A doscientos años de su aparición en el Río de la Plata, el billete entró en una lenta fase de extinción global. Si bien todavía conserva protagonismo como medio de pago en la actual cultura económica, trabajos recientes demuestran una marcada tendencia a la declinación en el uso transaccional del billete.
Tal como lo evidencia Sebastián Katz en su investigación para el BCRA, la disminución de cajeros automáticos y de sucursales bancarias se correlaciona de manera inversa con el avance de medios de pago digitales, asociado a la revolución tecnológica implicada en la telefonía móvil y las distintas formas emergentes de dinero electrónico. En otros términos, la sociedad cursa un proceso de cambio material en los medios de pago. Se trata de una modificación en los soportes materiales para redimir obligaciones económicas.
Esta transición cultural está permeada por una tensión histórica: la disputa entre el sector público y el sector privado por la producción y la oferta de nuevos medios de pago. Una tensión que se mantuvo en estado germinal hasta su florecimiento en 2020, cuando la profilaxis del distanciamiento físico colocó a los medios de pago electrónicos en el centro de una lánguida economía pandémica.
Sin embargo, las tensiones en torno a la producción de los medios de pago han motorizado la historia monetaria argentina en el largo plazo y su recurrencia se advierte desde el surgimiento mismo del billete de banco en Buenos Aires, en 1822. Esa experiencia inicial permite poner en perspectiva la disputa recurrente y sugiere motivos estructurales.
Los inicios
El Banco de Buenos Aires iniciaba sus operaciones el 6 de septiembre de 1822, constituyéndose como la primera institución bancaria de toda la región. Diez días más tarde, lanzaba a la circulación el primer billete bancario.
Surgían entonces dos profundas innovaciones financieras para Buenos Aires: la institución bancaria y sus instrumentos monetarios (dos novedades sobre las cuales algunos capítulos del libro "El Gobierno de la Incertidumbre", de reciente publicación, ofrecen una explicación pormenorizada).
Si este cambio institucional era el comienzo de una nueva era monetaria para el Río de la Plata, también era el resultado de una larga negociación financiera entre el Gobierno de Buenos Aires y sus acreedores locales. Hacia 1821, la deuda acumulada desde 1813 superaba el millón y medio de pesos y se equiparaba al ingreso total anual de la tesorería gubernamental.
Las dificultades del gobierno para redimir estos empréstitos comenzaban a generar tensiones con sus principales acreedores. Los títulos de la deuda se depreciaban en el mercado secundario, en el que circulaban como medio de pago ante la escasez de moneda metálica, pero eran empleados para cancelar derechos aduaneros, al ser admitidos por su valor nominal en la Aduana. De esta manera, la principal caja gubernamental se colmaba de papeles emitidos por el propio gobierno. Consolidar la deuda se volvió una prioridad de la política económica.
El primer intento por liquidar la deuda estuvo representado por la Caja Nacional de Fondos de Sud América, creada en 1818 para recibir en depósito aquellos títulos pagando intereses a los depositantes, con el objetivo de retirarlos del mercado y evitar su presentación en la Aduana. El intento no surtió el efecto buscado, por cuanto la tasa de interés ofrecida era inferior a las que podían obtenerse mediante la circulación de esos papeles en el mercado.
El segundo intento por consolidar la deuda tomó forma en 1821 con la creación del Crédito Público, que entregaba a los acreedores nuevos títulos conocidos como “billetes de fondos públicos”: papeles negociables que reportaban intereses pagaderos trimestralmente y que, a diferencia de los títulos preexistentes, eran redimibles.
Una Caja de Amortización, nutrida con ingresos aduaneros y fondos resultantes de la venta de inmuebles estatales, garantizaba el pago trimestral de aquellos intereses y la compra mensual de títulos, para extinguir la deuda. Sin embargo, los “billetes de fondos” volvieron a experimentar su monetización local por debajo de su valor nominal. Si este segundo intento resultó más exitoso que el primero en redimir la deuda sin sacrificar ingresos aduaneros, la continuidad del acceso al crédito requería mayores incentivos de corto plazo a sus acreedores. Y la escasez de medios de pago fue el terreno de negociación.
Medio de pago
Para dotar a la plaza con medios de pago, el ministro de Hacienda, Manuel José García, dispuso la creación de un banco privado. Para ello, convocó a los principales acreedores del gobierno, miembros de una renovada elite comercial y agropecuaria bonaerense, para que diseñasen el estatuto del Banco y conformasen su directorio. El Banco de Buenos Aires surgía así como una sociedad anónima privada, impulsada por el gobierno y con aval del Poder Legislativo.
La institución recibiría letras comerciales de particulares, es decir, títulos de crédito comercial con vencimiento futuro, que sus acreedores endosarían a favor del banco. A cambio, el banco entregaría en efectivo el monto de la letra menos un porcentaje (el "descuento" de una tasa de interés, que reportaría al banco un beneficio cuando operase el cobro de la letra).
El efectivo entregado por el banco, a su vez, consistía en billetes emitidos por la propia institución, convertibles a moneda metálica aunque sin curso legal ni forzoso. De esta manera, la emisión de billetes ofrecía al Banco un beneficio basado en el descuento de letras: un virtual señoreaje con el cual los acreedores del gobierno, ahora instituidos como banco, lograrían acceder a los beneficios de corto plazo que la deuda pública no les reportaba. A cambio, el gobierno mantendría acceso a su línea de créditos.
Así, el billete surgió como medio de pago en Buenos Aires no sólo por la falta de circulante metálico, resultante de los cortocircuitos que la Revolución y la guerra habían provocado en los caminos fiscales y comerciales de la plata. Este billete surgió, asimismo, porque la falta de circulante era la oportunidad para que los acreedores del gobierno obtuvieran beneficios mediante la provisión de medios de pago que el gobierno no lograba abastecer con eficacia.
El costo para el gobierno fue elevado. Cuando el conflicto contra Brasil se agudizó en 1826, las arcas del Banco de Buenos Aires no lograron sostener la convertibilidad de los billetes. El poder legislativo dispuso su inconvertibilidad en enero y su curso forzoso en mayo y el Gobierno se encontró en la necesidad de operar un salvataje que impidiese la quiebra de la institución, en la cual se jugaban los fondos del propio crédito gubernamental, que desde 1824 tenía compromisos externos, dada la firma del empréstito con Baring Brothers & Co.
Un nuevo Banco Nacional absorbería a aquella institución pionera y el billete entraría desde entonces en un acelerado ciclo de depreciaciones con efecto inflacionario.
Aquella temprana experiencia monetaria demostraba, por un lado, la capacidad que los principales actores económicos tuvieron para imponer su crédito como medio de pago en la economía local, ofreciendo instrumentos adecuados a una coyuntura que volvía necesario un cambio en la materialidad del dinero. Pero también demostraba los riesgos que conllevaba la incapacidad del gobierno para proveer eficazmente esos medios de pago.
Dos siglos después de la emergencia del papel moneda, el uso público de instrumentos privados continúa marcando una agenda de política monetaria. Un desafío anclado en la historia cultural de nuestra economía.
* Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e Investigador del CONICET.