A punta de pistola le gritaron “subite porque te quemamos”. El grito se lo dio uno de los cuatro hombres que habrían secuestrado y apretado al niño de once años para que realizara la entrevista emitida el domingo en el programa PPT –en el que se adjudica varios delitos, incluido un crimen–, según consta en la denuncia penal contra el periodista Jorge Lanata y el secretario de Seguridad del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, por violaciones a los derechos del niño, presentada por la madre. La denuncia fue radicada en la Fiscalía 7 de Lomas de Zamora y está patrocinada por los abogados Juan Grabois, Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier. Por su parte, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (Casacidn) consideró como “tendencioso y obsceno” el informe que realizó el programa PPT para buscar “reforzar el discurso oficial, punitivista y de mano dura, para criminalizar a los niños de los barrios más humildes”.
La denuncia establece que el 10 de julio, alrededor de las 20, el niño fue interceptado cuando caminaba con un amigo cerca del Club Ciclón de Villa Caraza, por cuatro adultos que iban en “un automóvil Corsa Classic, con vidrios polarizados y la nueva patente del Mercosur”. Lo subieron al auto y lo trasladaron al autódromo de Lanús, donde los esperaban cuatro hombres más. Allí, “lo amenazaron, lo golpearon y lo extorsionaron verbal, física y económicamente para que se autoincriminara en hechos delictivos presuntamente cometidos junto a otros niños y jóvenes del barrio”. Luego, según su relato, bajo amenazas lo obligaron “a que se presente frente al Jardín de Infantes N° 14 de Villa Caraza” para una entrevista donde tendría que decir que había cometido hechos delictivos. Terminado el apriete, fue llevado por el mismo auto hasta el Puente de la Noria, “donde es arrojado a la calle en estado de conmoción e indefensión absoluta”. Un día después, lo volvieron a interceptar y le dijeron que “si contaba algo de lo sucedido el día anterior ‘era boleta’”.
Carpineti, integrante de la Campaña Contra La Violencia Institucional, explicó a PáginaI12 que “ante la terrible violación a los derechos humanos que sufrió el niño, la madre denunció a Kravetz como funcionario público responsable de la policía local de Lanús, y a Lanata como referente del programa que emitió la nota violando la Convención sobre los Derechos del Niño, además de leyes provinciales de protección a la niñez”.
El escrito presentado, además de detallar la persecución sufrida por el niño y las presiones a las que fue sometido, deja constancia de que el chico “eventualmente sufre de episodios que puede alterar parte de sus declaraciones”. Sin embargo, ante la gravedad de los episodios denunciados, se busca garantizar “el derecho a la verdad y la justicia, y la protección de los derechos del niño que disponen las convenciones internacionales”.
La abogada sostuvo que “se cometieron delitos penales por amenazas coactivas y tortura psicológica, para lograr de forma coercitiva que el niño declarase lo que declaró frente a las cámaras. Además, hubo una ingerencia clara y arbitraria a su intimidad”.
En este sentido, la denuncia remarca que la “utilización de las imágenes de niños y adolescentes, aun cuando las mismas estén pixeladas, sin la autorización de sus progenitores, resulta una injerencia arbitraria en los términos del artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño”.
La letrada explicó que solicitaron “un conjunto de pruebas al Ministerio de Seguridad para que informe quiénes eran los agentes de turno, el jefe de servicio y registros de las cámaras de seguridad de la zona. También se pidió a Canal 13 que informe sobre los periodistas que participaron”.
Además, se solicitó que el niño preste declaración mediante el sistema de Cámara Gesell, con un profesional apto para llevar a cabo ese tipo de evaluaciones.
“Entendemos que la Justicia deberá citar a las personas que denunciamos para que sean indagadas”, dijo Carpineti y remarcó que “que hay otras tipificaciones penales que podrían recaer sobre los imputados. Porque también hubo privación ilegítima de la libertad, y otros posibles delitos que deben ser investigados”.
En tanto, Kravetz sostuvo ayer en una entrevista televisiva que “inventar un secuestro y una coacción que no pasó me parece una infamia. Me siento agraviado y presenté una denuncia para que se investigue el hecho”. Reconoció que la productora le había pedido un móvil policial prestado para hacer un informe en el jardín de infantes donde habían robado, pero sostuvo que tras presenciar la nota, al salir del jardín, se encontró con el chico que “apareció por sus propios medios”.
La integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Victoria Bringas, quien comparte el espacio de trabajo con la madre del niño y fue la primera persona a la que el chico le contó lo sucedido, dijo a PáginaI12 que “no cuidaron ni su intimidad ni su privacidad. Cualquiera que lo conoce, al segundo de verlo en la pantalla lo reconoce. Lo reconoció todo su entorno y el país está hablando de él. Vulneraron los derechos de alguien que ya estaba en situación de vulnerabilidad. Hay indicios de una violencia institucional muy fuerte en todo esto, que además generó un problema enorme en un chico que necesita ayuda. Tiene un desequilibrio emocional muy fuerte y esto colabora a fomentarle una identidad que no tiene por qué ser la del “pibe chorro”.
