“Esto es un escándalo, claramente es un reparto de mercadería con fines electorales”. El intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, no tiene ninguna duda. El 18 de julio a las 16.30, funcionarios municipales se encontraron con dos camiones cargados con electrodomésticos, colchones y otros bienes en el parque Miguel Lillo, Lomas de Tafí. Cuando pidieron explicaciones, se encontraron con respuestas esquivas y documentos de dudosa legalidad. En medio de la confusión, “los camioneros se fueron huyendo”, contó Noguera.

El hecho despertó enseguida un escándalo en la provincia del norte argentino. Entre los vehículos fotografiados se encontraba un camión del municipio capital San Miguel, cuyo intendente es Germán Alfaro, del partido Cambiemos. Su esposa, Beatriz Ávila, es precandidata a diputada nacional y está segunda en la lista, detrás del radical José Cano, responsable del fracasado Plan Belgrano.

Esta conexión y la cercanía con la fecha electiva son la clave de la denuncia efectuada por Noguera. En diálogo con Página/12, el intendente dio precisiones: “Los camiones fueron requisados, estaban haciendo un trasbordo escandaloso, a plena luz del día, frente a todo el mundo. Cuando pedimos documentación, no tenían nada; primero dijeron que venían de Buenos Aires, después de un depósito provincial. Y se fueron huyendo. Hay un papel claramente fraguado, con una fecha mal inscripta”. 

“Nosotros no hemos secuestrado nada, sino que sólo registramos. Si entregaron algo, lo hicieron de manera irregular ¿De dónde venía la mercadería? Claramente es clientelar, 20 días antes de las elecciones”, añadió.

El fiscal general Gustavo Gómez tomó la denuncia de Noguera y actuó de oficio. Según el escrito de Gómez, al que tuvo acceso Página/12, la Justicia Federal debe intervenir ya que “podría encontrarse afectado el patrimonio del Estado Nacional, debido a que los bienes que presuntamente se reparten pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con fines electorales según denuncia el intendente taficiño”. 

El fiscal tucumano investiga la posible comisión de violaciones al Código Electoral Nacional, que pena con prisión a quien “compeliere a un elector a votar de determinada manera” y a quien “con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o abstenerse a hacerlo”. 

Además, Gómez solicitó algunas medidas de prueba: una testimonial de Noguera y una serie de oficios para determinar el origen de la mercadería y las resoluciones que autorizaron el reparto, así como también la propiedad de los camiones utilizados. 

El fiscal imputó a la delegada del Ministerio de Desarrollo Social en Tucumán, Laura Costa, quien en declaraciones al diario La Gaceta rechazó la denuncia efectuada por Noguera y explicó que se trataba de ayuda social programada para esa localidad desde diciembre de 2016. “Se presentaron como agentes municipales de Tafí Viejo e intentaron secuestrar un camión oficial cargado con mercadería. Queremos seguir asistiendo a la gente sin aprietes políticos de ninguna clase”, consignó. Según relató, en diciembre hicieron relevamientos con trabajadores sociales en varias localidades y barrios, y que estas entregas obedecen a esas actas. 

En ese sentido, el intendente de Tafí Viejo aseguró que esa afirmación es “insuficiente”. “Dicen que es ayuda urgente, gestionada en diciembre del año pasado. Es decir, tardaron siete meses. ¿Qué tiene de urgencia? ¿Siete meses de demora y vienen 20 días antes de las elecciones?”, indicó.    

El fiscal Gómez también indagará sobre este punto: quiere que Desarrollo Social le envíe las “copias certificadas de las actas de relevamiento realizadas en el mes de diciembre de 2016, en barrios de Tafí Viejo y Comuna Nueva Esperanza”.