Hace unas semanas circuló un informe de la CIPPEC que afirma que el 40 por ciento de los jubilados y pensionados, un total de 3,7 millones de beneficiarios, corresponden a “beneficios especiales”. Con lo cual, habiendo 3,3 millones de beneficios de los Planes de Inclusión Jubilatoria sobre un total de poco menos de 7 millones, aquellos que obtuvieron un beneficio a través de una moratoria, serían equiparables a los jueces y al servicio exterior, por ejemplo.

Lo interesante es que dicho informe sostiene que la seguridad social es “insustentable” por culpa de los “regímenes especiales”, algo muy similar a lo que el gobierno está estudiando para achicar un 2,5 por ciento del PBI, en su acuerdo con el FMI. Pero ni la CIPECC, que trabaja para la oposición, ni el gobierno supuestamente nacional y popular, hablan de las jubilaciones de los jueces, ni de las pensiones que cobran los Obispos y Arzobispos, sino que se refieren a las de los docentes, científicos y demás regímenes que por su especificidad aportan más, se jubilan antes y, en ciertos casos, cobran un haber a penas por encima del régimen general.

Aclaremos que la “sustentabilidad” de la seguridad social es una decisión política y no económica, ya que el Poder Judicial no es sustentable, las FFAA no son sustentables, el Poder Ejecutivo no es sustentable, ya que ninguno genera recursos. La sustentabilidad depende del interés que el gobierno tenga en dirigir recursos a determinada política estatal y, los que consideramos que la seguridad social es la mejor y más equitativa manera de distribuir la riqueza, creemos que un gobierno que desea construir un país justo, equitativo y solidario, debe invertir más en seguridad social.

Sería muy extenso explicar que, lo que el FMI quiere y tanto oposición como gobierno le están pretendiendo dar, es la continuidad de lo que el gobierno de Macri comenzó con las Leyes de Reparación Histórica y Reforma Previsional, llevando al sistema previsional al propuesto por la OIT, el Banco Mundial y el FMI, con una pata no contributiva, otra contributiva de una tasa de sustitución muy baja y un régimen de capitalización, para los que más ganen, tal como tienen Chile, Perú, Colombia y México, entre otros.

Nos avocaremos a mostrar que, si la decisión fuera hacer “sustentable” la seguridad social, para el gobierno sería muy sencillo:

Desde 1993, en por la baja de cargas sociales, se pierde el 2,99 por ciento del PBI que corresponde a los recursos de la seguridad social, con sólo aumentar esas cargas sociales, ya superarían el 2,5 por ciento que le prometieron al FMI. El más aberrante de esos privilegios corresponde a los servicios audiovisuales. El grupo Clarín, a través de una triangulación con el IVA, no paga un peso en contribuciones patronales, al igual que La Nación.

Otros privilegios son los que tienen los que tributan ganancias a descontar algunos gastos insólitos y que los terminan pagando a través de tributos, los más vulnerables. Para este año, esas sumas alcanzarán el 2,64 por ciento del PBI. Falta, por si fuera poco, el privilegio de los que no tributan ganancias: Jueces y Fiscales de la Nación, que por supuesto no se verán afectados por los recortes en favor de la “sustentabilidad”.

El tema es muy sencillo, se puede hacer sustentable la seguridad social haciendo que la sustenten los ricos, o que la sustenten los pobres. La decisión es política, por supuesto.

* Especialista en materia previsional.