Aunque a los vecinos de Luján les cueste creerlo, tras un parate de una semana debido a una cautelar de la que los demandantes finalmente desistieron, este miércoles se retomaron las obras de construcción del Centro Ambiental en la ciudad cabecera del departamento homónimo ubicado en el noreste bonaerense. Esto significa que el basural a cielo abierto “La Quema”, que con medio siglo de vida y trece hectáreas es el más antiguo y extenso del país, tiene los días contados.

“La Quema” recibe a diario las más de 100 toneladas de basura que producen los 120 mil habitantes de Luján, partido ubicado en la intersección de las rutas nacional 7 y provincial 6, que llega sin ningún tipo de separación de origen. En los últimos años, la ciudad experimentó un importante crecimiento demográfico y edilicio, haciendo que la mancha urbana se extendiera en distintas direcciones. Al hacerlo también hacia el noroeste, hacia la zona de Sucre, se acerca peligrosamente al vertedero. Los vecinos de la zona relatan que es frecuente que los gases que produce la basura entren en combustión espontánea. Cuando ocurre, emana del fuego un humo denso que reduce la visibilidad y obliga a cerrar momentáneamente el tránsito para evitar accidentes. La vida, entonces, se complica. 

Sergio Almada, vecino de la zona y activo militante de la causa, relata la historia. "El lugar era una cantera de tosca. Las máquinas municipales sacaban tosca de ahí, había desniveles de tres metros. Hace unos cincuenta años, la municipalidad empezó a usarlo también para quemar basura. La situación se agravó en 2007, cuando dejó de funcionar la planta depuradora. Desde entonces, el basural también recibe la descarga de los camiones atmosféricos, la materia fecal. Desde entonces, la comunidad se organizó para reclamar", explica consultado por Buenos Aires/12.

El predio es también el medio de subsistencia de unos 220 recicladores, muchos de ellos cooperativizados a través del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que trabajan en condiciones precarias y viven al día. En algunos casos, son segunda y hasta tercera generación dedicada a la misma tarea. Entre ellos son frecuentes los problemas respiratorios, gástricos y epidérmicos.

La resolución de este drama implica una dimensión ambiental, una dimensión estructural y otra social. Todos estos aspectos están contemplados en la obra de Ecoparque y Centro Ambiental, que forma parte del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, cuenta con un presupuesto de 10,7 millones de dólares aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue adjudicada a la empresa Evasa. El plan incluye la formalización de 220 puestos de trabajo en la planta, que serán adjudicados a quienes hoy cumplen la misma función.

La nueva planta se construirá en terrenos cedidos por la Agencia de Bienes del Estado (ABE) a unos 2,5 kilómetros de distancia del basurero, en la zona denominada Sucre. La implementación de un mecanismo de consulta popular, que encabezó el intendente Leonardo Boto, fue un requisito previo impuesto por el ente financiador. "No es un traslado de un basural de un lado para otro sino la transformación completa del basural que conocemos y la construcción de un nuevo centro ambiental que nos va a permitir un tratamiento de la basura más sustentable”, afirmó en esa ocasión.

El proyecto contó entonces, y cuenta hoy, con el apoyo explícito de la comunidad, incluyendo a los recicladores, los vecinos del basural y las organizaciones políticas. Sin embargo, algunos vecinos de la zona resistieron la construcción, pretextando un impacto ambiental negativo desmentido por los estudios presentados ante el BID y aprobados por el organismo. Quien encabezó la oposición fue Viviana Novelle de Terrabusi, propietaria de una finca cercana al futuro centro ambiental. Miembro de una familia con estrechos vínculos con el PRO, tanto a nivel local como nacional, Novelle contó con el patrocinio letrado de Emiliano Ezcurra, histórico miembro de Greenpeace y funcionario de la Administración de Parques Nacionales durante la presidencia de Macri.

El pasado jueves 29 de diciembre, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, detuvo la construcción del centro de saneamiento ambiental de Luján, a través de una medida cautelar. En su escrito, Armella sostiene que la obra podría tener "consecuencias irreversibles" en materia "ambiental social y cultural", ignorando los estudios de impacto ambiental que fueron realizados, presentados y publicados. 

Las obras del Centro Ambiental habían arrancado hace un mes. Incluyen el saneamiento del basural, instalaciones de control de ingreso y pesaje, estacionamiento, oficinas administrativas, guardería, baños, vestuarios, playones para gestión de residuos voluminosos, planta de separación y clasificación manual, depósito de materiales recuperados, taller de mantenimiento, planta de tratamiento de lixiviados y relleno sanitario.

Los vecinos indicaron que el fallo era “a medida de las familias Novelle y Terrabusi, porque entre sus múltiples negocios familiares, tienen uno de producción de alimentos orgánicos, que después comercializan en las ferias que arma Larreta en la ciudad. Tienen gran poder de lobby y han venido diputados del Pro a verlos a su campo y a escuchar sus planteos". 

