Desde el 6 de junio de 1999 sus familiares y amigos no pueden celebrar su cumpleaños porque el cabo de Gendarmería, Juan Sebastián Acosta le disparó en la cabeza con una bala hueca, prohibidas por la Convención de Ginebra. Acosta era jefe de personal de la empresa de seguridad privada SUAT, que cumplía servicio en el ferrocarril San Martín, en esos años concesionado a la empresa privada Trenes Metropolitanos S.A. Desde la empresa intentaron desde un primer momento deslindar su responsabilidad.

El 6 de junio de 1999 Ramón se dirigía a un asado para festejar el bicampeonato de su amado club Boca Juniors. El tren se detuvo antes de llegar a la estación William Morris. Entraron las fuerzas de seguridad privada golpeando a la gente que comenzó a descender por las vías uno por uno. Comprometido como siempre, Ramón esperó hasta ser el último. Cuando estaba por bajar vió que en el vagón del fondo un gendarme le estaba pegando a un pibe con la tonfa. Volvió y le dijo al gendarme: ‘No le pegues más al nene’. El gendarme le respondió “Callate vos negro de mierda. No te metas.” Empezaron a discutir y a tironear. Ramón y el nene pudieron saltar por la puerta del vagón. Ramón cayó sobre el niño protegiéndolo. El gendarme le disparó a Ramón en la cabeza, recibiendo el impacto de una bala hueca, muriendo prácticamente al instante. Acosta dijo que le tiró en legítima defensa pero luego el perito comprobó que él estaba arriba del tren y Ramón estaba abajo, agachado. La empresa negó la responsabilidad del personal de seguridad ya que tenían prohibida la portación de armas.

Un año y siete meses después, durante el juicio, el joven al que Sugus defendió relató los acontecimientos. Acosta fue condenado a diez años de prisión domiciliaria hasta que la Cámara de Casación de La Plata dictara sentencia firme. El presidente del Tribunal, Federico Domínguez, demoró la definición más de cuatro años e ignoró los pedidos de audiencia de Lilia Saavedra, madre de Ramón, quien llegó a encadenarse en la puerta de su oficina. Domínguez consideró que el asesino debía quedar en libertad por cumplir todos los términos legales, por lo que nunca cumplió su condena en la cárcel.

En 2007, Lilia Saavedra creó la Fundación VEI (Vidas en Interacción para el Desarrollo de la Comunidad) para asesorar a víctimas de gatillo fácil y colabora con clubes barriales de fútbol donde acuden niños y adolescentes de sectores humildes, tanto de Capital Federal como de la provincia de Buenos Aires.

Desde 1999, todos los 6 de junio, familiares, amigos y organismos de Derechos Humanos se reúnen frente a la estación William Morris, donde hace unos años colocaron una placa alusiva y plantaron un árbol en honor a Sugus. En una entrevista Lilia Saavedra comentó que “seguimos homenajeando su memoria. En William Morris hay muchos Sugus y ni siquiera fueron mencionados por medios locales. La lucha es colectiva, por todas las víctimas, hayan tenido juicio o no. Pedimos justicia, queremos saber por qué mataron a nuestros hijos y los homenajeamos para tener la memoria activa”. Y agregó que: “La estigmatización que tienen hacia la población más vulnerable es muy grande, y hace que te lleven preso o te maten. Necesitamos que sea tratado como crimen de Estado y que las estadísticas no sean sólo de las víctimas. Queremos el dato de los integrantes de fuerzas de seguridad que están imputados, exonerados o condenados. Las madres podemos estar muy dolidas pero jamás vencidas. Mientras haya un chico asesinado, vamos a estar ahí”.

Ramón es uno más de la larga lista de jóvenes racializados que es asesinado por miembros de las fuerzas de seguridad. Durante el acto de señalización Lilia Saavedra sentenció: “La violencia institucional es racismo”.

La organización Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) realizó un video junto a la Fundación VEI y familiares donde resaltaron que: “La violencia institucional es toda práctica estructural de violación de derechos por parte de las fuerzas pertenecientes al Estado. Quiénes deberían velar por nuestra seguridad son los mismos que cometen los crímenes más atroces. Es necesario que estas violaciones a los Derechos Humanos sean catalogadas como tales: Crímenes de Estado en democracia, considerando también el agravante del perfilamiento racial que tiene la brutalidad de las fuerzas de seguridad. No existen hasta ahora estadísticas que permitan generar políticas públicas para parar el flagelo del racismo”.

Sobre el proyecto de Ley integral contra la violencia institucional, Lilia Saavedra realizó las siguientes propuestas en las reuniones de comisión para ser incorporadas a la misma:

1. Los hechos de violencia institucional donde estén involucradas las fuerzas de seguridad deben ser tratados como crímenes de Estado en democracia, considerando el agravante del perfilamiento racial. No existen hasta ahora estadísticas que permitan generar políticas públicas para parar el flagelo del racismo.

2. Las causas no pueden prescribir.

3. Patrocinio legal y gratuito para las víctimas y sus familiares.

4. Un teléfono de contacto de tres dígitos, gratuito y federal, disponible las 24 horas y los 365 días del año para recibir denuncias. También permitiría ir elaborando estadísticas sobre los casos de violencia institucional.

5. Las condenas deben ser de cumplimiento efectivo y en cárcel común.

6. Democratización de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo a la sociedad civil y a organizaciones sociales ocupadas en la temática y teniendo en cuenta que el principal requisito es la formación y compromiso en la defensa irrestricta de los Derechos Humanos.

7. Incluir dentro de la currícula de la carrera de estudio para todas las fuerzas de seguridad la formación educativa en materia de Derechos Humanos.

8. Pronta democratización y reforma de la justicia para cambiar perspectivas clasistas y racistas, que se ven reflejadas en los fallos y en el accionar de las fuerzas.

9. Condenar a los medios de comunicación en todos sus soportes que criminalizan, falsean, desinforman, mienten u operan a favor de los responsables o de jueces cómplices.

El acto realizado el 30 de diciembre se enmarca en la Ley 26.811, promulgada en 2013, que instituye el 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional” con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad y dispone para cada uno de los parajes donde se hubieren perpetrado hechos de violencia institucional una señalización que lo determine como tal, acompañada de una leyenda alusiva de repudio de los hechos que allí sucedieron.

La señalización en memoria de Ramón “Sugus” Santillán fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con el acompañamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Derechos Humanos de Hurlingham. En el acto, además, estuvieron presentes integrantes de Madres en Lucha junto a otras organizaciones sociales y de derechos humanos de Hurlingham y Zona Oeste.