Tres policías fueron imputados ayer por varios delitos relacionados con el manejo indebido de la asignación de horas adicionales, presunto enriquecimiento y dádivas, según la acusación que hizo el fiscal José Luis Caterina de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. El juez de la audiencia tras escuchar los cargos descartó el pedido de prisión preventiva y les otorgó la libertad por 180 días bajo una serie de condiciones a cumplir.
Los tres policías llegaron a la audiencia privados de su libertad. El martes, personal de la Agencia de Control Policial (ACP, ex Asuntos Internos) detuvo a los subinspectores A. G. (46); J. C. (40) y a la inspectora C. M. (52) en el marco de una serie de allanamientos a sus domicilios donde se secuestraron vehículos, celulares, planillas, armas sin documentación entre otros materiales.
El fiscal les atribuyó los delitos de Malversación de caudales públicos en calidad de partícipes necesarios en concurso con Peculado de trabajos o servicios en calidad de coautores; en concurso ideal con Defraudación en perjuicio de una administración pública. A J.C. también se le imputó el delito de Cohecho pasivo y Exacciones ilegales agravadas en concurso ideal. Y por último a A. G. se le imputó también Falsedad ideológica en calidad de autor.
La Fiscalía les atribuyó en su rol de funcionarios policiales de la Policía de Santa Fe, cuanto menos durante los años 2019, 2020 y 2021, haciendo abuso de la autoridad que les había sido conferida, haber gerenciado adicionales de la Policía de Santa Fe, coordinándolos desde los lugares que detentarían policía adicional para su custodia, la designación del personal que quedaría asignado a cada uno de esos objetivos, la determinación de los horarios y de la cantidad de horas que los efectivos deberían cubrir, la confección de planillas, tanto provisorias como definitivas, para ser presentadas ante la Sección Servicio de Policía Adicional dependiente de la URII.
En particular, esa operatoria la hacían especial en la custodia de lugares, establecimientos o predios vinculados a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y de empresas particulares.
Surgió en la evidencia colectada que A.G. era el principal referente con poder de decisión en relación a los adicionales, contando con el apoyo de C. M. en la confección de planillas, siendo que ésta ya realizaba tareas de este tipo aún con anterioridad al año 2019 con un Jefe anterior, actualmente Inspector de Zona.
Asimismo, A. G. y C. M. contaban en el territorio con J. C. haciendo las veces de controlador y mediador tanto entre A. G. y efectivos policiales, como así también entre A. G. y las víctimas.
En este contexto, comienzan a abundar las denuncias, por parte de diferentes personas, que aluden a irregularidades en los adicionales, tanto por exceso como por defecto. Por exceso, por asignar a efectivos policiales horas por encima o por fuera de lo permitido por la ley y la reglamentación. Pero también, por defecto, por cuanto comienza a hablarse de policías “fantasmas” o también denominados “prestanombres”, es decir personas de existencia real que se desempeñan de ordinario como efectivos policiales pero que no concurren a cumplir con el adicional en el objetivo, sino que ceden su nombre y número de asignación como voluntarios para cumplir adicionales, de modo tal que las planillas puedan reflejar un virtual cumplimiento con los objetivos mandados, con cesión que hacen a cambio de un porcentaje del pago que hubieran percibido de haberse presentado efectivamente. De eso se deduce la percepción de un complemento a ese porcentaje que se paga efectivamente, y que el prestanombre cede a los responsables de la maniobra que le permitieron tener un rédito económico sin presentarse a cumplir con el adicional.
Todo esto, según la fiscalía, es compatible con un incremento del patrimonio de A. G. que no podría justificarse conforme informe preliminar elaborado por la División de Análisis Patrimonial de la Agencia de Control Policial Delegación Zona Sur.
Asimismo, se le atribuye J. C. que en noviembre de 2021 en charla vía telefónica con un representante de una de las empresas particulares que fue víctima le solicitó en dos ocasiones una “atención” para influir ante un funcionario público, "debiendo entenderse ello en el sentido de una dádiva", explicó el fiscal.
A A.G., además, se lo acusó de haber confeccionado una planilla de adicionales y luego haberla presentado con su firma ante la Sección Policía de Servicios Adicionales, con inserción de datos falsos en relación a la custodia de un inmueble en calle Patricias Argentinas y Rezzarra, por cuanto prestó servicios efectivamente un efectivo policial, quien al advertir que no debería estar sola cumpliendo el adicional en el puesto fijo llama al compañero que debía estar con ella, quien le contesta que no concurrirá dado que se encuentra, en esos momentos, cubriendo tareas de “controlador” de esos mismos servicios. Ante la discusión mantenida con su compañero que se negaba a concurrir al lugar, Villarreal radica la denuncia correspondiente en Asuntos Internos, siendo trasladada por personal de la Comisaría 16; siendo, además, que cuando dejó su puesto, su lugar fue cubierto nuevamente por un único efectivo y no por dos.
