La Justicia boliviana ordenó esta madrugada la detención preventiva por cuatro meses para el gobernador del departamento de Santa Cruz, el líder opositor Luis Fernando Camacho, quien quedó recluido en la cárcel de Chonchocoro en La Paz, en la causa que investiga el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales.

"Se dispone la aplicación de la detención preventiva para el imputado Luis Fernando Camacho, por cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro, en el caso Golpe de Estado", dictaminó el juez Sergio Pacheco, del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz.

Durante la audiencia, que se realizó a través de una plataforma de Internet, Camacho, un abogado y empresario de 43 años, declaró: "Nunca me voy a rendir".

Llamó a los bolivianos a evitar que "el masismo (partido gobernante Movimiento Al Socialismo, MAS) imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba".

Paro en Santa Cruz

En las primeras horas de este viernes comenzó un paro de actividades laborales en Santa Cruz, en el este rico de Bolivia, para exigir la liberación de Camacho. "Estamos acá para inaugurar formalmente este paro cívico departamental de 24 horas. Un paro que es en protesta por la arbitrariedad y el secuestro cometido en contra del gobernador de Santa Cruz", afirmó el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, en conferencia de prensa.

La ciudad comenzó temprano a cumplir de manera gradual el llamado, con el corte de vías y escaso transporte público.

Estado de la causa

La situación jurídica del gobernador que encabezó las protestas violentas tras la victoria de Evo Morales se determinó esta madrugada al cabo de una audiencia de más de nueve horas celebrada en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz, bajo fuertes medidas de seguridad, según reseñaron medios locales.

En la audiencia, el abogado defensor Martin Camacho presentó el recurso de incidente de aprehensión ilegal, por considerar que no se expuso la orden de aprehensión a la hora de la detención.

Sin embargo, la Fiscalía argumentó que el acusado conocía la existencia del documento y también lo firmó. Además, dijo que existe el riesgo de fuga de Camacho y obstaculización del proceso de investigación.

El juez boliviano tomó en cuenta el riesgo de obstaculización en la investigación, tomando en cuenta la ola de vandalismo que se desencadenó el miércoles en Santa Cruz, con la quema de al menos siete edificios de instituciones públicas como la Fiscalía regional.

Acusación

El líder opositor es acusado de terrorismo por organizar movilizaciones sociales y promover la rebelión de las fuerzas armadas en noviembre de 2019, que presionaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) a renunciar al cargo, con el argumento de que se cometió fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de ese mismo año.

El delito de terrorismo en Bolivia se castiga con penas de cárcel de entre 15 y 20 años, según el Código Penal.