Para Sergio Almada, "las quejas no tienen sustento: hubo aprobación en el concejo deliberante, consulta popular y estudios de impacto ambiental. La única realidad es que no quieren tener de vecina a la planta de tratamiento". Almada resalta también el sistema de monitoreo previsto: "todo el perímetro de la planta va a estar rodeado de perforaciones de agua, equidistantes entre sí. Periódicamente, la universidad va a extraer muestras y analizarlas, para detectar enseguida cualquier modificación. También habrá una comisión de seguimiento desde el consejo deliberante".

No sería la primera vez que Armella es permeable a los intereses del Pro y Juntos por el Cambio. Fue uno de los jueces que integraron la Gestapo antisindical, ilegalmente filmada en una sala de reuniones del Banco Provincia en tiempos de María Eugenia Vidal, y hoy es investigado por su actuación en la instrucción de la causa contra el titular de la UOCRA, Juan Pablo "Pata" Medina. El secretario de Armella, Pablo Ezequiel Wilk, fue fotografiado jugando al fútbol con el entonces jefe de gabinete dle ministro de Seguridad Cristian Ritondo, Pablo Rochetti, y figuras vinculadas al Pro como el ex futbolista Claudio Caniggia, en el coqueto complejo Unique Fútbol de Puerto Madero. Jorge Castillo, socio directivo de Punta Mogote, una de las ferias que integran La Salada, que estuvo detenido y aguarda en libertad el juicio oral, afirma que unos sujetos lo abordaron en la vía pública, en un semáforo en la Avenida Avellaneda de la capital, en nombre de Wilk, para pedirle cien mil dólares a cambio de su sobreseimiento.

"Recorrimos un camino largo y trabajoso para pisar sobre seguro. Conseguimos el predio a través de la Agencia de Bienes del Estado (ABE), gestionamos un crédito del BID, pasamos todo por el concejo deliberante, hicimos la consulta pública y presentamos los informes ambientales correspondientes. En cada paso, desde JxC se opusieron política, mediática y judicialmente. Pero perdieron siempre. Sólo les queda esto. Vamos a ver cuánto dura", comentaron entonces en off desde la municipalidad, al tiempo que preferían no polemizar para no interferir con la estrategia judicial del ministerio de Medio Ambiente de la nación.

La respuesta a la pregunta “cuánto les dura” la cautelar, llegó el pasado miércoles 4. La cautelar no duró ni una semana. En los puntos 4 y 5 de su resolución de esa fecha, el juez resuelve: “Dejar sin efecto la medida de no innovar respecto a la situación del basural a cielo abierto de Luján y del Predio Sucre el cual resultaba abarcativo del inicio de obras, trabajos preparatorios comprendidos en el proyecto o cualquier alteración material; la situación de los actuales residentes del lugar, sus condiciones habitacionales y de ocupación, la implementación de medidas en el ámbito administrativo que alteren la situación dominial o la transmisión de la posesión del predio…” y “Dejar sin efecto el requerimiento formulado a la Universidad de Buenos Aires para la realización de un estudio interdisciplinario comprensivo de la situación del basural a cielo abierto, el Predio Sucre y la zona que potencialmente podría verse impactada por la ejecución de las obras”. 

Casi en simultáneo, los propios demandantes desistieron de ella, según consta en el escrito que presentó Ezcurra en el juzgado: “Que por medio de la presente, en representación de la Fundación Banco de Bosques y cumpliendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo a desistir de la acción de amparo ambiental iniciada en el presente expediente como coactor”.

Entre la cautelar y su suspensión, a pesar de la inminencia de las fiestas de año nuevo, hubo también una movilización de recicladores y vecinos al juzgado de Quilmes, para expresar su descontento con lo que consideraban un fallo arbitrario y carente de sustento. Hoy están doblemente reconfortados, porque la obra que los empleará sigue y porque fueron parte protagónica de esta historia, que ningún lujanense olvidará fácilmente. 

Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales en tiempos de Mauricio Macri, se presenta actualmente como director de la fundación Banco de Bosques, una entidad ambientalista que convenia tanto con el gobierno nacional como el porteño, sostuvo al respecto que "nuestra institución suele participar en estos casos en carácter de amicus curiae, no como coactores. La otra condición era contar con la firma de una ONG especializada. Al no cumplirse ninguna de las dos, nos retiramos".

Fuentes locales suponen una ruptura del frente entre Novelle y Armella. “Le hicieron pedir un estudio que ya existe, lo dejaron muy pegado. Hasta los tipos como él tienen un límite”. De todas maneras, no era eso lo que más importaba. Las obras se retomaron ese mismo día con ellas, la cuenta regresiva para el que, con montañas de hasta 3 metros de basura, es el mayor basural a cielo abierto del país.