La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habló esta semana en la inauguración del polideportivo municipal Diego Armando Maradona en Avellaneda, junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al intendente municipal, Jorge Ferraresi. Allí sostuvo enfáticamente que es víctima de una proscripción y que su decisión de no presentarse a elecciones, es un modo de impedir que usen su candidatura para perjudicar a su fuerza política. El juicio contra ella está diseñado en base a una cronología quirúrgica: en marzo se leerán los fundamentos de la condena y recién entonces sus abogados podrán apelar. Ello va a coincidir con los inicios de la discusión de frentes y candidaturas. Es decir: lo que buscan es superponer lo más posible el proceso electoral y el proceso judicial.

La Vicepresidenta, además de convocar a un empoderamiento de los dirigentes, los militantes y el pueblo en general, realizó un llamado a una concentración masiva en una fecha emblemática como es la del 24 de marzo. Esa gran manifestación giraría en torno a la reivindicación de una democracia sin mafias. Tendría lugar pocos días después de que se conozcan los fundamentos de la condena en primera instancia. La gran tarea consiste en tratar de salvar y fortalecer la democracia.

Otro tema relevante en la semana fue la discusión alrededor de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación. El Presidente Alberto Fernández tuvo una respuesta inicial que mantuvo en el transcurso de los días: el planteo de la ilegitimidad de la decisión, de la recusación de los miembros de la Corte y el pedido de la que la sentencia sea revisada porque es de imposible cumplimiento. Además, ofreció bonos como medios de pago al mismo tiempo que anunció que enviará al Parlamento, para ser tratado en sesiones extraordinarias, una modificación del Presupuesto en el caso de que tenga que cumplir con el fallo de la Corte.

En la actualidad, si el Poder Ejecutivo aceptara el fallo de la Corte incumpliría la Ley de Presupuesto. Es decir: en nombre de la Ley estaría incumpliendo con la Ley. El Poder Ejecutivo podría ser acusado de malversación de fondos por utilizar partidas destinadas a otros fines, para hacer frente a la demanda judicial. Por lo cual, más allá de si es justa o no la sentencia de la Corte, el cumplimiento de lo que propone sólo puede producirse a partir de la generación de nuevos recursos que no signifiquen incumplir el Presupuesto y su asignación de partidas ya aprobadas por amplia mayoría en el Parlamento. ¿De dónde pueden provenir esos nuevos ingresos? De muchos lados. Por ejemplo, de un aumento de los impuestos al juego, de un gravamen a las Leliq que pase a ser cobrado por la Nación, de la aplicación del Impuesto a las Ganancias a los integrantes del Poder Judicial, entre otras iniciativas. En síntesis: el gobierno recusa a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, reafirma que es un fallo injusto y, para el caso de que sus iniciativas no prosperen, va al Parlamento nacional y pide una modificación del Presupuesto en el marco de la generación de los ingresos que le permitan al gobierno cumplir con la sentencia.

Por otro lado, no es cierto que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no afecte a las provincias. No existe un territorio nacional que no sea, a la vez, territorio de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo cual, toda redistribución de los recursos nacionales se realiza en detrimento de algunas de las partes y en beneficio de otras. La solución de fondo debería pasar por una estrategia sostenida de aumento de los ingresos. Pero en ese caso chocamos con una oposición que rechaza sistemáticamente gravámenes nuevos o aumentos de alícuotas de tributos existentes. La única alternativa que proponen es el ajuste: achicar el gasto público, privatizar, reducir las partidas para políticas sociales, bajar los “costos” laborales, volver a un sistema privado de jubilaciones, entre otros temas. Por el contrario, nosotros creemos que los nuevos recursos no deben originarse en el ajuste sino en los aportes de quienes tienen mayor capacidad contributiva.

Las múltiples acciones que se están desarrollando desde la AFIP y desde la Aduana para combatir la evasión, el contrabando y la sobrefacturación van en el mismo sentido puesto que redundan en mayores ingresos fiscales.

La coparticipación apunta a una redistribución solidaria de los recursos entre los distritos. Por lo cual, el argumento de que cada uno de ellos debe recibir de acuerdo a lo que aporta no parece el más adecuado. Si un distrito contribuye con un 30% y se lleva un 30% no hay coparticipación. En ese caso, se mantiene sin alteraciones las diferencias preexistentes entre distritos pobres y ricos. Por el contrario, la coparticipación intenta modificar esas diferencias: de allí que su objeto es que los estados más ricos y más prósperos aportan más de lo que reciben.

En un hecho seguramente sin precedentes, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) pidió que el Gobierno revise su decisión de no acatar el fallo de la Corte y manifestó su preocupación por la posición del Poder Ejecutivo que, según su perspectiva, supone “un quiebre institucional del sistema republicano”. Agrega que “argumentar que el fallo es ‘de imposible cumplimiento’, la adecuación de los fondos asignados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y solicitar la revocación del mismo, no solo carece de sustento práctico y legal, sino que implica vulnerar la división de poderes de nuestro sistema republicano”. Por lo tanto, la AmCham consideró “indispensable que el Ejecutivo Nacional revise su decisión, se enmarque en el alcance jurídico que dispone nuestra Constitución Nacional, y se focalice sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de los argentinos y contribuyan al desarrollo del país”.

Luego de este comunicado se conocieron las opiniones de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Foro de Convergencia, el Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), entre otras entidades.

Una Cámara que representa los intereses de empresas de otro país y que opina sobre la división de poderes, la vigencia de la constitución y los riesgos institucionales, entre otros temas, es de una gravedad inusitada.

En este escenario, la convocatoria de Cristina Fernández de Kirchner a una gran movilización en defensa de la democracia y contra las mafias es una tarea unificadora e imprescindible. 

* Diputado nacional por el Frente de Todos. Presidente del Partido Solidario.