El pedido de juicio político a la Corte Suprema tiene un costado que va creciendo: la discusión sobre el grado de legitimidad de los están embarcados en la iniciativa. El conflicto es tan agudo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió introducir una comparación con el pasado para ponerlo en perspectiva. “Es la primera vez en la historia que un Presidente junto con gobernadores le inician juicio político a la Corte Suprema”, afirmó en Twitter.

El gobernador recibió, además, un espaldarazo interno. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, dijo al programa “Mañana es mejor” de Radio Provincia que “ningún candidato va a sacar más votos que Axel, o sea que nadie está en mejores condiciones que él para aportar la mayor cantidad de votos al proyecto nacional”. Y añadió: “Es el mejor candidato que tenemos en la Provincia”.

Ferraresi es vicepresidente del Instituto Patria, con presidencia honoraria de Cristina Fernández de Kirchner y presidencia del senador Oscar Parrilli, y fue el anfitrión del último acto público de CFK. La vicepresidenta habló en la inauguración de un polideportivo en Villa Corina, una barrio popular de Avellaneda, justo después de Ferraresi y Kicillof. Allí fue que el gobernador dijo que tomaría “el bastón de mariscal” del que Cristina Kirchner había hablado en ocasiones anteriores.

Sobre la coparticipación, que es una de las principales aristas del pedido de juicio político, Ferraresi dijo que “en la distribución los municipios son los más vulnerables y la concentración económica en la ciudad de Buenos Aires que se da a partir del fallo de la Corte es obscena”. Graficó Ferraresi que “lo que pide la Corte que la Nación le transfiera a la ciudad son seis años de presupuesto municipal de Avellaneda”.

Con vistas a las elecciones de octubre, opinó que “en la Provincia necesitamos una mesa política de ordenamiento de la primaria”, aunque no especificó si en las PASO vislumbra distintas precandidaturas distritales o también a nivel de toda Buenos Aires.

Como se sabe, la Cámara de Diputados de la Nación es la encargada de acusar y la de Senadores la de juzgar. Por eso, Kicillof se refirió a la movida política por la cual once gobernadores acompañaron al Presidente Alberto Fernández en el pedido de juicio. El Gobierno nacional ya anunció que la semana que viene oficializará el llamado a sesiones exrraordinarias del Congreso para que la cámara baja, en un principio en comisión, comience a tratar el proyecto.

El posteo de Kicillof en Twitter, la red social que aloja el nivel más tajante del debate político estuvo acompañado de otro en el que criticó una nota publicada en Clarín. “Sin Kicillof, los que firmaron contra la Corte representan al 14 por ciento del país”, era el título. Titular así, según Kicillof, “es tan ridículo como decir” que “sin la provincia de Buenos Aires, el país tiene 30 millones de habitantes”.

La decisión del Presidente y los gobernadores se basa en el cuestionamiento a dos temas:

*Uno, la cautelar que ordena devolver puntos de coparticipación federal al gobierno porteño. La crítica es que la Corte avanzó contra las atribuciones constitucionales del Congreso y del Ejecutivo, porque se trata del reparto de fondos públicos.

*El segundo, haber reflotado una ley derogada hace más de 16 para que el presidente de la Corte asuma también como presidente del Consejo de la Magistratura, que según el Gobierno sería una intervención sobre el Poder Legislativo..

Para el Ejecutivo nacional y los gobernadores,

El oficialismo tiene mayoría en la Comisión de Juicio Político que preside Carolina Gaillard, diputada nacional por Entre Ríos.

Con más de 17 millones de habitantes según el censo de 2022, la provincia de Buenos Aires, según vienen insistiendo sus autoridades, podría resultar perjudicada por la pérdida de fondos nacionales que según la Corte deben ir a la ciudad de Buenos Aires después de que en 2020, durante una crisis con la Bonaerense, el Gobierno nacional reforzara los fondos provinciales.

Por esa razón no resulta llamativo que Kicillof se ponga al frente de la cruzada y lleve con él al grueso de la dirigencia frentetodista, que en las últimas horas salió masivamente a apoyar el pedido del Presidente y los gobernadores. Más allá de los dichos públicos del mandatario, que comenzó diciendo que el fallo era “una imundicia” y fue avanzando en su análisis y detallando lo perjudicial que la decisión de la Corte podría resultar para las provincias y el federalismo en el país, en las últimas horas se sumaron comunicados conjuntos que terminan por encarnar la voluntad de la mayor parte de la representación institucional de la Provincia.

El jueves, el presidente aprovechó su agenda pública en Mar del Plata para reunirse con una decena de intendentes que se llegaron a la residencia oficial de Chapadmalal para un almuerzo del que también participaron funcionarios del gabinete nacional y el propio gobernador.

El apoyo de los jefes locales fue unánime, y el resultado fue un texto que advertía: “El Estado de derecho y la división de poderes que establece nuestra Carta Magna se encuentran bajo amenaza”. Y agregaba: “Lo mismo ocurre con pilares fundamentales en la construcción de nuestra identidad nacional tales como el federalismo”. Tras destacar su “absoluto apoyo al pedido de juicio político a la CSJN”, los intendentes e intendentas del oficialistas afirmaron que lo hacen por su “responsabilidad como representantes de millones de bonaerenses damnificados” y por su “más íntima convicción democrática y republicana”.

Los intendentes peronistas también se mostraron muy satisfechos con la adhesión de Ricardo Moccero, vecinalista que se presentó a intendente de Coronel Suárez con el Frente de Todos y está en su sexto mandato después de haber ganado en 1995, 1999, 2003, 2007 y 2011.

En la misma dirección que los intendentes ya se habían expresado los bloques de legisladores presididos por César Valicenti, en Diputados, y Teresa García, en el Senado. “El Estado de Derecho y la división de poderes que establecen la Carta Magna se encuentran bajo amenaza”, aseguraron en un posicionamiento que también puso sobre la mesa el escándalo desatado por la filtración de chats privados entre el Ministro de Seguridad de la CABA, Marcelo D´Alessandro, y el Secretario del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Silvio Robles, y las conversaciones entre funcionarios porteños, ex agentes de inteligencia, jueces federales y dueños de medios luego de un viaje a Lago Escondido. Ambos sucesos de altísima gravedad institucional ponen en tela de juicio la "presunta" independencia del Poder Judicial, la neutralidad de sus fallos y en este caso en particular, la independencia de los jueces que conforman el máximo tribunal de justicia de la nación”, advirtieron los legisladores.

Amplificando la postura del peronismo bonaerense, el jefe municipal de La Matanza, Fernando Espinoza, impulsó un comunicado de la Federación Argentina de Municipios que sintoniza a la perfección con los movimientos de sus compañeros y compañeras de la provincia. Ese texto, incluso, eleva el tono de la discusión y denuncia la existencia de “una Corte parcial, que responde a una coalición electoral y a grupos económicos concentrados, pero no responde al conjunto del pueblo argentino”. “Es una Corte que ha sido cooptada por el poder económico y un frente político para perseguir líderes populares y garantizar ganancias y privilegios al capital concentrado de Argentina”, asegura el documento.