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Silvio Robles, el hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sigue acumulando denuncias. Esta vez fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien hizo una presentación ante la justicia federal riojana contra Robles y el ministro porteño Marcelo D’Alessandro después de que se conocieran los chats que intercambiaron sobre dos temas que estaba estudiando la Corte Suprema: la disputa por los fondos coparticipables entre la Ciudad y la Nación y la pelea por una banca en el Consejo de la Magistratura.
Quintela denunció a Robles y a D’Alessandro por violación de los deberes de funcionarios públicos y por tráfico de influencias. El gobernador englobó las conversaciones por Telegram que se conocieron la semana pasada dentro de lo que denominó como un "esquema de corrupción" diseñado por ambos funcionarios.
“La corrupción supone una relación entre dos agentes, o más (Robles y D’Alessandro) precisamente, un intercambio irregular de prestaciones entre dos partes, el receptor de la ventaja y el otorgante de la misma (asesoramiento con respecto al Consejo de la Magistratura, fallo por la coparticipación)”, dice el escrito al que accedió Página/12.
Después de promover el juicio político contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, Quintela instruyó al fiscal de Estado riojano, Gustavo Roque Ibarra, para que hiciera esta presentación ante la justicia federal con sede en la provincia. Al igual que en el pedido presentado por el presidente Alberto Fernández y otros diez gobernadores, Quintela habló de una "relación espuria" entre el vocero de Rosatti y D'Alessandro, que redundaba en fallos favorables para el macrismo y particularmente para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que ya anunció su intención de competir en las elecciones presidenciales de este año.
En esa línea, Quintela pidió que se allane el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño --que hasta el martes ocupó D'Alessandro-- y que se secuestren los teléfonos de Robles y de su interlocutor en el Gobierno de la Ciudad.
Con anterioridad, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, había denunciado a Robles por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El juez a cargo del expediente, Guillermo Molinari, ordenó que el funcionario de la Corte entregara su teléfono. Sin embargo, trascendió que esa medida no se efectivizó porque Robles está de vacaciones en el exterior. Sí se supo que hizo presentaciones en la causa a través de su abogado Matías Ledesma.
Robles hizo saber, a través de su letrado, que le preocupaba que la Policía Federal Argentina (PFA) hubiera ido a su casa y a la de su hijo en los últimos días y que esas actuaciones no estuvieran incorporadas al expediente digital. Fuentes de la cartera de Seguridad confirmaron que la PFA concurrió al domicilio del funcionario de la Corte para notificarlo de un oficio que había mandado el juez de Santiago del Estero. "Fueron tres veces y finalmente pasaron la notificación por debajo de la puerta", explicaron.
En las últimas horas, el juez Molinari declinó la competencia y envió la causa a los tribunales de Comodoro Py. La razón fundamental para desprenderse del expediente fue que los hechos sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires, pero, de todos modos, el magistrado defendió su decisión de requerirle los teléfonos a Robles. "Un magistrado no puede permanecer inmutable ante el conocimiento efectivo y formal de la posible comisión de un hecho ilícito de las características de los relatados, y perjudicar así una investigación y el futuro esclarecimiento de los hechos", sostuvo.
A Comodoro Py, sin escalas
En los tribunales de Retiro, hay, al menos, dos denuncias contra la dupla Robles-D'Alessandro radicadas en el juzgado federal de Ariel Lijo, que podría ser el magistrado que concentre la investigación sobre los vínculos entre el hombre de confianza de Rosatti y el ministro de Rodríguez Larreta que debió pedir licencia después de que estallara el escándalo.
Durante enero, Lijo estará de vacaciones pero, según explicaron fuentes judiciales, se habilitó feria para avanzar con cualquier medida que sea necesaria. El juzgado es subrogado por María Servini, pero, según pudo saber Página/12, la jueza ya se excusó de intervenir.
En la filtración de chats de D'Alessandro, hay un intercambio que el ministro porteño habría mantenido con Juan Ignacio Bidone, el fiscal de Mercedes condenado como parte de la banda de Marcelo Sebastián D'Alessio que se dedicaba a extorsionar a empresarios. En esos intercambios, D'Alessandro y Bidone hablaban de la causa del triple crimen de General Rodríguez y mencionaban a Servini como la "tía". Los mensajes no le habrían caído en gracia a Servini. La jueza ya había mantenido alguna disputa con D'Alessandro por la custodia que le proveía la Policía de la Ciudad, por lo que decidió ser custodiada por la PFA.
La causa involucra a uno de los hombres más influyentes de la Corte y al hombre clave de Larreta en materia de seguridad. Eso ya la convierte en una papa caliente. Habrá que ver qué magistrado está dispuesto a tomarla antes del regreso de Lijo.
En simultáneo se espera que el ministro de Justicia, Martín Soria, haga una denuncia penal, como adelantó el Presidente en su carta del 1 de enero.
El vínculo con los copitos
Una de las denuncias que se presentaron en los tribunales de Comodoro Py fue formulada por Gastón Marano, el abogado defensor de Nicolás Carrizo –uno de los vendedores de algodón de azúcar detenidos por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner–. Antes de convertirse en el letrado de Carrizo, Marano oficiaba como asesor de un senador de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Tiempo atrás había trabajado también para la embajada de los Estados Unidos, dato que también sumó para edificar sospechas a su alrededor.
La vicepresidenta se hizo eco de una nota publicada por el periodista Raúl Kollmann que mostraba que la maniobra de Marano terminaba favoreciendo a Robles al traccionar la investigación hacia un terreno más favorable. “Impresiona el entramado mafioso”, tuiteó CFK.
Este jueves estaba previsto que Carrizo ampliara su indagatoria ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo después de que así lo ordenara la Cámara Federal porteña. La querella de CFK había pedido que se reevaluara la calificación con la que había sido procesado Carrizo, particularmente después de que aparecieron nuevos mensajes que indicaban que había sido parte del intento de homicidio del 1 de septiembre. "Recién intentamos matar a Cristina", había escrito Carrizo. Ese mensaje es clave para los abogados de la vicepresidenta para que se le endilgue una responsabilidad similar a la de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Sin embargo, Marano pidió postergar la declaración de su defendido porque estaba de vacaciones. Entre quienes siguen la causa por el intento de magnicidio sorprendió que el abogado se hiciera tiempo para denunciar a Robles por negociaciones incompatibles mientras estaba descansando. La indagatoria del jefe de la banda de los copitos se postergó para el martes próximo.
