El proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cosechó 22 sentencias durante 2022 en las que fueron condenados 58 represores, mientras que 7 resultaron absueltos. Las cifras surgen de las estadísticas actualizadas que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publicó al cierre de un año en el que se produjeron algunos hechos históricos en relación a la evaluación judicial de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Y otros que confirman sus límites.

Según los datos de la PCCH, dirigida por la fiscal María Ángeles Ramos, 2022 cosechó una sentencia más que el año previo y elevó así a 294 la cantidad de veredictos que los tribunales federales del todo el país emitieron sobre los crímenes de la última dictadura desde 2006, cuando el proceso de su juzgamiento pudo ser retomado tras la anulación de las leyes de impunidad.

Los juicios

Durante 2022 comenzaron 18 juicios, de los que culminaron 11 –hubo otros 11 veredictos de debates iniciados antes–. El dato, aquí, es que durante el año que culmina el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad encaró causas de pequeñas dimensiones que significaron procesos cortos –entre 1 y 20 víctimas, entre 1 y 10 acusados–. Formosa juzgó y condenó a dos ex magistrados, San Juan a uno, mientras que Santa Fe volvió a condenar al ex juez Víctor Brusa. Comenzaron y se completaron debates orales en Concepción del Uruguay y Paraná, Entre Ríos; en San Rafael, Mendoza; en Salta; y en Resistencia, Chaco.

En la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción de San Martín cerró tres juicios que había comenzado años antes: Megacausa Campo de Mayo, vuelos de la muerte que partieron de esa guarnición militar y La Pastoril. En La Plata, el genocida de la Policía bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz recibió su última condena a prisión perpetua antes de morir, en julio pasado. El Tribunal Oral Federal 1 lo condenó en el marco de la causa Garachico en mayo y se quedó a medio camino para castigarlo por secuestros, torturas y homicidios de personas secuestradas en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en el cordón sur del conurbano bonaerense.

Durante 2022 terminó el tercer debate por los crímenes de la Subzona 14, en La Pampa, que comenzó en abril de 2021 con seis acusados pero solo alcanzó a condenar a dos, pues el resto falleció en el camino. Y la Megacausa Jujuy, que repartió condenas a 19 militares, policías, gendarmes y miembros del Servicio Penitenciario provincial por crímenes cometidos contra 120 víctimas –de las que 44 permanecen desaparecidas–. El juicio había comenzado en 2018.

En Ciudad de Buenos Aires empezaron y finalizaron con condenas dos juicios, el que evaluó los crímenes sucedidos en la Comisaría de Ramos Mejía y el que condenó a 15 años de prisión al inspector retirado de la Federal y represor de la ESMA Mario Sandoval, un debate y un veredicto que fue histórico por lo que costó extraditar al represor desde París, en donde se había construido una vida para evitar que su pasado lo devorara. No lo logró. En Comodoro Py culminó también el juicio por los crímenes del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes y el debate por las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los clanes empresariales Chavanne y Grassi, cuya sentencia absolutoria para el ex funcionario civil Juan Alfredo Etchebarne confirmó que a la Justicia le cuesta condenar la complicidad del poder económico.

De las 22 sentencias de este año, solo 5 contemplaron la comisión de delitos contra la integridad sexual independientemente de las tormentos. Plantean desde la PCCH que se trata de una tendencia que se mantiene desde 2013, aunque fue en 2010 la primera vez que un tribunal condenó a represores por abusos sexuales. De las 294 sentencias dictadas desde 2006, 47 incluyeron esta clase de delitos.

Los responsables

Durante los últimos 16 años fueron investigadas por su participación y diferentes grados de responsabilidad en violaciones a los derechos humanos durante el genocidio un total de 3640 personas. De ellas, 1117 resultaron condenadas y 168 absueltas, en tanto que 482 permanecen procesadas, 558 fueron imputadas y 27 indagadas en diversos expedientes que avanzan a paso lento o envejecen junto a acusados y víctimas en despachos tribunalicios de todo el país. A la fecha hay 275 causas que están siendo investigadas y 62 que esperan que se conformen ternas de magistrados para revisarlas en juicios orales y públicos.

De los represores condenados y procesados, unos 717 permanecen detenidos, aunque solo 168 cumplen encierro en unidades penitenciarias. El resto, un 77 por ciento, goza del beneficio de arresto domiciliario. En tanto, unos 1506 represores permanecen libres. Los prófugos son 21 y 1036 fallecieron en el camino de ser juzgados.

Lo que viene

Hay 12 juicios de lesa humanidad que retomarán su curso en febrero de 2023, tras la feria judicial, entre los que figuran el que revisa la responsabilidad del genocida de la ESMA Adolfo Donda Tigel en la apropiación de su sobrina Victoria Donda, la megacausa por los hechos de la Zona 5 del Ejército, en Bahía Blanca, y aquel que implica delitos cometidos en Tandil, Azul y otras ciduades del interior de la provincia de Buenos Aires. 

Se espera que durante el curso del año lleguen a sentencia por lo menos cuatro de ellos: el tercer tramo de la Megacausa de San Juan, los dos debates orales que revisan crímenes cometidos en Mendoza y el juicio Brigadas, que comenzó en octubre de 2020. 

Hay programados otros seis juicios para los primeros meses del 23: cuatro serán en Capital Federal --entre ellos, el tercer tramo de la causa que investiga crímenes de la Superintendencia de Seguridad Federal, con 18 imputados--, uno en Corrientes y otro en Santa Fe.     

Cómplices civiles

El fallo en el juicio por la causa Chavanne-Grassi fue una demostración más del límite que, de hecho, la Justicia impuso a revisar y condenar las responsabilidades de civiles en el terrorismo de Estado, vinculados con las motivaciones económicas del plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio. Junto con la impunidad biológica que implica el paso del tiempo, y en combinación con ésta, la necesidad de avanzar sobre el verdadero poder detrás del terrorismo de Estado es, sin duda, uno de los desafíos más imponentes del proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, no fue la única pieza que se puso en juego durante el 2022 para intentar armar este rompecabezas. El año había comenzado con el sobreseimiento que la jueza de instrucción de San Martín Alicia Vence había dedicado a Juan Ronaldo Tasselkraut, ex gerente de Mercedes Benz, quien por insistencias de las querellas en la causa que investiga crímenes de trabajadores de esa automotriz durante la dictadura, debió ser indagado por su vínculo con esos delitos. Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín dio vuelta esa decisión y lo procesó por la detención ilegal de dos obreros de la planta de Gonzalez Catán.

Otro revés para empresarios que entregaron a sus empleados sucedió hace pocas semanas en Rosario, luego de que la Cámara de Apelaciones decidiera que una veintena de acusados fueran juzgados por 11 casos de homicidios y asociación ilícita. Entre militares y policías retirados se encuentran los ex directivos de Acindar Ricardo Torralvo y Roberto Pellegrini. La causa fue elevada a juicio en marzo, pero aún no hay noticias. Lo mismo sucede con el expediente que investigó y pidió enjuiciar a un grupo de ex funcionarios del Ingenio La Fronterita, en Tucumán, que aguarda fecha de debate desde diciembre pasado.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó la imputación y citación a prestar declaración indagatoria de ocho ex integrantes del directorio y el personal jerárquico las empresas ceramistas Lozadur y Cattáneo por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de quince obreros y obreras de esas fábricas.