Desde el 22 de diciembre pasado, integrantes de las comunidades wichí de Misión Chaqueña y Misión Carboncito se encuentran acampando enfrente de un catastro que podría ser alambrado por su titular registral, Claudio Ferraris. La mayoría de los que protestan son mujeres y niños, según difundió el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.

Al igual que en Nochebuena y Navidad, se prevé que hoy a la noche la festividad del ingreso al año 2023 la pasen en el acampe que erigieron en el catastro que se encuentra entre ambas comunidades, separadas entre ellas por unos 10 kilómetros.

La situación podría terminar en los estrados judiciales y genera un gris en la normativa que contiene los reclamos de territorios de uso ancestral para las comunidades originarias.  

Ambas comunidades tienen sus propios catastros, entregados por la Iglesia Anglicana hace más de 20 años, antes de que se sancionara la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena. En medio de esas dos matrículas aparece la que tiene el número 16267, comprada por Ferraris por 57 mil dólares en octubre de este año, según aparece registrado en la información de la Dirección General de Inmuebles a la que pudo acceder Salta/12.

Balducho Villafuertes, uno de los voceros de la protesta, contó a Salta/12 que desde el 20 de noviembre hubo visitas de Ferraris a la zona conocida como La Picada indicando que había comprado esas tierras.

“Este hombre vino con su gente a hacer sus picadas aproximadamente en esa fecha y fue a verme a mi casa”, dijo Villafuertes al recordar ese encuentro con el comprador de más de 140 hectáreas.

Este intercambio habría sido para lograr una suerte de acuerdo de no agresión mientras se alambraban las tierras, una posibilidad a la que, según lo indicado por distintas fuentes, habría sido aceptada por otros dirigentes indígenas de la zona.

Fueron las mujeres las que decidieron entonces ir hasta el campamento para defender sus tierras, acompañadas algunas por sus hijos. “Para nosotras ni Navidad ni Año Nuevo existen porque no podemos festejar si nos van a quitar el alimento”, dijo a Salta/12 Fabiana Ibarra, de Misión Carboncito, al indicar que las tierras compradas por Ferraris son de uso de las comunidades para recolectar frutos del monte o criar animales.

“Pensamos en nuestros niños y niñas ¿Dónde van a vivir cuando crezcan?”, añadió al justificar las protestas que se iniciaron hace más de una semana.

Denuncias

Villafuertes afirmó que ya le llegó una notificación por la denuncia que le hizo Ferraris por el acampe. “Eso me llegó el 22 de diciembre”, contó. Los integrantes de la comunidad, en tanto, hicieron la denuncia respectiva al otro día de esta notificación.

Leonardo Pantoja, integrante de la Comisión Nacional de Investigación de Genocidio y referente de Misión Chaqueña, sumó que el otro denunciado en la comunidad, además de Villafuertes, es Florentino Gómez.

Pantoja afirmó que tras las asambleas en las cuales se decidieron los pasos a seguir se elevaron notas a la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al Defensor del Pueblo de la Nación. Pero al menos hasta ayer, no hubo respuesta alguna.

En un audio que se pudo conocer (dado que no respondió a los requerimientos para hacerle una nota), se escucha a Ferraris decir que si un juez determina que debe dejar de lado algún trabajo, lo hará, pero mientras tanto continuará con las acciones en sus tierras.

Villafuertes, en tanto, recordó que en aquel encuentro con el titular registral este dijo que llevaría “trabajo y desarrollo” a la zona. “Pero yo le dije que conozco ese progreso, que es solo para ellos”.