Llegamos al final de un año cargado tanto de alegrías populares como de momentos muy duros para esas grandes mayorías. Un 2022 en el que el movimiento de derechos humanos, que es orgullo a nivel mundial, perdió a referentes insustituibles como Hebe de Bonafini, pero también mostró su vigencia esperanzadora en la continuidad de la recuperación de identidades de nietxs impulsada por las Abuelas.

El 2022 será recordado indudablemente, por supuesto, por la inédita manifestación de alegría colectiva de nuestro pueblo para recibir a la selección campeona del mundo. Esa celebración que recupera la autoestima popular no es bienvenida para los poderosos que promueven el individualismo y la lucha de pobres contra pobres. Pese a su esfuerzo por disimular el malestar, los dueños del poder no quieren al pueblo en la calle, ni siquiera en los festejos deportivos.

Pero este año también albergó un hecho que quedará en la historia como la condensación de los discursos del odio antipolítico, promovidos por los medios y las redes, convertidos en acto criminal. El intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre fue la manifestación material del objetivo que persiguen los dueños del poder real desde hacer años: la eliminación política de la figura central e indiscutida del movimiento popular argentino. Por eso, el magnicidio frustrado se completa con la vergonzante condena que busca la proscripción electoral de Cristina. 2022 es el año en que el Poder Judicial no oculta su estrategia de asumir la suma del poder público en representación de los poderes fácticos. La democracia tal cual la recuperamos en 1983 y la ampliamos a partir de 2003 está virando a un régimen despótico encabezado por cuatro personas que no fueron votadas por el pueblo y expresan el mandato del círculo rojo. Esa misma Corte, cuya mitad de sus miembros fue designada a dedo por Mauricio Macri y aceptó ser nombrada por decreto, es la que mantiene a la compañera Milagro Sala como presa política, la que acomoda sus fallos al calendario electoral, la que beneficia arbitrariamente a la jurisdicción más rica del país robándole los recursos a las provincias más necesitadas. Esa Corte es la cabeza putrefacta de un Poder Judicial que se muestra obscenamente conspirando junto a los responsables del espionaje macrista, funcionarios de Rodríguez Larreta y sus mandantes verdaderos, los empresarios más poderosos del país para quienes los poderes públicos siempre fueron “puestos menores” que se podían alquilar a su antojo.

Por eso, a 40 años de la recuperación de la democracia, es necesario, tal como lo ha planteado la vicepresidenta, refundar el pacto democrático ante el avance autoritario que amenaza con el peligro de una nueva década infame en nuestro país. Si no somos capaces de vencer la apatía y participar activamente en defensa de la democracia, ésta retrocederá ante la sincronización corporativa del poder que tiene eje central en el poder judicial, empresarial y mediático. Si este brazo duro de las corporaciones del poder concentrado decide qué leyes se deben cumplir y cuáles no, quién puede ser candidato y quién no, cómo se distribuyen los recursos públicos; si detienen a través de medidas cautelares toda política pública que intente poner freno a las ganancias desmedidas y los aumentos de precios, desaparece el principal sentido de la democracia que es el gobierno de la voluntad popular.

Por último, este 2022, fue un año en el que los sectores populares continuamos perdiendo poder adquisitivo frente a los grupos concentrados de la economía que se apoderaron de los resultados del crecimiento económico imponiendo el régimen de alta inflación que padecemos los ciudadanos de a pie. Si bien se logró impedir un golpe de mercado contra el actual gobierno que hubiera significado más penuria para nuestro pueblo, seguimos sin revertir el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares. La estaca de la deuda externa que dejó clavada en nuestra soberanía económica el gobierno de los ricos para los ricos sigue limitando el accionar del poder ejecutivo.

En 2023 necesitamos imperiosamente demostrarle a nuestro pueblo que un gobierno peronista se traduce necesariamente en mejores condiciones de vida para todos y todas. Esa es la única manera de que el acompañamiento electoral perdido en 2021 pueda ser recuperado por el Frente de Todos. Esto solo podrá ser realidad con la participación de nuestra militancia y nuestras organizaciones en las calles, en los barrios, en los lugares de trabajo, para luchar por una justa distribución de la riqueza, para terminar con la pobreza, la indigencia y el trabajo precario y por la defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores. Derrotemos la inercia hacia el desencanto que propugnan los sectores dominantes para luchar contra la mafia mediática judicial logrando una verdadera reforma, que termine con la impunidad del poder en la Argentina.

Desde la CTA, junto a todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas, de Derechos Humanos, convocamos a un 2023 de lucha en defensa de Cristina Fernández de Kirchner impidiendo su proscripción y exigiendo la anulación de la condena para impedir que vuelvan a gobernar el Neoliberalismo y las corporaciones, y en defensa de la democracia en Argentina y la región.

* Secretario General de la CTA-Trabajadores.