El presidente Alberto Fernández finalmente convocará a las sesiones extraordinarias en el Congreso en la segunda quincena de enero para comenzar a debatir el pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia en la Cámara de Diputados. El Frente de Todos basará la acusación en dos pilares: la avanzada del máximo tribunal sobre el Consejo de la Magistratura y el reciente fallo por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. El miércoles hubo una reunión clave entre el mandatario y el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, para delinear cómo será la caliente discusión parlamentaria.
La convocatoria a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero se formalizará en los próximos días, según adelantaron desde el Ejecutivo este jueves. Una vez que eso suceda, la comisión de Juicio Político de Diputados comenzará a dar la discusión. Tal como contó Página/12 días atrás, primero se analizan los detalles del pedido de juicio político y luego se avanza en la solicitud de medidas de prueba, más tarde se busca emitir dictamen y recién después la discusión llega al recinto.
Martínez adelantó en diálogo con AM750 que se puede llamar a testigos, a los denunciados y convocar a especialistas. Este aspecto abrió la duda acerca de si los cuatro jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti podrían ser llamados a declarar a la comisión. Aunque el jefe del bloque del Frente de Todos evitó confirmarlo, sería uno de los pasos clave del proceso que busca avanzar en la destitución. Además, indicó que las personas que sean llamadas no podrían negarse a asistir.
“Estamos discutiendo sobre dos pilares: por un lado, el absoluto desorden de la Corte en su intervención sobre el Consejo de la Magistratura, porque después de 16 años repuso una ley de 1997 que había sido derogada. El otro aspecto es el fallo sobre la coparticipación contra las provincias por los fondos a la Ciudad de Buenos Aires. En ambos casos se nota la invasión absoluta de la Corte en competencias del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, enfatizó Martínez, que pidió “reivindicar la decisión política del Presidente junto con los gobernadores para impulsar el juicio político”.
El Frente de Todos cuenta con los votos para obtener un dictamen de mayoría en la comisión. Para ello no se requiere una mayoría agravada, sino que alcanza con la mayoría simple (16 de los 31 integrantes). Cuando eso suceda, la discusión llegará al recinto y allí será más complicado: por un lado, el bloque de Juntos por el Cambio se abroqueló en una defensa a los jueces de la Corte, y por el otro, el Interbloque Federal, que preside Alejandro “Topo” Rodríguez, también criticó el pedido de juicio político. El oficialismo tiene al menos 18 votos del propio bloque del FdT, aunque necesita alcanzar 171 para llegar a los dos tercios de la mayoría agravada necesaria para que el caso avance al Senado.
“No hay una avanzada K sobre la Justicia”
En declaraciones a la AM750, Martínez afirmó además que “cuando el Presidente planteó el pedido de juicio político junto con los gobernadores no se buscó ningún beneficio sectorial”, y negó la existencia de una “avanzada K sobre la Justicia”. “Tampoco hay una pelea de Alberto Fernández con la Corte”, enfatizó.
En cambio, sostuvo que existe una “crisis en la relación de poderes entre la Corte Suprema, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esto es sistemático, es momento de discutirlo”, y pidió que “toda la dirigencia política se pare por encima de intereses específicos y permita avanzar en la discusión”.
“Si algo tiene que tener el proceso es una transparencia absoluta, para que nadie intente objetar el proceso que buscamos llevar adelante”, puntualizó Martínez.
