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María Eugenia Capuchetti es una de las juezas federales que concentra todas las miradas en su trabajo, no solo como habitante de los tribunales de Comodoro Py –que suelen dar noticias por doquier– sino como la magistrada que tiene la investigación por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero Capuchetti también se desempeña como docente e investigadora en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que está encargado de formar a los cuadros superiores de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a los funcionarios dedicados a esta temática en el distrito que actualmente gobierna Horacio Rodríguez Larreta. La información fue revelada por el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien denunció que el doble rol de Capuchetti como jueza e investigadora es contrario a la ley y deja en evidencia que hay “relaciones promiscuas” entre Comodoro Py y el PRO.
Capuchetti es jueza federal desde 2019, pero desde unos cuantos años antes empezó a dar clases en el ISSP. Su relación con la institución arrancó en 2014, según surge de un comunicado que distribuyó el gobierno porteño después de que Soria denunciara la situación.
Desde hace nueve años, Capuchetti da clases en los cursos de ascensos de los últimos escalafones de Policía de la Ciudad. En 2020, por ejemplo, estuvo a cargo de una materia llamada “Gestión y Conducción en Investigaciones Criminales Complejas”, que debían cursar quienes querían escalar al grado de comisario mayor o comisario inspector. Durante el último año, la jueza dictó dos seminarios. Uno de ellos sobre la “Relación funcional entre las fuerzas policiales y el Poder Judicial” y otro sobre investigaciones criminales complejas.
Desde 2017, Capuchetti funge como investigadora del Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y cobra por esa función actualmente una remuneración de 73.924,23 pesos –según lo informado por el ISSP-. En su rol de investigadora, Capuchetti participó de una investigación sobre la erradicación de la violencia contra la mujer en la que se analizaban las medidas implementadas por el Poder Judicial de CABA –una jurisdicción que le es ajena a la jueza ya que ella se desempeña en el fuero federal–.
El ISSP se creó en 2008 tras la llegada de Mauricio Macri al gobierno de la Ciudad y como parte de su estrategia de conformar la Policía Metropolitana que quiso dejar en manos del comisario de la Policía Federal (PFA) Jorge “Fino” Palacios, involucrado en las irregularidades que se tejieron alrededor del atentado a la AMIA. Las autoridades porteñas se preocupan por decir que el ISSP es autárquico, pero los lazos entre el organismo y el gobierno porteño son evidentes. De hecho, en su página web se explica: “En esta institución se forma y capacita a profesionales interesados en el diseño y la implementación de políticas de seguridad pública y a personal de la Ciudad. Es, además, una instancia de apoyo a la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública”.
El Observatorio en el que Capuchetti se desempeña como investigadora se creó en 2012. En la presentación en sociedad del ente participaron Guillermo Montenegro –exjuez federal que, por entonces, ejercía como ministro de Seguridad porteño–, María Eugenia Vidal –entonces vicejefa de gobierno– y Marcela De Langhe –integrante del Tribunal Superior de la Ciudad que durante largos años fue una de las máximas autoridades del ISSP–. Actualmente, el Instituto está dirigido por Gabriel Unrein. El vicerrector es Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños, anterior enlace de Macri con los tribunales y uno de los que viajó en octubre pasado a Lago Escondido.
“Lisa y llanamente ilegal”
Soria compartió a través de Twitter una resolución del Gobierno de la Ciudad que contrataba a Capuchetti como investigadora senior en el ISSP y apuntó a los lazos que tendría con el PRO la magistrada que debe investigar el intento de magnicidio de CFK, la mesa judicial del macrismo o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La revelación de Soria terminó siendo confirmada por un comunicado del ISSP que distribuyeron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño –cantera de escándalos durante los últimos días particularmente después de que se filtraran los chats de Marcelo D’Alessandro, lo que terminó obligando al funcionario a tomarse licencia como ministro–.
En el juzgado confirman también que Capuchetti da clases en la Policía de la Ciudad y que antes también lo hizo en la PFA. Según pudo saber este diario, la magistrada habría ejercido como docente en la PFA entre 2006 y 2019, antes de ser designada al frente del Juzgado Federal 5 de los tribunales de Comodoro Py. “La jueza piensa que hay que formar a los policías con los que después se trabaja”, explican en su entorno.
Sin embargo, el ministro Soria resaltó que los magistrados únicamente pueden ejercer la docencia con autorización de las autoridades judiciales que ejerzan la superintendencia –por ejemplo, con el visto bueno de la Cámara Federal porteña–. Eso surge del decreto ley 1285 de 1958. Para Soria, la actividad de Capuchetti queda fuera de lo dispuesto en esa normativa. “Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal”, apuntó el titular de la cartera de Justicia.
“Esta relación contractual de la jueza disfrazada como supuesta investigadora en un instituto bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que conduce D'Alessandro, demuestra una vez más los groseros vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py, el PRO y sus medios de comunicación”, le dijo Soria a Página/12.
“Lo vimos con los jueces y camaristas que viajaron a Lago Escondido en un charter pagado por Clarín, o con (Horacio) Rosatti –que guarda silencio cómplice ante la revelación de los vínculos y el asesoramiento de su mano derecha (Silvio) Robles a la oposición– y ahora con la jueza Capuchetti. Todos ellos deberían seguir los pasos de D’Alessandro y tomarse un tiempo hasta que los escándalos que los involucran se esclarezcan”, reclamó el ministro.
Las críticas de CFK
La jueza conoce las fuerzas de seguridad por dentro: su padre, Carlos Capuchetti, fue uno de los jerarcas de la PFA y también ejerció como jefe de seguridad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ella trabaja en la Justicia Federal hace casi 30 años y, antes de ser jueza, fue secretaria letrada del juez Sergio Torres –quien dejó su cargo en Comodoro Py para asumir en la Suprema Corte bonaerense–.
CFK pidió apartarla de la causa por el intento de magnicidio porque entendía que la jueza no quería avanzar con las líneas que conducen hacia la oposición: no quiso investigar a Revolución Federal como parte del intento de asesinato ni al grupo de Hernán Carrol ni priorizó la pesquisa sobre el diputado del PRO Gerardo Milman. La Cámara Federal –insospechada de tener simpatías por el kirchnerismo– terminó dándole la razón a la querella de la vicepresidenta y le ordenó a Capuchetti que averiguara qué sabía el legislador sobre el atentado.
En la recusación presentada en noviembre, CFK dijo que Capuchetti tenía relaciones con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista: que la jueza había visitado el organismo en seis oportunidades y que una hermana trabajó en una de las bases del “Proyecto AMBA”.
