Miguel Blesa, uno de los símbolos de la corrupción financiera de la última década en España, fue encontrado muerto ayer en una finca de Córdoba, en el sur del país ibérico. El banquero fue hallado con un disparo de escopeta de caza en el pecho, actividad a la que era aficionado y para la que poseía licencia de armas. Aunque no se descartan otras hipótesis hasta que se practique la autopsia, las primeras conclusiones de la inspección ocular de los agentes de la Guardia Civil y de la autoridad judicial apuntan a un suicidio con una de sus armas. Blesa, de 69 años, había sido condenado en febrero a seis años de prisión por un delito de apropiación indebida por el caso de las “tarjetas black” de Caja Madrid, entidad pública que presidió entre 1996 y 2010 y que acumuló cuantiosas pérdidas, en especial con la crisis económica de la pasada década y que recibió más de 22.000 millones de euros de ayudas públicas en 2012. El banquero español se encontraba a la espera de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia antes de ingresar a la cárcel.
Ayer, Blesa se encontraba desayunando antes de salir de cacería. Se retiró de la mesa que compartía con un grupo de amigos alegando que iba a mover su coche en el garaje. En ese sitio fue donde más tarde, luego de escucharse un disparo, fue encontrado su cuerpo, según informaron fuentes policiales.
Los servicios médicos confirmaron que la causa de la muerte de Blesa tuvo que ver con la perforación de su tórax con una bala de rifle, de acuerdo a las fuentes citadas por la prensa española. Aunque la primera hipótesis que se manejó fue la del suicidio, la Guardia Civil española, que se hizo cargo de la investigación, no descarta que se trate de un accidente de cacería. El banquero español, que llegó a la cumbre de la mano del conservador y gobernante Partido Popular (PP), fue uno de los primeros en sentarse en el banquillo de los acusados para enfrentar acusaciones de delitos vinculados con la gestión fraudulenta de una entidad financiera en los años previos a la última crisis. “No tengo un euro. Tengo todo embargado. Me hago yo todas las labores de la casa”, llegó a decir en una de sus últimas apariciones públicas el hombre que alcanzó la cúspide de la sociedad española apuntalado por el ex presidente del gobierno español, José María Aznar, su amigo personal. El 16 de mayo de 2013 se convirtió en el primer pez gordo en pisar la cárcel, aunque recuperó la libertad en menos de 24 horas, tras pagar una fianza de 2,5 millones de euros en el marco de una investigación por haber llevado a Caja Madrid al borde de la quiebra. Meses después, regresó a prisión, donde estuvo 15 días, pero volvió a salir gracias a un recurso que presentó contra el juez que ordenó su encarcelamiento, Elipidio José Silva, quien posteriormente fue inhabilitado.
En el centro de la causa, que luego fue archivada, estaba la compra del City National Bank of Florida, cuya adquisición por parte de Caja Madrid habría ocasionado pérdidas de 500 millones de euros. Además de haber sido condenado por haber instalado un sistema de tarjetas ocultas al fisco, por medio del cual él mismo se hizo con casi medio millón de euros, Blesa mantenía varios frentes judiciales abiertos. Por el caso de las tarjetas, tuvo que devolver 9,34 millones de euros gastados por los directivos de Caja Madrid bajo su mandato, mientras su sucesor al frente de la entidad cuando se fusionó en Bankia, el ex director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, condenado a 4 años de cárcel, tuvo que pagar 2,6 millones de euros.
Blesa resultó imputado también en una causa judicial por administración desleal en relación a su gestión al frente de Caja Madrid, por sobresueldos irregulares de los directivos de la entidad en pleno declive económico, lo que causó un perjuicio económico de 14,8 millones de euros. Asimismo, se le atribuyó la responsabilidad por el fraude de la venta de participaciones preferentes, unos productos tóxicos que el banco colocó especialmente entre pensionistas, causando un enorme perjuicio. Pese al calvario judicial que vivió en los últimos años, las personas cercanas a Blesa aseguraron que no estaba deprimido, pero sí se lo veía preocupado, si bien tenía esperanzas en que el Tribunal Supremo lo absolviera en segunda instancia en el caso de las “tarjetas black”.
El banquero español se había convertido, junto con Rodrigo Rato, en un emblema de los excesos del sector financiero y de su connivencia con los poderes políticos, y fue de los pocos que cayó en desgracia. Su vida se complicó cuando el primero de diciembre del 2013 la plataforma ciudadana Xnet filtró correos electrónicos de Caja Madrid, bautizados como “los correos de Blesa”, en los que quedó revelada su irregular gestión económica de la entidad y la manera que tenía de controlar a los miembros del consejo de administración. Esta documentación destapó el caso de las “tarjetas black”.
Los ciberactivistas expusieron que el escándalo de Bankia no sólo demostraba que Blesa y Rato estuvieron comprando voluntades individuales, sino que lo que hacieron era comprar a los partidos, sindicatos, y en definitiva, al gobierno y a la oposición, representados en el Consejo de administración de la entidad, y que fueron los beneficiarios de los más de 12 millones de euros gastados durante 13 años con las tarjetas. El propio presidente en funciones del gobierno español, Mariano Rajoy, se jactó de haber rescatado Bankia de la quiebra: “Yo soy el presidente de un gobierno de derechas y he nacionalizado un banco”.
En las presentaciones ante los juzgados Blesa era insultado y tenía que ser protegido por los guardias de seguridad. Inversores afectados por la venta de determinados productos financieros de especial complejidad que arruinaron a muchas personas en España, entre ellos jubilados que tenían sus ahorros en Caja Madrid, estaban entre las personas que lo increpaban. Este caso, conocido como el de las preferentes, por el nombre del producto financiero, y el de las tarjetas opacas de uso personal por parte de directivos de la caja, lastraron la imagen de Blesa, cuyos bienes fueron embargados por orden judicial para hacer frente a responsabilidades pecuniarias.
