La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a las cuatro personas detenidas el jueves último en el marco de la investigación de cientos de estafas realizadas a través de la firma Saulo Capital SRL.
En la audiencia de imputación, los tres hombres, entre ellos un sargento de la Policía de Salta, y una mujer fueron asistidos por abogados particulares. Se les informó que se les imputan 488 hechos de estafas y asociación ilícita. La fiscala solicitó que las cuatro personas continúen en prisión preventiva.
Esstas personas fueron detenidas el jueves último en los allanamientos realizados en cinco domicilios y diez comercios. De las viviendas, cuatro son de la ciudad de Salta y uno en la localidad de Santa Victoria Oeste, ubicada en el extremo noroeste de la provincia.
Además de las detenciones, los investigadores secuestraron dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas, automóviles, teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos inició la investigación en mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas.
Según se informó, la investigación fue iniciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital SRL, la que habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la Comisión Nacional de Valores.
Luego, particulares realizaron denuncias penales considerándose estafados por la firma. En la investigación penal, la UDEC determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores, por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. La fiscalía consideró que los delitos cometidos se agravan por la publicidad que se hizo para captar inversores, publicidad que se difundió a través de distintos medios de comunicación.
Promesas de grandes ganancias
La madrugada del jueves último miembros del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), de la UDEC y del Grupo Operativo Policiales de Alto Riesgo (GOPAR) allanaron cinco domicilios ubicados en los barrios Miguel Aráoz, Altos de San Bernardo, Morosini de la ciudad de Salta y en la localidad de Santa Victoria Oeste. También allanaron diez comercios vinculados a la firma Saulo Capital SRL.
En las cerca de 500 denuncias presentadas contra Saulo Capital SRL se señala que las personas ahora damnificadas suscribieron contratos o actas acuerdo en las que se les prometían inversiones de dinero en moneda nacional o en dólares estadounidenses con un alto nivel de recupero. Según los contratos presentados por los damnificados, la promesa era que luego de 180 días le devolverían el capital más un 140% y 180% de ganancias, dependiendo del capital a invertir. La empresa también ofrecía un contrato por 4 y 6 meses con una remuneración del 17,6% del capital invertido y, si un mes antes se quería retirar el dinero, el inversor debía avisar con antelación y de no ser así se continuaría pagando sin ser necesario renovar el contrato.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que una cláusula de los acuerdos estipulaba que el aportante iba a formar parte de la empresa, "en calidad de socio”.
La UDEC determinó que los responsables de la empresa Saulo Capital SRL "tendrían en administración un Pool de comercios, que fueron fruto de la inyección de capitales captados a través de la financiera encubierta que administraban los involucrados", informó el MPF.
La UDEC informó que si hay personas que se consideran damnificadas o víctimas de Saulo Capital SRL pueden presentar una denuncia e ingresar al proceso penal en carácter de víctima. Si además esas personas quieren tener un control más exhaustivo de la investigación, pueden constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación. Pero para el recupero del dinero, deben iniciarse acciones civiles.
