Desde el Gobierno dieron a conocer que el presidente Alberto Fernández pretende que los plazos del pedido de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) presentado ante el Congreso sean “lo más breves posibles”. Un pedido que también confirmaron el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, y la presidenta de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Carolina Gaillard, que estuvieron reunidos con el Presidente este miércoles en Casa Rosada para definir los detalles de cómo el oficialismo abordará su tratamiento. Aún así el FdT sostiene que el proceso de instrucción que se abrirá en la comisión con la convocatoria del Ejecutivo a sesiones extraordinarias del Parlamento (que será para la segunda quincena de enero), podría llevar más de 60 días. "Una vez producida la prueba, la comisión convocará a los supremos para que declaren y se defiendan de los cargos, como parte del ejercicio del derecho a defensa", confirmaron desde la Comisión a PáginaI12. Luego, el dictamen final llegará al recinto, donde Juntos por el Cambio –abroquelado en defensa de la Corte-- ya anticipó que no dará quórum para sesionar. El FdT tiene mayoría en la Comisión. 

"El Presidente quiere que los tiempos sean lo más breves posibles", indicó ayer por la mañana la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada, en referencia al tratamiento del pedido de juicio político a la CSJ. "El Presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica que es pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, donde la Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución", respondió al ser consultada sobre el tema en la rueda de prensa.

La decisión presidencial de abreviar los tiempos del debate alrededor de las conductas de los cortesanos fue confirmada por el jefe del bloque oficialista de la Cámara baja. "Tanto el Presidente como los gobernadores nos pidieron que diéramos un pronto trámite, que empecemos a trabajar en este sentido. Nosotros queremos ir en esa línea. Están dadas las condiciones para un debate de fondo y espero que sea con argumentos, con fundamentos, sin chicanas. Que haya una discusión seria y con calidad institucional. No hay que esconderse ni tirar la pelota fuera de la cancha", señaló Martínez en declaraciones a Télam Radio.

“Estamos discutiendo sobre dos pilares: por un lado, el absoluto desorden de la Corte en su intervención sobre el Consejo de la Magistratura, porque después de 16 años repuso una Ley de 1997 que había sido derogada. El otro aspecto es el fallo sobre la coparticipación contra las provincias por los fondos a la Ciudad de Buenos Aires. En ambos casos se nota la invasión absoluta de la Corte en competencias del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, sostuvo Martínez luego y en diálogo con la AM750.

Allí, Martínez aclaró que la Comisión puede llamar a testigos, a los denunciados y convocar a especialistas, que no podrían negarse a asistir. Aunque en este aspecto abrió la duda acerca de si los cuatro jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti podrían ser llamados a declarar a la comisión. Aunque el jefe del bloque del FdT evitó confirmarlo, sería uno de los pasos clave del proceso que busca avanzar en la destitución. 

Desde la comisión de Juicio Político no dudan. “Sí, por supuesto, está previsto, porque es parte del ejercicio de su derecho de defensa”, respondió Gaillard ante la consulta de PáginaI12 sobre la posible convocatoria de los supremos a la comisión. “El reglamento establece que (los acusados) son convocados después de producida toda la prueba para que declaren y se defiendan de los cargos”, agregó.

“Vamos a tratar de que se produzca la mayor cantidad de prueba en el menor tiempo posible, de manera de sustanciar la etapa sumaria en un plazo breve para que no se extienda y dilate”, dijo Gaillard a este diario sobre el pedido presidencial.

Aunque también evalúan la posibilidad que esta etapa se extienda algo más de los 60 días que se arriesgaron en principio. El reglamento de la Comisión no prevé un plazo determinado para la etapa sumaria del juicio político. El oficialismo cuenta con los votos para obtener un dictamen de mayoría de la comisión: 16 de los 31 integrantes. Cuando eso suceda, la discusión llegará al recinto y allí será más complicado porque se necesita de una mayoría agravada (2/3) para que la acusación sea aprobada y que pase al Senado, donde debería conformarse en tribunal de enjuiciamiento.

El interbloque de Juntos por el Cambio se abroqueló en una defensa a los jueces de la Corte, y el presidente del bloque de la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López, anticipó ayer que la alianza opositora “no dará quórum” en las sesiones extraordinarias para darle tratamiento al pedido de juicio político contra la CSJN que impulsa el Gobierno. “No vamos a acompañar algo que es para romper el sistema de Gobierno y la división de poderes”, dijo a CNN radio. En tanto, el lavagnista Interbloque Federal, que preside Alejandro “Topo” Rodríguez, también criticó el pedido de juicio político y no acompañaría el pedido del Gobierno y los gobernadores.