La defensa de los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó suspender el desarrollo del juicio en dos oportunidades durante la primera audiencia del debate. Lo hizo mediante la presentación de distintos pedidos de nulidad del proceso, que fueron rechazados unánimemente por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, a cargo del juicio. Desde la querella y la Fiscalía manifestaron que los pedidos formaron parte de una estrategia para "dilatar" y "entorpecer" el debate.
El primero de los pedidos de nulidad formulado por el abogado Hugo Tomei, que encabeza la defensa de los acusados, estuvo basado en un requerimiento que el letrado ya había presentado sin éxito ante la Justicia de primera instancia y ante la Cámara de Apelaciones. El abogado sostiene que durante las primeras horas posteriores al crimen no se cumplió con el debido proceso a la hora de imputar a los acusados. Tomei aseguró durante la jornada del lunes que ese procedimiento fue una "imputación express" ya que las audiencias duraron 25 minutos en total para todos los acusados a los que no se les habría brindado información clara sobre los hechos imputados.
Tras un cuarto intermedio de cerca de una hora, el TOC finalmente decidió por unanimidad rechazar el pedido al señalar que la defensora oficial que hasta el momento estaba a cargo de la representación de los acusados "les informó de forma clara sobre los hechos atribuidos". Además, sostuvo que los pedidos de nulidad ya rechazados por dos instancias "no pueden ser reeditados infinitamente con idénticos argumentos".
Ante esto, Tomei volvió a la carga y presentó un nuevo pedido de nulidad argumentando en este caso que en la acusación de premeditación de los hechos "no se dice qué conducta tuvo cada uno" por lo que "no se puede probar que se pusieron de acuerdo". Luego de otro cuarto intermedio, el TOC volvió a rechazar el pedido al asegurar que la acusación plantea "tiempo, modo y lugar de manera clara y precisa". Entre los dos pedidos de nulidad el inicio del debate se demoró unas cuatro horas, por lo que el abogado de la querella, Fabián Améndola, aseguró que se trató de "una manera de entorpecer el debate y dilatarlo".
