El 26 de diciembre el gobernador Gustavo Sáenz designó como presidente del directorio de la empresa prestataria del servicio de agua potable Cosaysa SA, Aguas del Norte, al entonces diputado provincial Ignacio Jarsún, uno de sus aliados indiscutidos y exintendente de Rosario de Lerma durante el período 2015 a 2019. El nombramiento se dio en medio de la emergencia hídrica, declarada el 2 de diciembre, a causa de la escasez de agua en todo el territorio de la provincia de Salta.

Jarsún asumió luego de que el ahora expresidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, tomara posesión del cargo como secretario de Justicia, después de que asumiera la cartera Marcelo Domínguez. García Salado estuvo al frente de la empresa desde el inicio del gobierno de Sáenz y venía recibiendo fuertes críticas durante toda su gestión. 

En diálogo con Salta/12, el actual presidente de Aguas del Norte aseguró que se encontró con una "empresa deficitaria" que "gasta más de lo que recauda". "Necesita sí o sí la ayuda de la provincia porque si no, no hay posibilidades de brindar el servicio", expresó. En ese sentido, dijo que la empresa mantiene una tarifa congelada desde 2019, y que esto tiene que ver "con el mal servicio que se viene prestando", lo que deriva en que en la actualidad "tampoco se le pueda incrementar al usuario". 

Sin embargo, en diciembre 2021 el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia de Salta (Enresp) comunicaba que desde enero 2022 se autorizaba el incremento de un 28,79% en las facturas del servicio de agua potable. 

Para Jarsún, Aguas del Norte tendría que ser una empresa autosuficiente que "debería recaudar lo que gasta". "Hoy la provincia tiene que enviarle fondos (a la empresa) para pagar sueldos", destacó a modo de ejemplo, señalando que en un año se incrementó más del 100% ese monto, que pasó de 60 a 130 millones de pesos a fines de 2022. "Todo se va actualizando y sí o sí, necesitan el apoyo de la provincia", reiteró. 

Jarsón dejó entrever que no tiene en vista un pedido de incremento en las tarifas y tampoco planea reducir ni aumentar la planta de operarios ya que consideró que "está bien" el número de trabajadores que actualmente trabajan en la empresa. "Hay que optimizar lo que tenemos" para no generar más gastos, afirmó. 

A modo de ejemplo, contó que un ingeniero que estaba "parado" en San Antonio de los Cobres fue enviado a Tartagal, en el departamento San Martín, para colaborar en uno de los municipios que no tienen agua potable desde hace 25 días. Aún así, reconoció que los mismos operarios tampoco cuentan con los insumos suficientes para realizar sus tareas. "Esperamos que tengamos mejoras en todos los sentidos", deseó. 

En 2009 el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey rescindió el contrato con la firma Aguas de Salta y constituyó -a través del decreto 2195/09- Cosaysa, una sociedad anónima en la que el gobierno tiene el 90% de su capital. 

Un lento plan de obras 

En julio del año pasado el gobierno de Salta anunció el Plan Federal de Obras de Agua y Saneamiento, compuesto por 218 obras para todo el territorio provincial. En septiembre, se conoció que ese número se incrementó a 233 proyectos de agua y saneamiento, con una inversión de $14.700 millones. 

Sin embargo, Jarsún reconoció que existen obras de ese mismo plan que no se han puesto en marcha, ya sea porque no se llamó a licitación o porque el llamado quedó desierto. También afirmó que "El Enhosa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) no está haciendo todo lo que iba a hacer y la provincia se está poniendo al hombro estas situaciones". 

Dijo que por ello desde que asumió se dispuso un orden de prioridades para realizar algunas obras. Entre ellas están la creación de dos pozos de agua para Tartagal, el territorio más afectado por la escasez en toda la provincia. 

Esto se debe a que desde hace casi un mes y medio el dique Itiyuro tiene una baja pronunciada en el nivel de agua debido a la sequía. Según el gobierno de Salta, se trata de la "más severa de los últimos 50 años, producto de una reducción importante de los caudales del río Caraparí y la sequía que afecta a la provincia y gran parte del país". 

Si bien el Itiyuro es la principal fuente de agua de la prestataria Aguas del Norte para Tartagal, General Mosconi y Aguaray, la empresa no actúa en todo el territorio salteño, actualmente provee de agua potable sólo a 92 localidades y 8 parajes -más de 1.000.000 de personas–, y presta asistencia técnica al resto de las localidades de la provincia.

No obstante, a la baja del caudal en el dique Itiyuro se sumó el mal estado del agua para consumo humano. Esto provocó que, desde hace 25 días las familias tengan que abastecerse con agua distribuida a través de camiones cisternas. Jarsún dijo que hasta ayer estaban esperando resultados de laboratorios para saber si el agua provista desde el dique podía ser nuevamente apta para consumo. "Desde la empresa pusimos todo a disposición para que eso sea posible", aseguró. 

A raíz de la situación, se conformó un Comité de Emergencia Hídrica, que habilitó de manera presurosa, para que se dispongan 25 camiones en Tartagal; 14 camiones y 6 camionetas para General Mosconi, y 7 camiones y 4 camionetas para Aguaray. Aún así, las familias tartagalenses denunciaron la demora en la entrega del agua bajo esta metodología, señalando además que afecta principalmente a comunidades indígenas que se encuentran distantes del centro de Tartagal. 

La situación se torna más preocupante si se tiene en cuenta que tanto San Martín como Orán y Rivadavia, son departamentos que desde 2020 están en emergencia sociosanitaria a raíz de las muertes de niños y niñas indígenas por desnutrición. Uno de los principales reclamos es por la falta de agua potable. "El agua tiene que ver con la salud y desde el lugar donde estoy sabemos que tenemos que mejorar el servicio", expresó el presidente de la empresa. 

Otras obras que se pusieron como prioritarias son la construcción de pozos en El Quebrachal (Anta), General Güemes y Capital, este último en el barrio Tres Cerritos. En el caso particular de la capital salteña, los reclamos son permanentes y llegan continuamente desde la zona norte, oeste y este alta, donde se pide la ampliación de la red de agua potable y el recambio de cañerías. 

El año pasado García Salado reconoció que el 50% del agua potable en la capital salteña se perdía por la rotura en las cañerías. Esta infraestructura no tuvo ninguna mejora desde hace más de cuatro décadas, a la par que hubo un crecimiento poblacional. 

En ese sentido, Jarsún afirmó: "los recursos nunca son suficientes". "Vivimos en una provincia pobre comparada con otras", añadió en referencia a la baja coparticipación. "Está la decisión política de que Aguas del Norte tiene que reflotar y tengo el apoyo del gobierno para hacerlo sabiendo que se harán esfuerzos extras para lograrlo", aseguró.