio "El Peruano" Rodríguez Granthon, la revelación de sus dominios del territorio, su patrimonio. La imputación este miércoles a 19 miembros de esa banda, escuchas reveladoras, amenazas a los fiscales en plena audiencia. Policías que cobran pero no cumplen con sus horas adicionales de vigilancia. Y así, el segundo atentado contra TVL, la viralización del rostro del presunto gatillero, el hallazgo del auto y la captura de los pibes como supuestos autores, todo en Vía Honda, en el mismo pasillo donde ocurrió aquel doble asesinato posterior al tiroteo contra la empresa periodística.
Todo eso, en el análisis de Javkin en su carta. Y arremetió: "Si un gatillero puede disparar en la cara de un patrullero sin ser perseguido, hay pocas explicaciones. Desidia, miedo o connivencia. Si apenas una hora y media después la Policía ya tenía la información de quién había cometido el hecho, no era tan difícil prevenirlo. Alguien mandó a tirar. Todo indica que, una vez más, la orden provino desde dentro de una celda. Eso sólo puede suceder si alguien del Servicio Penitenciario mira para el costado o está asociado al delito. Estos atentados en general muestran una recurrencia: son perpetrados por delincuentes pocas veces detenidos y rápidamente liberados", remarcó el jefe municipal.
Luego, pretendió que él hizo lo que le toca: "Urbanizamos barrios conflictivos, ponemos luces led en toda la ciudad, abrimos calles, hacemos plazas, instalamos cámaras de control, conformamos una agencia antilavado de activos narco. Son las competencias de un intendente. La Policía de Santa Fe, el Servicio Penitenciario, son responsabilidad de la Provincia de Santa Fe. La Policía Federal, el Servicio Penitenciario Federal y las fuerzas de apoyo como Gendarmería son responsabilidad de la Nación Argentina. Rosario es parte de Santa Fe. Santa Fe es parte de Argentina", enfatizó.
"Los hechos son claros, también es claro quiénes tienen que actuar para prevenir, perseguir, detener y hacer cumplir las condenas con el debido aislamiento. Rosario es una ciudad de gente buena. Los malos son muy pocos, pero muy fuertes", continuó. Y llamó a la unión "para terminar con los malos que nos extorsionan y nos usan para sus ajustes de cuentas". Por último, exhortó: "Es urgente que cada uno haga lo que le corresponde. Con nosotros cuentan siempre", punzó Javkin.
Entre las numerosas expresiones que levantó la coyuntura, Maximiliano Pullaro, precandidato a gobernador en Juntos por el Cambio, pero también exministro de Seguridad en el gobierno de Miguel Lifschitz, aprovechó el momento: "Perotti persiste en el error de no tener un plan, de no tener a la policía en la calle, de no investigar ni detener a las mafias. Le pido una vez más que tome las riendas de la gestión y actúe”, chicaneó.
El diputado del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez renovó su propuesta para crear una "oficina de protección inmediata" para jueces, fiscales y trabajadores de prensa ante hechos de amenazas mafiosas. "Los tres poderes del Estado debemos reaccionar", instó Martínez. Carlos Del Frade (bloque Frente Social y Popular), exigió que "las fuerzas políticas que gobiernan la provincia desde hace 40 años a que se pongan de acuerdo para combatir el lavado de dinero, el tráfico de armas, la corrupción policial y tripliquen los presupuestos para los barrios".
El atentado a la emisora de Presidente Perón al 8100 mereció también condenas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Sindicato de Prensa Rosario.
