La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Salta, junto a otras organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual pintaron un mural y realizaron un pañuelazo el viernes último, en el marco del segundo aniversario de la sanción de la ley N°27.610. Pese a la legalidad obtenida para la interrupción voluntaria del embarazo, aún persisten los reclamos en la provincia por la efectiva implementación en el sistema de salud pública y privada, y para que cubran el servicio las obras sociales. 

Militantas que integran la Campaña; la red LGBTIQ+; La Fuerza de las Mujeres; Mujeres Trans Argentina (MTA); Fuerza India; MILES y La Cámpora se encontraron pasadas las 18. 30 en la avenida Mar Blanco 41, entre los barrios Pablo Saravia y San Remo para pintar un mural con el fin de visibilizar la ley y darle difusión en los sectores populares.

"La idea es visibilizar la ley, abrazarnos, encontrarnos, y decirles a todas, a todes que estamos para nosotras, que seguimos en la lucha, que pedimos la plena implementación", dijo a Salta/12 la referenta de la Fuerza de las Mujeres y miembra de la Campaña, Sofía Fernández.

Aranza Zu, también militanta de la Campaña por el Derecho al Aborto en la provincia, dijo que se reunieron en el marco del festejo por los dos años de la ley que fue un "gran triunfo del movimiento feminista, de mujeres y disidencias". Señaló que tras la obtención de la legislación, ahora se transita una segunda etapa, que es la implementación, y en este punto  "hay una gran desigualdad en el país y en la provincia de Salta". 

Las militantas señalaron la desigualdad territorial de acceso a la ley. "No es lo mismo abortar en la urbanidad que en pueblos originarios, y campesinos", enfatizó Fernández. 

En el mismo sentido, Aranza indicó que hay localidades de la provincia donde no hay efectores de salud que realicen los abortos legales y voluntarios. Además, contó que hay hospitales del interior que no garantizan la práctica, y aunque deben trasladar a sus pacientes al Hospital Materno Infantil "no siempre las derivaciones se hacen de manera correcta y rápida". 

Recordó asimismo que aunque haya profesionales objetores, los hospitales deben garantizar el acceso a la ley. "No debe haber objeción de conciencia a nivel institucional, solo puede ser a nivel personal. Solo puede darse en la práctica (del aborto) en sí. Ni la persona que te recibe, ni la que te da el turno, en toda esa cadena no está contemplada la objeción, hay gente que igual obstaculiza", advirtió.

Aranza Zu dijo que cuando haya obstaculizaciones a ley del aborto es necesario denuniciarlas a la línea 0800- 222-3444 de salud sexual y reproductiva. Mediante ese teléfono también se pueden solicitar turnos y acceder a la IVE. Asimismo, explicó que las demoras mayores a los 10 días son ilegales. "Es muy necesario denunciar estas irregularidades para que tomen cartas en el asunto los gobiernos provinciales", sostuvo.

Además, según explicaron las referentas, en Salta Capital la IVE se garantiza de forma ambulatoria solo en siete salitas de primer nivel de atención. Aranza dijo que el Hospital Materno Infantil asiste solo los abortos en el segundo semestre de embarazo. 

Por otro lado, advirtieron que el Hospital Papa Francisco, que en la pandemia se abocó a la covid, "hoy no tiene ningún profesional que garantice el aborto". Esta institución se encuentra en la zona sudeste de la ciudad de Salta donde se ubican también los barrios más postergados.

Este año referentas de distintas organizaciones se reunieron con el ahora exministro de Salud, Juan José Esteban. "Hemos planteado nuestros reclamos, en algunos se ha avanzado, en otros no", dijo Aranza. En estos días asumió un nuevo ministro, Federico Mangione, a cuya gestión corresponderá garantizar la IVE. 

Aranza Zu deseó "Que este tercer año se puedan suplir estas dificultades, y que en cada localidad haya un profesional que garantice o que se efectúen las derivaciones como corresponden".

"Otro obstáculo" para la implementación efectiva es la "escasa difusión de la ley en la provincia", añadió. "Es dificil exigir un derecho que no se conoce. Recientemente la provincia sacó un número local y unos afiches con código QR, igual consideramos que (la difusión) sigue siendo escasa. Pedimos que la difusión sea en diferentes plataformas, que contemple la interculturalidad y distintas lenguas en la provincia, que sea accesible y entendible para toda la población", demandó.

Fernández también explicó que en la provincia no se accede de manera igualitaria a los derechos en general y en particular en lo que refiere a la tecnología y la comunicación. "Hay lugares donde todavía no llegamos", dijo respecto a la información sobre la IVE. Por ello exigió que se difunda institucionalmente con perspectiva de interculturalidad y de discapacidad, refiriéndose a la necesidad de que se comunique en lenguas originarias y en lenguaje de señas y braile.

