El juez federal Nº 1 de Salta, Julio Bavio, procesó al exguardiacárcel Vicente Agustín Puppi como partícipe secundario de las vejaciones infligidas a 11 personas detenidas por razones políticas que fueron luego asesinadas en la conocida como Masacre de Palomitas, el 6 de julio de 1976. 

En una resolución del pasado 29 de diciembre el juez ordenó la prisión preventiva de Puppi, pero dispuso que siga en libertad "hasta la etapa del plenario". También le trabó embargo por $1.500.000. Este proceso es escrito, porque se sustancia de acuerdo al viejo Procedimiento en Materia Penal de la Nación, vigente al momento de los hechos. 

Por otro lado, en la misma resolución el magistrado cerró el sumario respecto del exguardiacárcel Víctor Manuel Rodríguez, y ahora el caso pasa a otro juez para que dicte sentencia. Bavio dispuso además que continúe la investigación sobre el militar retirado Luis Dubois y el también ex guardiacárcel Juan Salvador Sanguino. 

La matanza de Palomitas es uno de los hechos que fue parte de la acusación en el Juicio a las Juntas en 1985. Once personas que estaban en la cárcel de Villa Las Rosas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y con conocimiento del juez federal Ricardo Lona (fallecido), fueron sacadas del penal con la excusa de que iban a ser trasladadas a una cárcel de mayor seguridad pero fueron acribilladas en el camino. Luego las autoridades militares, con la anuencia de las otras, aseguraron que un grupo de guerrilleros había intentado liberarlas y se había generado un tiroteo durante el cual huyeron ocho detenidos y detenidas. 

La justicia ya probó que esta versión oficial fue una mentira y que las once personas detenidas fueron asesinadas a tiros al costado de la ruta nacional 34, en el paraje Las Pichanas de la localidad de Palomitas. El testimonio del ex policía José Michel, que para el momento del hecho cumplía funciones en la Comisaría de General Güemes y fue comisionado para custodiar la camioneta Ford usada junto a otros dos automóviles para simular el enfrentamiento, da una idea de la violencia del ataque de los golpistas. 

Michel recordó que cuando llegó al lugar del hecho la camioneta todavía estaba incendiándose. "El personal militar estaba provisto de armas largas, como FAL, PA 3 e Itaka de caño corto", contó; dijo que luego recogieron 200 cápsulas servidas y en el interior de un automóvil Torino observaron "abundante salpicaduras de sangre" y restos humanos. Y afirmó que por lo que vio el Torino y la Ford las personas que iban en esos vehículos fueron acribilladas ahí mismo.

Otro policía de General Güemes, Ricardo Arquiza, dijo que cuando llegó la camioneta todavía se incendiaba y al lado del Torino había un camión del Ejército "con personal de esa fuerza que se movilizaba a su alrededor portando armas largas, el que luego de unos minutos partió en dirección a Tucumán, que el Torino estaba acribillado por todas partes", vio restos humanos pero no vio ningún cadáver y por comentarios supo que "momentos antes se habían levantado los cuerpos". Luego las autoridades militares iban a decir que los ocho "fugados" habían caído en enfrentamientos en puestos de control de Jujuy y Tucumán. 

"Obró con el  dolo de cómplice"

Con el grado de auxiliar del Servicio Penitenciario de Salta, Puppi cumplió funciones en la guardia de seguridad interna de la Unidad Carcelaria Nº 1 de la ciudad de Salta entre enero de 1976 e igual mes de 1977, y la noche del 6 de julio de 1976 estuvo y participó del retiro de las 11 personas detenidas después asesinadas en Palomitas, a más de 60 kilómetros de la capital provincial.

En el operativo de retiro de los seis hombres y cinco mujeres asesinadas en Palomitas, Puppi fue reconocido por el detenido Julio Raimundo Arroyo, que lo vio junto al inspector subalcaide Luciano Rodríguez; al jefe de Seguridad Interna del penal, Napoleón Soberón; al inspector Víctor Rodríguez y a otro celador de apellido Cussi. 

Arroyo contó que entre las 19.30 y las 20 del día de la masacre, cuando limpiaba la planta de presos políticos, con la supervición de Puppi, que era el encargado de la vigilancia de la planta, llegó Luciano Rodríguez y le ordenó al celador que encerrara a todos. Entonces se apagaron las luces del pabellón D y cerraron las mirillas de las puertas de las celdas. Sin embargo, en su celda Arroyo tenía algo de visión porque alcanzó a trabar la mirilla antes de que la cerraran totalmente. Así vio a los agentes penitenciarios cuando tras un descanso regresaron y comenzaron a sacar a los presos políticos varones. "Primero desde su celda lo sacan a (Benjamín) Ávila", contó cuando pudo declarar sobre estos hechos. Luego sacaron a Roberto Oglietti, a José Povolo, Rodolfo Usinger, Alberto Savransky y a Pablo Outes. Arroyo recordó que vio pasar a dos de estos detenidos "encapuchados y con las manos hacia atrás".

En la indagatoria Puppi reconoció que estuvo en el penal el 6 de julio de 1976 pero negó haber participado del retiro de los que iban a ser asesinados aduciendo que esa noche estuvo en el pabellón E, de presos comunes. El juez concluyó que este descargo "debe ser desechado de plano y ser considerado como una manera de soslayar su responsabilidad" en los hechos. 

En su momento Soberón, que estuvo imputado pero falleció, reconoció que fue convocado por el entonces jefe del Servicio Penitenciario Provincial, Braulio Pérez, para ejecutar un oficio enviado por el jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall (condenado por la masacre, ya fallecido) que ordenaba sacar a una lista de personas con el declarado fin de trasladarlas a Córdoba. Soberón dijo que convocó a los celadores para esta tarea, que sacaron a los seis detenidos y los entregaron a una comitiva militar.

