La Justicia ordenó la prisión preventiva de Gustavo A., acusado por abuso sexual cometido contra su hija de 12 años, quien -junto a su mamá- pidió una interrupción legal del embarazo, producto de esos sometimientos. La resolución judicial se dio sobre el final de una semana en la que el caso tomó repercusión fuera de los límites de la provincia y generó fuertes reacciones ante la intromisión de la organización antiderechos Grávida, que contactó a la niña y su madre para llevarlas a una casa religiosa, por lo que no se presentaron al turno para la práctica, en el hospital Iturraspe, el lunes pasado.
La niña está a resguardo del Estado, con atención del equipo interdisciplinario para ser oída. En tanto, al pedido de informes sobre el caso presentado por organizaciones, sindicatos y legisladoras -dirigido a la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena- se sumó uno de la Comisión de Géneros, Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputadas y Diputados, en el que también piden que "de confirmarse las acciones ilegales ejercidas por Grávida se inicien las medidas judiciales pertinentes". Además, la diputada socialista Clara García reclamó al gobierno provincial la designación de la Defensora de niños, niñas y adolescentes.
El padre de la niña llegó este viernes a una nueva audiencia, tras haber sido imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo, la guarda y la convivencia" en concurso ideal con "promoción a la corrupción de menores agravada", donde se ordenó que permanezca en prisión preventiva. Además, se pudo saber que la Justicia aguarda que tanto la madre como la niña estén en condiciones de declarar para poder contar qué sucedió el lunes cuando tenían turno para someterse al aborto y no se presentaron. En base a esa declaración se analizarán los pasos a seguir en relación a Grávida.
El 19 de diciembre, la niña y su madre -oriundas de Garibaldi, departamento Castellanos- fueron a un control médico en el centro de salud, donde se les informó que la nena cursaba un embarazo. En ese momento, ella pudo dar cuenta de los sometimientos por parte de su progenitor. Ante la denuncia, la fiscal Alejandra Del Río Ayala detuvo e imputó al hombre de 43 años. Al mismo tiempo, ante el pedido de la interrupción del embarazo -con consentimiento firmado-, se les dio turno al hospital Iturraspe, de Santa Fe, donde tenían cita el lunes. Como no asistieron, se inició la búsqueda de ambas.
La investigación dio cuenta de que habían sido captadas durante el fin de semana por integrantes de Grávida, vinculada a la Iglesia católica y conocida por hechos similares de obstaculización de derechos. Desde Niñez, y en coordinación con los ministerios de Salud, Género, y Derechos Humanos, se instó una medida de protección excepcional transitoria para resguardar a la niña.
Ayer, desde la comisión de Géneros de la cámara baja presentaron una nota al Poder Ejecutivo "requiriendo información respecto del protocolo implementado en el caso". Además, solicitaron que "de confirmarse las acciones ilegales ejercidas por la ONG Grávida se inicien las medidas judiciales pertinentes por corresponder a una vulneración de los derechos de NNyA y a la legislación vigente".
Por otro lado, la diputada Clara García planteó que “hace más de 10 años que Santa Fe venía siendo pionera en la protección de las infancias y adolescencias, en momentos en que la problemática era quizá mucho menos grave de lo que es actualmente, se cruzaban cuestiones naturales; pero hoy están potenciadas por situaciones de vulnerabilidad mucho más graves”, aseguró en LT8. Además, evaluó que el caso de la niña “pone en escena la falta de protección", y apuntó a que "no hubo control del estado, permitiendo que una organización religiosa tomara a esa niña, impidiendo lo que había sido su decisión”.
En ese sentido, señaló que "hace 8 meses" que Santa Fe no tiene defensora de NNyA. “Hacemos un llamado a que el gobernador defienda la institucionalidad y defienda el rol que el estado tiene que tomar en mirar y controlar qué se hace desde el estado y las instituciones privadas con los derechos de los niños y niñas”, pidió.
Por su parte, la exdiputada Alicia Gutiérrez habló en la misma emisora: “A lo largo de 2003 en mi vida como legisladora, me topé con el doctor Raúl Dalla Fontana, quien colabora con Grávida. Denunciaba en forma anónima ante la Justicia a diputadas que estaban a favor de la interrupción legal del embarazo", dijo. Además, indicó que "en el caso de la niña, la mandaron a su pueblo para esperar el turno del aborto, fue captada por la ONG Grávida, a la que pertenece Dalla Fontana, una asociación civil que es muy conocida en Santa Fe. Hago referencia concreta a que en ese entonces Patricia Chialvo, hoy secretaria de la Niñez y Adolescencia por el gobierno provincial, era asesorada por Dalla Fontana cuando era diputada”. Y agregó: "También debemos preguntarnos quién financia a Grávida, y cómo obtiene sus fondos para funcionar captando niñas y mujeres con embarazos no deseados para que no aborten en forma legal, segura y gratuita”.
Días atrás, también desde la Campaña exigieron que se investigue a Grávida, ante la posible comisión de delitos, incluso que se averigüe si pudo haber una privación de libertad. Como antecedente, en 2016 la psicóloga de la ONG católica, María Belén Catalano, convenció a una nena de 12 años embarazada para que rechazara el aborto legal. El hecho ocurrió en el hospital Iturraspe.
En marzo de 2017, el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos abrió un sumario y sancionó a Catalano con un “apercibimiento” por falta de ética y le suspendió la matrícula por seis meses, al probar que actuó en forma “clandestina” y obligó a la niña a “cursar un embarazo infantil forzado”, un “padecimiento” comparable a la “tortura o trato cruel, inhumano y degradante”. En octubre de 2017, la Cámara anuló la sanción con argumentos formales, pero en 2021 la Corte revocó ese fallo –por unanimidad- y ordenó dictar una nueva sentencia al tribunal subrogante.
Si bien quienes acompañan casos aseguran que la situación actual es diferente, en el Iturraspe murió en 2007 Ana María Acevedo, al negarle el tratamiento para su cáncer de maxilar por estar embarazada. En 2015, el estado santafesino pidió perdón a la familia de la joven que tenía 20 años.
