La Corte Suprema arrancó el año con el pie izquierdo. El presidente Alberto Fernández y once gobernadores pidieron el juicio político de sus cuatro integrantes por mal desempeño de sus funciones. En la presentación que deberá ser analizada en la Cámara de Diputados, la Casa Rosada sostuvo que los supremos incurrieron en prácticas mafiosas, avasallaron la autonomía de los otros poderes y dictaron fallos para favorecer a quien será su candidato para las próximas elecciones presidenciales —Horacio Rodríguez Larreta—. 

La decisión de impulsar la remoción de los cortesanos se empezó a estudiar después del fallo con el que beneficiaron a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos coparticipables y después de largas semanas en las que el tribunal jugó al ajedrez con la conformación del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y sancionar a los jueces. Sin embargo, lo que terminó catapultando el pedido de destitución fue la filtración de unos chats atribuidos al principal asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que terminó pidiendo licencia en su cargo a raíz del escándalo.

Rosatti —llegado a la Corte Suprema en 2016 a través de un decreto del entonces presidente Mauricio Macri y con el apoyo de Elisa Carrió— fue el principal destinatario del pedido de juicio político que firmaron el Presidente y los gobernadores. Pero no fue el único. La solicitud incluye al otro juez ingresado al tribunal durante el macrismo, Carlos Rosenkrantz, y a otros dos que vienen de administraciones anteriores —Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti—.

“Hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes. Ello ha ocurrido principalmente por los hechos y las acciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvieron en la presentación. “Existe una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta”, agregaron.

El pedido de juicio político lleva las firmas del Presidente y de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). 

Inicialmente había trascendido que el entrerriano Gustavo Bordet apoyaba la iniciativa. Sin embargo, desde su entorno se ocuparon por aclarar que no firmaba ni estaba de acuerdo. En la Casa Rosada, masticaban bronca y replicaban que había participado de la reunión en la que decidió el plan de acción y nunca hizo saber su desacuerdo.

El pedido de Fernández y de los gobernadores deberá ser analizado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard. Para empezar con el tratamiento, se requiere que se convoque a sesiones extraordinarias y que se incluya el tema. En las próximas horas, el Presidente podría estar firmando el decreto, comentaban en la Casa de Gobierno.

La oposición ya hizo saber que se abroquelará en defensa de los supremos, particularmente de Rosatti. Lo curioso de la defensa a ultranza es que en algún momento el macrismo solía referirse —con desdén— a tres de los actuales cortesanos como “la mayoría peronista” o Carrió tenía como hobby presentar pedidos para remover a Lorenzetti.

“La connivencia entre Juntos por el Cambio y esta Corte Suprema lamentablemente no es ninguna novedad”, responde a Página/12 el ministro de Justicia Martín Soria. “La reciente filtración de conversaciones que comprueban la relación promiscua entre la Corte Suprema y el Gobierno de la Ciudad es el corolario de un proceso de degradación del Poder Judicial nunca antes visto en nuestra historia democrática”, dice.

El cesarismo de Rosatti

La presentación del gobierno hace foco en Rosatti, quien desde 2021 ocupa la presidencia de la Corte. Llegó a ese cargo gracias al voto de Maqueda, Rosenkrantz y su propio voto —algo que recuerda a las prácticas de la Corte menemista, le enrostró Lorenzetti—. A las pocas semanas, el tribunal revivió una ley que no estaba en vigencia desde 2006 para cambiar la conformación del Consejo de la Magistratura. La primera consecuencia de ese fallo fue entronizar a Rosatti como presidente del organismo. Para el gobierno, esas maniobras desnudan la “vocación cesarista” del supremo.

Rosatti desembarcó en la Corte acompañado por Silvio Robles, su hombre de confianza, su vocero y el director general de su vocalía. En los últimos días, Robles terminó ocupando páginas de diarios después de que se filtraran conversaciones que habría mantenido con D’Alessandro en las que se mencionaban los temas más candentes en la Corte —la Coparticipación y la banca que está en disputa en el Consejo de la Magistratura—. D’Alessandro dio explicaciones que pueden ser tomadas como contradictorias: dijo que fue hackeado y después alegó que los chats fueron alterados.

Para el gobierno está claro que Robles y D’Alessandro mantienen una amistad de larga data. En plena discusión por la coparticipación, ambos asistieron a un cumpleaños en el hotel Four Seasons. Ese festejo compartido motivó un pedido para que Rosatti se apartara del caso teniendo en cuenta la proximidad de su mano derecha con el ministro que representaba los intereses de la Ciudad ante la Corte, pero nada sucedió.

El Presidente y los gobernadores también mencionaron los vínculos que tendría Robles con el PRO a través de su pareja o expareja, Laura La Torre, quien trabajó en Farmacity bajo las órdenes de Mario Quintana y, según la presentación, habría sido subsecretaria de Relaciones Internacionales e Institucionales del Gobierno de la Ciudad y habría ocupado cargos también en la Vicejefatura de Gabinete y el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Macri.

Si bien Rosatti concentró los cuestionamientos, a Rosenkrantz y a Maqueda los acusaron tanto por los fallos sobre el Consejo de la Magistratura como por la cautelar en favor de Larreta. En el caso de Lorenzetti, las críticas se circunscribieron a esta última decisión. Lorenzetti llegó a la Corte Suprema a partir del proceso de renovación que encaró Néstor Kirchner en 2003. Desde entonces, dos ministros fueron destituidos —Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano— y otros tres renunciaron ante la inminencia de una decisión del Congreso —Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López—. Son datos que en el mundo político se miran aún sabiendo que el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios necesarios para forzar la remoción de alguno de los cortesanos.