Para el juez, se probó que Puppi fue uno de esos celadores. "Obró con el dolo de cómplice de acuerdo al conocimiento que tuvo de colaborar en un traslado de detenidos que fue absolutamente vejatorio a la dignidad de las personas", aseguró el magistrado en el procesamiento. Añadió que "en su condición de celador que intervino en el traslado", a Puppi "no le debieron pasar desapercibidas las circunstancias en las que se efectuó el repentino traslado". Añadió que, en efecto, el operativo "tuvo características singulares que permiten calificarlo de subrepticio: fue precedido de un oscurecimiento absoluto del penal que tenía por finalidad el ocultamiento de la identidad de los militares y policías que lo cumplían, como también se suprimieron los signos relativos a la jerarquía y se utilizaron formas verbales de comunicación con ocultamiento de nombres y grados". Además de que no se les permitió llevar sus pertenencias a los presos y presas. 

El juez Bavio concluyó que Puppi fue partícipe de las vejaciones, pero entendió que tuvo un conocimiento "limitado" del traslado dado que era "un empleado subalterno del Servicio Penitenciario Provincial", y "Solo las máximas autoridades a cargo de la penteniciaría local estaban al tanto de la forma en que se realizaría el retiro de presos". Por eso no lo consideró partícipe de los homicidios. 

El magistrado dio por acreditado que Puppi recibió la orden de Soberón, que los detenidos y las detenidas fueron entregades a la comitiva militar encabezada por el entonces capitán Hugo César Espeche (condenado por la masacre, fallecido) e integrada por otros 15 o más militares, "probablemente oficiales de menor graduación", que no vestían uniformes.

Del pabellón donde estaban detenidas las mujeres, las celadoras sacaron a Georgina Droz, María Amaru Luque de Usinger, Evangelina Botta de Linares (o Nicolai), María del Carmen Alonso de Fernández y a Celia Raquel Leonard de Ávila, especialmente recordada porque había dado a luz en prisión y tuvo que dejar a su bebita en brazos de otra detenida.

Una versión oficial inverosímil 

El juez Bavio desestimó por "inverosímil" la versión oficial de que el contingente militar que trasladaba a los detenidos y detenidas hubiera sido atacada por un grupo de guerrilleros. Incluso la versión oficial afirmaba que ocho, Povolo, Alonso de Fernández, Outes, Botta de Linares, Usinger, Droz, Oglietti y Luque, habían logrado fugarse; y montaron una escena para simular que Usinger, Oglietti y Luque de Usinger habían muerto en un enfrentamiento en el puesto de control de Pampa Vieja en Jujuy, y Outes, Povolo y Alonso de Fernández, en Ticucho, Tucumán. 

El juez destacó que en los mentados "enfrentamientos" los supuestos terroristas no tenían armas y "no hubo constancias de bajas ni heridos en el personal policial que intervino en la acción", ni siquiera hubo daños en sus transportes, además de las discrepancias sobre el automóvil que se ubicó en Pampa Vieja para hacerlo pasar como el usado por los guerrilleros en el "enfrentamiento", que incluso fue secuestrado con posterioridad a que se dejaran los cuerpos en ese lugar. Y señaló otras irregularidades: ninguno de los vehículos involucrados en Palomitas, una camioneta Ford, un automóvil Torino y un Chevrolet 400, fueron peritados. Tampoco hubo una custodia real sobre el lugar del hecho ni sobre los vehículos.

Detalló asimismo que los cuerpos de Povolo, Outes y Alonso de Fernández fueron entregados a sus familiares en cajones cerrados y la custodia de las fuerzas de seguridad les impidió verlos. "Los hechos, respecto del presunto enfrentamiento en Ticucho, Provincia de Tucumán, no ocurrieron como fuera informado oficialmente", sino que "en realidad tanto Outes, Povolo como Alonso de Fernández fueron muertos en el paraje Palomitas", sostuvo  el juez. También los cuerpos de Ávila y Leonad fueron entregados a cajón cerrado. 

Los cuerpos de Evangelina Botta y Georgina Droz permanecen desaparecidos. Si bien en la Ford, que quedó quemada y baleada en Palomitas, se encontraron dos cuerpos descuartizados que aparentemente habían sido quemados, para la justicia no hay elementos para afirmar que fueron de estas jóvenes. La versión oficial afirmaba que habían huido, pero fue "desechada de plano".

En cuanto a los otros acusados en este proceso, sobre Víctor Rodríguez, que también está procesado por vejaciones agravadas, el juez dispuso el cierre del sumario y que sea elevado a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta para que decida qué magistrado intervendrá en la etapa plenaria.

Sobre otros dos investigados, Sanguino y Dubois, el magistrado entendió que aún no cuenta con elementos para tomar una decisión, por lo que seguirá la investigación, aunque ambos ya cuentan con sobreseimientos provisionales. Sanguino era adjutor mayor. Dubois era jefe de Logística (S-4) del Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 141 del Ejército con asiento en Salta.

Esta causa se inició el 6 de junio de 1983, por una acción de amparo presentada por un grupo de presos de Rawson, Chubut, que denunciaron maltratos, apremios, torturas y homicidios en distintos lugares del país, entre ellos Salta. 

A lo largo de esta lento trámite judicial, además de Mulhall y Espeche, fueron condenados el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil; el comisario Joaquín Guil y el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray. 

Además, en esta causa fueron indagados los militares Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega. Los dos están fallecidos.