Otro problema para la efectivización del derecho al aborto es la "escasez de profesionales que garantizan la práctica", indicó Aranza. Resaltó que la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir viene garantizando "amorosamente" el acceso al aborto desde que solo se contaba con la posibilidad de la ILE mediante el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un protocolo para la interrupción legal del embarazo por causales. Sin embargo, dijo que las profesionales, están muy solas en las salitas y que "faltan equipos interdisciplinarios".

"Estamos tratando de articular con el Estado, para garantizar el aborto legal", sostuvo Fernández. Se refirió a la necesidad de que se garantice también lo que establece la ley en cuanto a la asistencia en el pre y post aborto. 

Criminalizadas

Fernández reclamó el cese de la criminalización "a las compañeras que garantizan derechos como así también a aquellas que deciden ejercerlos". 

"La derecha de algún modo arremete con el Poder Judicial, así intentan disciplinarnos. Esta es una forma de mostrarles que estamos juntas, unidas y en defensa del derecho que supimos conquistar entre todas y todes", expresó.

Fernández señaló que pese a que el aborto es legal, en Córdoba hay cuatro mujeres socorristas criminalizadas por acompañar una interrupción del embarazo domiciliaria. Dos fueron imputadas por el ejercicio ilegal de la medicina y las otras dos, por encubrimiento. Dijo que desde Salta exigen "la despenalización a las compañeras".

En Salta recién este año fue absuelta la médica Miranda Ruiz, de Tartagal, quien había sido imputada en 2021 luego de garantizar el acceso a la interrupción del embarazo a una paciente. 

También otra médica de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y profesional del Hospital Materno Infantil fue hostigada por el ex diputado ultracatólico y de derecha Andrés Suriani. Finalmente la jueza Gisela Centeno ordenó al legislador abstenerse de ejercer actos de violencia psicológica en medios de comunicación, redes sociales y cualquier otro medio, que afecte la libre elección, la dignidad y la imagen de la profesional. Además hubo una confirmación de ese fallo en casación.

Fernández dijo que hubo "38 casos en Argentina en los que se ha tratado de ir para atrás con la ley, de penalizar a las personas que garantizaron derechos y a las que accedieron" a la IVE. Por ello, manifestó que también están pidiendo "la libertad de las presas por abortar". Dijo que son alrededor de 137 en el país. "Los sectores conversadores actúan desde el Poder Judicial para que no podamos acceder a ese derecho", consideró.

Más demandas


Las obras sociales son identificadas como otro aspecto que limita el derecho. "Hay obras sociales que están garantizando el aborto, otras que no. Lo deben garantizar, lo dice la ley. Algunas plantean que no hay un listado de médicos, cuestiones que no son reales, o alegan desconocimiento o te mandan al hospital. La idea es que las obras sociales garanticen los abortos para no sobrecargar a los hospitales", explicó Aranza.  

Las militantas de la Campaña explicaron que "siguen faltando capacitaciones para que todo el personal de salud esté sensibilizado en el tema, sepa como abordarlo para no generar violencias institucionales". 

Una de las demandas es que los médicos y las médicas se capaciten en la técnica AMEU (aspiración manual endouterina), que es "sencilla y ambulatoria" y se puede implementar en las personas a las que no les funciona el método con misoprostol. 

"Tambien nos parece importante que el estado empiece a producir Mifepristona (...), abortar sin dolor es politico también", dijo Aranza. Explicó que esta droga detiene el proceso del embarazo, y aumenta la absorción de misoprostol, por lo que el porcentaje de efectividad es mayor y posibilita que sea menos doloroso. 

Además, advirtió que el legrado está desaconsejado, porque es una práctica violenta, invasiva y obsoleta, que requiere internación y aumenta los costos y el sufrimiento. "Se sigue aplicando porque hay desconocimiento de la práctica (del aborto). Es importante que en las facultades de medicina se implementen en las currículas los métodos para abortar. Muchas veces hemos sido las feministas las que hemos enseñado a médicos como usar el misoprostol porque es un tabú, es una lucha cultural la que hay que dar en el sistema de salud", sostuvo. 

En Salta se implementó una cátedra libre de aborto pero en la Facultad de Humanidades de la Universidad pública. Aún no existe en la Facultad de Ciencias de la Salud ni en la carrera de Medicina.

Por último desde la Campaña hicieron un llamado a quienes quieran sumarse a este espacio para activar que se garantice la ley en cada territorio. Las y les interesades pueden contactarse por instagram a @campaabortosalta o por facebook con Campaña por el derecho al aborto_Salta.